El Partido Popular ha aprovechado el paso por el Senado del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público para introducir una enmienda que, básicamente, exime a las empresas que concurren a concursos públicos de respetar en sus ofertas las condiciones laborales previstas en el convenio de sector siempre, eso sí, que tengan un convenio propio.
La enmienda en cuestión pretende modificar - no lo hará de forma efectiva hasta que el Congreso dé su visto bueno al texto que le llega del Senado - tres artículos de la actual Ley de Contratos del Estado, el 122, el 149 y el 202, sustituyendo la fórmula "...convenio colectivo sectorial de aplicación..." por "...convenio colectivo aplicable...".
El cambio puede parecer inocuo, pero no lo es en absoluto. Según fuentes de organizaciones de sector donde la contratación público tiene un relevante peso específico, el cambio es sustancial. Explican que el convenio colectivo de sector establece, al menos, un mínimo común que todas las empresas que concurren a un concurso público deben respetar. "A través de un convenio de empresa cualquiera puede establecer condiciones muy próximas a la precariedad. Podemos asistir a rebajas de costes laborales del 20% o el 30% respecto a las condiciones actuales", señala un dirigente empresarial.
El incumplimiento de las condiciones laborales previstas en los convenios sectoriales constituyen, de hecho, una de las principales fuentes de conflictividad en los procesos de adjudicación de contratos públicos. Son numerosas las adjudicaciones públicas impugnadas porque las ofertas ganadoras fijaban condiciones laborales incompatibles con el convenio sectorial y numerosas también las sentencias que han anulado concursos públicos por priorizar el factor precio frente al cumplimiento de las condiciones laborales previstas en el propio contrato.
Según las organizaciones de sector consultadas, la disposición puede convertir los procesos de contratación pública "en una selva" y se traducirá "con toda seguridad" en una precarización de las condiciones laborales de los empleados que trabajan en esas contratas, ya que éstas se podrán fijar a la carta con el único límite del Estatuto de los Trabajadores. Argumentan que sin el paraguas del convenio de sector, los concursos serán un campo abonado para empresas sin experiencia dispuestas a ofertar a la baja a costa de las condiciones de los trabajadores.
Sindicatos: habrá más desregulación
Las enmiendas del PP a la Ley de Contratos del Sector Público han tenido la virtud de aproximar la visión de sindicatos y organizaciones empresariales. El análisis que hace UGT del texto que sale del Senado es claro: "Facilitan aún más el acceso a la contratación pública de las empresas que menos respeto muestran hacia los derechos de los trabajadores, y que incluso pueden pujar por debajo de lo estipulado en convenio colectivo, lo que supone un nuevo impulso a la desregulación de las relaciones laborales y mayor precariedad en el empleo", aseguró este miércoles Isabel Araque, secretaria confederal del sindicato.
El Partido Popular justifica las enmiendas con el argumento de homogeneizar el ámbito de la contratación pública con el Estatuto de los Trabajadores, que tras la reforma laboral de 2012 ya establece la primacía del convenio de empresa sobre el de sector.
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