Lisboa, 31 dic.- El jefe de Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, promulgó finalmente los presupuestos para 2013 pese a la gran polémica que rodeó su aprobación en el Parlamento por incluir un notable incremento de la presión fiscal.
El texto presupuestario fue sancionado el viernes, según informó hoy el Parlamento luso a través de su página web, lo que pone fin a los rumores sobre la posibilidad de que Cavaco Silva enviara preventivamente el documento al Tribunal Constitucional para que fuese analizado, trámite que habría retrasado su entrada en vigor.
Sin embargo, medios lusos especulan con la opción de que el presidente portugués todavía requiera la opinión de los jueces sobre la constitucionalidad de estos presupuestos, para lo que no tiene un plazo límite.
Varios juristas lusos -de diferente orientación política- han coincidido a lo largo de las últimas semanas en advertir de que el texto podría vulnerar principios que figuran en la Carta Magna.
La forma de distribuir los sacrificios exigidos a los ciudadanos, los cortes en las pagas a los funcionarios, la fuerte subida de la carga fiscal o los ajustes en algunos servicios sociales son algunos de los temas señalados por estos expertos que podrían resultar inconstitucionales.
Los presupuestos para 2013 contaron con el respaldo en el Parlamento de los dos partidos conservadores en el Gobierno: el socialdemócrata (PSD) y el democristiano (CDS-PP).
El documento recoge una "enorme" subida de impuestos, en palabras del propio ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, lo que provocó que aparecieran públicamente y por primera vez divergencias entre los dos partidos que conforman el Ejecutivo.
El texto suscitó el voto en contra de toda la izquierda lusa, que acusó al Gobierno de profundizar en su estrategia de medidas de austeridad cuando el país continúa en recesión (el PIB cayó más de un 3 % en 2012) y el paro alcanza cotas nunca vistas en Portugal (roza ya el 16 %).
El aumento de la carga fiscal se producirá a través del incremento de los impuestos sobre la renta -de forma que dependerá del sueldo de cada uno-, en contraste con la idea original del Ejecutivo, que planteó una subida de la contribución a la Seguridad Social que afectaba a todos los trabajadores por igual, independientemente de su salario.
La decisión del gabinete dirigido por el primer ministro Pedro Passos Coelho también provocó un recrudecimiento de las protestas callejeras, cuya máxima expresión se vivió en la multitudinaria manifestación del pasado 15 de septiembre y en la huelga general del 14 de noviembre.
Portugal, que se encuentra bajo la asistencia financiera internacional desde mayo de 2011, prevé para el próximo año que su economía se contraiga más de un 1 %.
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