El Partido Socialista está dispuesto a llegar a los tribunales para exigir al Gobierno el cumplimiento en sus términos de la disposición adicional trigésima de la Ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, de 2011, que previó en su momento el incremento progresivo de la base reguladora de las pensiones de viudedad desde el 52% hasta el 60% con el horizonte de 2019, que luego fue desactivada sine die por el Gobierno del PP dentro del paquete de medidas de ajuste presupuestario puesto en marcha en 2012 y que, finalmente, el Ejecutivo ha decidido cumplir pero con otra secuencia: una subida de un punto en 2018, hasta el 53%, y una segunda subida de siete puntos, hasta el 60%, a partir del 1 de enero de 2019.
Los socialistas estiman, en cambio, que una vez que la aplicación de la ley ha sido desbloqueada por el Gobierno, ahora corresponde cumplirla en los términos en que estaba redactada y que no cabe fijar una secuencia diferente a la prevista, según aseguran a La Información fuentes del partido. Es decir, que a partir del 1 de enero de 2018 la base reguladora que correspondería aplicar a las pensiones de viudedad según lo previsto en la ley de 2011 sería del 59% y no del 53% como plantea el Real Decreto del Gobierno, y que no hacerlo supondría incumplir una ley aprobada por el Parlamento.
El PSOE ya intentó acelerar la subida a la viudas el pasado mes de noviembre, cuando registró una proposición de ley en la que solicitaba desbloquear la disposición adicional trigésima de la ley de 2011 y elevar al 58% con efectos para el año 2017 la base reguladora de la pensión. En su respuesta, el Gobierno rechazó la proposición socialista bajo el argumento de que "su aprobación supondría un aumento de los créditos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación".
El Real Decreto que concreta la subida prevista por el Ejecutivo está todavía en tramitación y, por tanto, es aún susceptible de experimentar cambios. Pero, según las fuentes consultadas, en caso de que el Ministerio de Empleo opte por mantener la secuencia incialmente prevista, el Partido Socialista acudirá a la vía judicial para defender la aplicación en sus términos de la reforma aprobada por el Gabinete Zapatero en el año 2011. En Ferraz se valoran varias opciones, desde recurrir a la vía económico-administrativa hasta llegar incluso al Constitucional.
Impacto económico
La diferencia para las potenciales beneficiarias - 1.128.368 perceptoras (el 82% de las pensiones de viudedad las perciben mujeres)- sería muy significativa a la luz de los costes estimados por el Gobierno para una u otra medida. Según la memoria económica del proyecto de Real Decreto presentado por el Gobierno, que prevé la subida de la base reguladora hasta el 53% en 2018, el gasto total asociado a la medida para la Seguridad Social sería de 175,09 millones de euros, minorado un tanto desde una visión general de las cuentas públicas porque 68,29 millones de euros constituirían un ahorro para el Estado por el menor pago de complementos a mínimos. Es decir, en términos netos el coste de la medida para las arcas públicas será de algo más de 100 millones.
La subida media de la pensión de viudedad sería, bajo esta premisa, ligeramente inferior al 2%, lo que significaría alrededor de 155 euros anuales más, 11 euros más al mes en caso de percibir la prestación en 14 pagas. Bajo el planteamiento defendido por el PSOE, la subida media de las pensiones sería del 13,46% o, lo que es lo mismo, más de 1.000 euros anuales y 77 euros más al mes, en el escenario de doce nóminas mensuales más dos pagas. El gasto público también se incrementaría, en buena lógica, y se elevaría a 858,42 millones de euros en términos netos, con una factura extra de 1.335 millones para la Seguridad Social, que este año prevé cerrar el ejercicio con un desequilibrio de unos 18.000 millones de euros entre sus ingresos y sus gastos.
Hay que recordar que la reforma aprobada en 2011 y retomada ahora por el Gobierno para elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad hasta el 60% no alcanza al conjunto de beneficiarias (2.337.857), sino a un grupo constituido por las mayores de 65 años, que no tengan derecho a otra pensión pública y que no perciben ningún tipo de ingreso por una relación laboral por cuenta ajena o propia. Un universo que, según las estimaciones del propio Ministerio de Empleo, abarca a 1.128.368 beneficiarias, un poco más de la mitad del total de perceptoras de pensiones de viudedad.
Un punto de fricción en el Pacto de Toledo
Las pensiones de viudedad se han convertido en uno de los puntos calientes de la negociación del Pacto de Toledo, quizá el más controvertido junto al futuro del índice de revalorización de las pensiones. Los grupos parlamentarios se reparten entre los que consideran que las pensiones de viudedad y orfandad deberían salir del tramo contributivo y los que rechazan cualquier cambio en la actual naturaleza de estas prestaciones.
El Gobierno ya deslizó allá por principios de diciembre su inclinación a sacar las pensiones de viudedad y orfandad del tramo contributivo y financiarlas con partidas específicas de los Presupuestos Generales del Estado. Una posibilidad que rechaza de plano el principal partido de la oposición, el PSOE, que ya ha avanzado que se opondrá a que el Pacto de Toledo realice recomendación alguna en ese sentido.
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