El Gobierno priorizará el acceso a la financiación bancaria de pymes y autónomos en el plan de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros que anunció la semana pasada y cuyas condiciones están pendientes de aprobación por parte del Consejo de Ministros, y mantienen en ascuas a la práctica totalidad del tejido empresarial español, para el que el canal de la financiación bancaria permanece cerrado en las últimas semanas a la espera de conocer qué parte de esa 'financiación de riesgo' cubrirá el Ejecutivo.
La vicepresidenta avanzó que el Consejo de Ministros dará forma mañana a esa línea de crédito sin precedentes que el Ejecutivo ha puesto encima de la mesa para responder a las duras consecuencias económicas de esta crisis sanitaria y justificó la dilación en concretar las condiciones de la misma en el contexto europeo. "Estamos a la espera de ver qué deciden las autoridades europeas al respecto", aclaró Calviño, minutos antes de conectarse a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE en la que se determinará, entre otras cosas, el umbral máximo que Bruselas autorizará garantizar a los países miembro sobre la financiación que presten sus entidades financieras a la economía real en el contexto de esta crisis. "Muchos países han dicho que van a aportar financiación, pero prácticamente ninguno ha precisado las condiciones", se ha justificado Calviño, ante las preguntas sobre por qué el Ejecutivo no ha detallado esas condiciones más de diez días después de la declaración del estado de alarma.
El cauce de la financiación bancaria está cerrado desde el inicio de la crisis por razones muy lógicas. Los bancos no están dispuestos a financiar a empresas, especialmente a profesionales y pymes, que no disponen siquiera de recursos para pagar las nóminas a fin de mes y en unas condiciones de riesgo que la propia infraestructura prudencial levantada tras la crisis financiera de 2009 penaliza de forma muy dura por la vía de las provisiones que se les obligan a dotar.
La banca quiere conocer qué parte de ese coste va a cubrir el Estado antes de prestar dinero sin saber qué riesgo corre. En las negociaciones llevadas hasta ahora la banca exigía una cobertura estatal del 80%, pero el Gobierno solo parecía dispuesto a ofrecer una garantía de alrededor del 70% para los préstamos a pymes y profesionales; y de algo más del 50% a las grandes empresas. La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha avanzado este lunes, en una comparecencia junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que el plan de avales públicos del Estado priorizará la financiación a pymes y autónomos pero no ha concretado la cobertura estatal de la que disfrutará esa financiación.
No obstante, ha animado a las entidades financieras a prestar dinero y a flexibilizar las condiciones de devolución de los préstamos al tejido empresarial, tal y como ya han hecho entidades como Bankia o el Santander, bajo el argumento de que habrá cobertura pública sí o sí y que ésta se aplicará con carácter retroactivo, es decir, que cubrirá los préstamos o créditos concedidos antes incluso de la aprobación de las condiciones específicas por parte del Consejo de Ministros. En otras palabras, Calviño invitó a las entidades financieras a prestar dinero aún sin saber a ciencia cierta qué riesgo van a correr con esos préstamos y, por tanto, cuánto les puede costar.
El BCE ha hecho también su parte del trabajo, tras anunciar el pasado viernes que permitirá a las entidades financieras de la zona euro no tener que provisionar los créditos que se concedan como respaldo financiero al tejido empresarial para sortear el impacto de esta crisis, en línea con la que ya avanzó La Información que estaba estudiando el Banco de España a mediados de la semana pasada.
No, a una paralización total de la economía
La vicepresidenta de Asuntos Económicos salió también al paso de las voces que exigen una paralización total de la economía, con la única excepción de los servicios considerados como 'esenciales', al calor de las exigencias planteadas desde un puñado de comunidades autónomas en relación sobre todo al hecho de que el sector de la construcción no haya parado por completo su actividad en plena crisis del coronavirus y para extremar las medidas preventivas contra la extensión del virus.
Calviño ha alegado que el decreto que instauró el 'estado de alarma' en España ya prohíbe de alguna forma la paralización de todas las actividades no esenciales de la economía o que no se puedan prestar en condiciones de seguridad, y que la prioridad número uno del Ejecutivo es proteger la salud de los trabajadores que tengan que continuar con su actividad y hacer todo lo posible para que "España no se pare", al objeto de impedir que se destruya tejido productivo y puestos de trabajo. En este contexto dijo que los únicos sectores en los que se apreciaba un funcionamiento más o menos normal de la economía era en los sectores de suministro de gas y electricidad, en las telecomunicaciones y en el sector agroalimentario.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos que compareció para dar cuenta de la reunión mantenida con los agentes sociales en la mañana de este lunes abrió la puerta además a continuar adoptando medidas en los próximos días sobre todo para proteger de los efectos de la crisis a la población y los sectores en mayor situación de vulnerabilidad.
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