El preacuerdo de Plan del Carbón despeja el futuro de las comarcas mineras

María Pachón

Madrid, 20 sep.- El preacuerdo de Plan del Carbón 2013-2018 alcanzado anoche entre Gobierno, sindicatos y patronal despeja el futuro a corto plazo de las comarcas mineras, dependientes de un sector que carece de hoja de ruta desde finales del pasado año.

El preacuerdo alcanzado anoche es el resultado del maratón de reuniones celebradas en el Ministerio de Industria durante los últimos meses y abre la puerta a la fase final de la tramitación: la concreción normativa para su remisión a Bruselas.

De esta manera se pone fin a la incertidumbre en la que vive el sector desde que expiró el anterior Plan, a finales del pasado año, aunque todavía quedan numerosos interrogantes abiertos, entre ellos la duda de si Bruselas permitirá que continúen abiertas más allá de 2019 las minas que recibieron ayudas en el pasado.

El ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha señalado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "se ha llegado a un buen acuerdo" porque tiene en cuenta "el contexto de restricción presupuestaria", al tiempo que ha agradecido la colaboración de sindicatos y patronal durante las negociaciones.

El documento pactado garantiza que el carbón nacional supondrá un mínimo del 7,5 % de la generación eléctrica nacional hasta 2018, lo que en la práctica implica extender de alguna manera la prioridad de la que disfruta este mineral mediante el mecanismos de restricciones técnicas por garantía de suministro, vigente hasta el próximo año.

Para atender a esta menor demanda, la producción de carbón nacional pasará de las 6,55 millones de toneladas previstas para este año a 5,87 millones en 2018.

Las ayudas a la explotación del carbón subterráneo serán de 30 euros por tonelada para 2013 y decrecerán 5 euros cada año. En el caso de las minas de cielo abierto, las ayudas serán de un euro por tonelada este año y de 0,5 euros el próximo.

Esto supondrá reducir las plantillas de los 4.894 trabajadores que había el pasado año a una estimación de 4.496 en 2018, 3.318 empleados de plantilla propia y 1.178 de subcontratas.

En cuanto a la parte social, el documento regula las prejubilaciones y bajas incentivadas, al tiempo que considera como "excedentes" a los trabajadores de las subcontratas, lo que permitirá recolocarlos.

Los mineros que formaran parte de la plantilla al cierre de 2012 podrán acceder a bajas voluntarias con una indemnización lineal de 10.000 euros más 35 días por año trabajado hasta un tope de 30 mensualidades.

El sistema de prejubilaciones establece una edad química de acceso de 54 años, cobrando un 70 % salario bruto de los últimos seis meses, aunque a este importe se le fijan topes máximos y mínimos.

La edad química es el resultado de sumar la edad real más una bonificación por trabajar dentro de la mina, que puede suponer hasta un máximo un año adicional cada dos en los puestos de mayor peligrosidad, como los picadores.

En materia de reactivación de las comarcas mineras, el preacuerdo de Plan del Carbón prevé destinar 250 millones de euros a infraestructuras y 150 millones a proyectos medioambientales, así como poner en marcha programas de formación y seguridad.

Entre otras cuestiones, el documento recoge la creación de una comisión de seguimiento, con participación de los sindicatos, que se reunirá cada tres meses para velar por el cumplimiento del Plan.

Este documento tendrá que pasar ahora por la Comisión Delegada del Gobierno antes de ser suscrito por sindicatos y patronal, para después comenzar su desarrollo normativo y, una vez finalizado este paso, ser remitido a Bruselas.

CCOO y UGT han subrayado que se trata del "mejor acuerdo posible" dadas las circunstancias, ya que, aunque reduce producción y plantilla, da una cierta estabilidad al sector.

Sin embargo, la patronal Carbunión advierte de que el recorte progresivo de ayudas previsto "puede dificultar la viabilidad" de las empresas y, por ello, ha instado a Industria a concretar los ejes del Plan.

Carbunión confía en que "se puedan ir despejando las incertidumbres" para "mantener unos niveles de producción que permitan mantener una actividad y volumen de empleo razonable en las comarcas mineras", pero todavía quedan cuestiones pendientes.

CCOO avanza que trabajará para que las empresas mineras que se encuentran en "serias dificultades" abandonen el concurso de acreedores lo antes posible, con el objetivo de poder optar a las ayudas para este año y el próximo.

Por su parte, UGT insiste en la necesidad de lograr que Bruselas permita que las explotaciones mineras rentables puedan continuar operando a partir de 2019 sin necesidad de devolver las ayudas recibidas con anterioridad.