La tasa de paro de España ya es del 14,55%. El dato implica traspasar al fin ese 'umbral de la vergüenza' que suponía para el país mantenerse en una tasa de desempleo superior al 15% desde el año 2009, pero también acarrea una consecuencia más mundana: la decaída formal de todo un paquete de medidas e incentivos activados en la mayoría de los casos con la entrada en vigor de la reforma laboral del PP y cuya vigencia se vinculaba a la persistencia de una tasa de paro superior a ese umbral.
Esta circunstancia hacía que se esperara con singular interés la publicación de los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2018, en parte también porque el Ministerio de Empleo ya se había encargado de poner en su punto de mira casi desde la toma de posesión alguna de estas medidas. Se trataba del contrato indefinido de apoyo a emprendedores, una de las iniciativas estrella de la reforma laboral del Partido Popular, que sin embargo para la nueva secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, se había convertido en un instrumento que "introduce precariedad" en el mercado de trabajo y que, por tanto, debía ser derogado a la primera oportunidad.
El contrato indefinido a emprendedores, instaurado en 2012 con la reforma laboral, está orientado a las pequeñas y medianas empresas (menos de 50 trabajadores) y permite al empleador ahorrarse entre 1.000 y 1.300 euros al año de las cotizaciones sociales del trabajador contratado cuando éste es menor de 30 años o mayor de 45 años; además de permitir una reducción de 3.000 euros en la cuota fiscal de la sociedad en cuestión.
El aspecto más controvertido del contrato, sin embargo, es que prevé un periodo de prueba de un año, durante el cual el empresario puede prescindir del trabajador libremente y sin coste alguno. Desde su puesta en marcha hasta el pasado mes de junio se habían celebrado 960.000 contratos de este tipo y el Ministerio de Trabajo sospecha que muchos de ellos únicamente se formalizaron para aprovecharse de sus ventajas. El contrato tenía otra característica importante: sólo podía celebrarse mientras la tasa de paro fuera superior al 15%.
En ese escenario la publicación de la EPA del tercer trimestre y la caída de la tasa de paro por debajo del 15% parecía ofrecer al Gobierno esa oportunidad que estaba buscando para derogar el contrato indefinido para emprendedores y que su debilidad parlamentaria tal vez complicaba en exceso. Sin embargo, el Gobierno no lo va a hacer. Al menos, no en las próximas semanas. Fuentes del Ministerio de Trabajo han avanzado a La Información que el Gobierno va a mantener abierto el acceso a todas las ayudas vinculada de un modo u otro al mantenimiento de una tasa de paro superior al 15% en la economía española - incluido el contrato indefinido para emprendedores - en tanto analizan "una por una" qué hacer con ellas a futuro.
Un embrollo jurídico de consideración
Dentro de ese 'pack' se incluyen también los incentivos para personas contratadas en nuevos proyectos de emprendimiento joven, para los contratos a tiempo parcial con vinculación formativa, para los contratos realizados por microempresas o autónomos o para la contratación fija de trabajadores procedentes de ETT por empresas usuarias de este servicio, así como otra serie de ayudas a jóvenes y personas con discapacidad. Medidas con un impacto presupuestario limitado y un número de beneficiarios reducido, pero que de momento no se eliminarán.
Puede que la clave de ello esté en el rebautizado como 'subsidio extraordinario de desempleo', la ayuda de 430 euros al mes heredera de los subsidios para parados de larga duración previstos en el Plan Prepara y el Plan de Activación para el Empleo, que el Ejecutivo actual prorrogó hasta el próximo 4 de enero y cuya vigencia el Ministerio de Trabajo ha asegurado que va a respetar.
Fuentes ministeriales no oficiales consultadas por La Información aseguran que la derogación selectiva de algunas de las medidas vinculadas a la tasa de paro del 15% mientras se mantienen otras podría generar algún problema jurídico al Gobierno. Argumentan que el asunto no es tan sencillo como parece, que la ley no aclara con precisión si las medidas decaerán cuando el INE detecte una caída de la tasa de paro por debajo del 15% en un trimestre cualquiera o cuando un ejercicio se cierre con la tasa de paro por debajo de ese umbral y que, en conclusión, el Ejecutivo puede hacer lo que quiera...pero siempre que dé un trato equitativo a todas las medidas.
No habría problema si el Gobierno estuviera en disposición de realizar modificaciones legales por vía parlamentaria, pero al tratarse de un criterio de interpretación administrativo , su aplicación diferente en casos similares podría generar problemas, advierten estas fuentes.
Trabajo, por el momento, va a poner a trabajar a sus servicios jurídicos para determinar cómo puede actuar para eliminar los incentivos perniciosos asociados a la reforma laboral de 2012 sin comprometer el futuro del subsidio para desempleados de larga duración. Mientras duran las pesquisas, las empresas de menos de 50 trabajadores podrán continuar beneficiándose de las bonificaciones creadas por el PP.
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