Empantanado en una recesión económica que le costó perder el preciado sello de buen pagador al país, el Gobierno de Dilma Rousseff dio por perdido el 2015, llamándolo un año "de travesía", y anunció un conjunto de medidas para intentar rescatar el 2016.
Dos semanas después de presentar el primer presupuesto en rojo de la historia del país, el Gobierno se arrepintió y decidió hablarle a los mercados con una nueva versión que plantea conseguir 17.000 millones de dólares adicionales, cortando hasta la joya de la corona del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) que gobierna hace 12 años: los programas de asistencia social.
Los anuncios hicieron cerrar filas a los legisladores opositores, en particular el que busca resucitar el denominado "impuesto a los cheques" que tasa hasta las transacciones bancarias más pequeñas como la compra de una entrada de cine.
El presidente de la cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un legislador incisivo que se convirtió en 2015 en la némesis de Rousseff, dijo que el ajuste consistía apenas en "seudocortes" que difícilmente superen el test en el parlamento.
Paradójicamente, el anuncio oficial puso del mismo lado a los industriales, que criticaron el intento de subir la carga tributaria, y a varias agrupaciones radicalizadas de izquierda, como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que al igual que los Sin Techo (MTST) convocó a protestas callejeras contra un ajuste "que daña derechos de los trabajadores y corta las inversiones sociales".
El Gobierno necesita que el Congreso apoye la mayoría de sus iniciativas, que en algunos casos requieren hasta de cambios en la Constitución. Y deberá hacer un hábil tejido político en un recinto donde no tiene mayoría y que ha sido hostil al Palacio de Planalto y a una jefa de Estado que tiene el peor registro de popularidad desde la vuelta de la democracia 30 años atrás.
Rousseff se reunió este martes con los líderes de la coalición de gobierno en el Congreso, y "todos, sin excepción, dijeron que las dificultades serán muy grandes" a la hora de hacer pasar el ajuste, declaró a la prensa local el líder del partido PSD, Rogerio Rosso.
"La posibilidad de derrota es real, y si eso pasa será la señal más terrible para los mercados, para los sectores productivos, para los inversores extranjeros", dijo a la AFP André César, un experto en ciencia política independiente basado en Brasilia.
"Muestra el grado de dramatismo que el Gobierno está enfrentando (...) Un fracaso dejará a Dilma más fragilizada, si eso es posible", señaló.
Subir impuestos y postergar aumentos salariales y contrataciones del sector público son los capítulos más espinosos del ajuste, en un momento en que el Gobierno muestra problemas de pulso para recuperar la confianza de la población y es cuestionado por no poder reparar sus propios errores.
El paquete también incluye una reducción del número de ministerios (actualmente 39), una medida que sin embargo no generará ahorros significativos.
La tensión política sobrevuela al país y está encarnada en los recurrentes pedidos de juicios para destituir a Rousseff que ingresan a la cámara baja. El momento de encrucijada para el Gobierno se reflejó en las palabras que escogió la mandataria para hablar sobre los posicionamientos políticos que siguieron a los anuncios.
"El Gobierno está atento a todas las tentativas de producir una especie de inestabilidad profunda en el país (...) Haremos todo para impedir que esos procesos no democráticos crezcan y se fortalezcan", dijo Rousseff en la sede del Gobierno.
Al mismo tiempo, el país sigue con atención la reacción de las calificadoras de riesgo tras haber perdido la semana pasada el grado de inversión a manos de Standard & Poor's, ya que si otras siguen ese camino el país pasaría a la antesala de una fuga de capitales, según analistas.
El plan de ajuste "confirma el compromiso de Brasil en lograr una meta de superávit primario de 0,7% del PIB el año próximo, a pesar de la complicada situación política y de la recesión económica", dijo Mauro Leos, analista de riesgo soberano de Moody´s, otra de las grandes agencias junto a Fitch Ratings.
Alberto Ramos, economista jefe de Goldman Sachs para América Latina, fue menos optimista. "El mercado está digiriendo las propuestas y dándose cuenta que muchas requieren de la aprobación del Congreso, y el Gobierno no tiene mucho capital en el parlamento", dijo en una entrevista con la agencia Bloomberg.
lbc-dw/gm
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios