El PP se plantea abrir la vía de los tribunales contra uno de las leyes más polémicas aprobadas por el Govern de Quim Torra. Los 'populares' ya están estudiando llevar al Tribunal Constitucional el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, como ha podido saber La Información. Una norma, aprobada por el Parlament con los votos de Junts per Catalunya, ERC, 'comuns' y CUP, que destaca por convertir en gran tenedor a todas las firmas o fondos que tengan 15 o más viviendas. Y que obliga a estas mismas empresas a ofrecer un alquiler social a los 'okupas' si estos llevan residiendo ilegalmente en una de sus propiedades desde hace más de seis meses. Lo que ha implica que desde diversos sectores empresariales, sobre todo desde el inmobiliario, se refieran al decreto como el que da carta blanca a la 'okupación' ilegal.
Las fuentes del PP consultadas señalan a esta redacción que, según los primeros análisis que han realizado, varios artículos de la ley colisionan claramente con la Constitución. Uno de los más polémicos es el que implica la legalización de facto de la 'okupación de un piso por la obligatoriedad que tienen los propietarios de ofrecer un alquiler social si llevan allí los seis meses antes mencionados. Pero lo más llamativo de la ley es que también considere vacías las viviendas 'okupadas' que ya han sido denunciadas ante los tribunales, que hasta el momento era lo que evitaba las expropiaciones forzosas. Lo que allana el camino a la Generalitat para hacerse con esas casas, que pasarían a formar parte de su parque de vivienda social. Los de Pablo Casado tomarán la decisión final en las próximas semanas, según las mismas fuentes.
Este cambio está recogido en la nueva redacción de la letra d) del artículo 3 de la legislación que regula el Derecho a la Vivienda en Cataluña, que es el que estima que se puede considerar vacía una casa o un piso si llevan más de dos años sin ser habitados. Ahora, y con el nuevo decreto, se especifica que "la ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda". Lo que implica, según las fuentes consultadas, que la reforma ignora que puedan existir procesos judiciales abiertos tras las denuncias de los dueños. Las únicas excepciones que evitarían a estos ofrecer un alquiler social a quien ocupa su casa son el abandono por motivos laborales, un cambio de domicilio por situaciones de dependencia, que se haya dejado el piso en una zona rural que está perdiendo población o que la propiedad de la misma esté siendo dirimida por los jueces.
Desde el ámbito empresarial, la nueva legislación ha recibido una fuerte contestación. Patronales como la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ya anunciaron que se sumarían a la batalla judicial contra el decreto, al considerarlo "inconstitucional", mientras que desde otras organizaciones también han mostrado su rechazo por los cambios que se plantean. Desde otro sectores de la empresa, se señala que esto es toda una invitación a que se fomente la 'okupación'. Además, el Colegio de Administradores de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) y la Comisión de Normativa del Colegio de Abogados de Barcelona también se han 'mojado' contra esta reforma, al considerar que es un "paso atrás" en la lucha contra la ocupación ilegal.
Los nuevos 'grandes tenedores'
Las promotoras no son los únicos sectores afectados especialmente por esta legislación. Las personas físicas también tendrá que estar muy atentas a lo que implica el decreto. Sobre todo porque, desde ahora, se considera "gran tenedor" de vivienda a los que tengan 15 o más bajo su propiedad, algo que se extiende a los fondos de capital riesgo o a los de titulización de activos. Lo que deja obsoleta la anterior norma que establecía que para adquirir esa categoría había que disponer de más de 1.250 metros cuadrados de superficie habitable. Además, se extiende la duración mínima de los contratos correspondientes al alquiler social, y se obliga a la renovación automática de los mismos si los inquilinos cumplen los parámetros de exclusión residencial. Algo que tienen que acreditar con los informes correspondientes cuatro meses antes del vencimiento.
Además, todas las firmas especializadas afrontarán desde ahora multas o incluso la expropiación si no atienden las nuevas obligaciones que se marcan, como la del alquiler social a 'okupas'. "Las administraciones competentes pueden declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas cuando, requeridos los propietarios para que adopten las medidas necesarias para cumplir con la función mencionada, estos incumplan el requerimiento en el plazo que se establezca", recoge el decreto aprobado por el Parlament. Las sanciones por no adecuarse a estas máximas, siempre según el criterio de la Administración, parten de los mil euros por cada mes que no se corrija la situación de cumplir la "función social de la propiedad de las viviendas".
Según la Generalitat de Cataluña, esta nueva norma se aprueba por la "emergencia social" que existe en materia de vivienda en la Comunidad. El objetivo principal que se persigue es que el parque social de vivienda crezca un 15% en 152 municipios con fuerte demanda y solucionar el problema de la exclusión de las familias con menos recursos. Además de los partidos del Govern, ERC y Junts per Catalunya, los 'comuns' de Ada Colau y la CUP votaron a favor. En contra se situaron PP y Ciutadans, mientras que el PSC se abstuvo. Un decreto que ha sido aprobado meses después de que, precisamente, el propio Parlament tumbase otro que regulaba el mercado del alquiler y que buscaba intervenirlo para limitar los precios en zonas "tensionadas". Entonces, ni los 'comuns' ni la CUP lo apoyaron por considerarlo "insuficiente" para los problemas que planteaba el mercado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios