No se puede decir que no se viniera venir. Después de dos años y medio avanzando a trancas y barrancas entre manifestaciones callejeras, tacticismos políticos de todo tipo y hasta un cambio de Gobierno, el Pacto de Toledo - la comisión parlamentaria que debe buscar un consenso político sobre el futuro de las pensiones supuestamente al margen de la pelea partidista- ha terminado por encallar en la recta final de la legislatura y con las elecciones generales a dos meses vista, circunstancias ambas que no han sido ajenas a la situación.
El PSOE - el partido que ofrece el frágil soporte parlamentario del que dispone el Gobierno Sánchez - acudió a la reunión de este martes con la ambicion de sacar adelante un texto consensuado después de dos años y medio de trabajo. Fuentes de hasta tres grupos parlamentarios admiten que el texto no estaba suficientemente maduro para cerrarlo en dos reuniones, pero el Grupo Socialista y el Gobierno querían cerrarlo antes del fin del periodo de sesiones a mediados de marzo. Y parece que no a va ser posible... aunque los socialistas no renuncian a que una votación parlamentaria 'retrate' a todas las partes antes de que los españoles acudan a las urnas.
No hizo falta demasiado debate. Según el relato de hasta cinco fuentes diferentes la portavoz de Podemos, Yolanda Díaz, dinamitó cualquier opción de negociación con una intervención volcánica en la que trasladó la intención de su grupo de plantear votos particulares a 19 de las 20 recomendaciones del documento de trabajo dolorosamente construido tras 30 meses de concesiones de unos y otros.
Su intervención allanó el camino de buena parte del resto de grupos, incómodos con tener que acordar a toda velocidad un texto todavía abierto a los matices. El primero en agarrarse al momento fue el PP que condicionó su apoyo al texto a la inclusión de un Factor de Sostenibilidad entre las recomendaciones del Pacto de Toledo, un punto inaceptable para la mitad de los grupos.
Llegados a ese punto se alcanzó el único acuerdo mayoritario del día: no continuar con las reuniones del Pacto de Toledo para no convertir una comisión con vocación de consenso en una batalla campal. Tampoco en esto hubo consenso total. El PSOE cree que el juego bien merece una última partida y según fuentes de la Comisión se plantea elevar el borrador que se ha podido configurar hasta ahora - y que presenta muchos consensos y algún que otro disenso puntual en cuatro recomendaciones - a la Mesa de la Comisión con el objetivo de forzar un posicionamiento formal de los grupos parlamentarios ante ese texto que, por ejemplo, recupera el IPC como referente prioritario a lo hora de actualizar las pensiones, recomienda tomar medidas para cerrar la brecha de género en la protección social o impulsar los planes de pensiones de empleo.
La maniobra está condenada al fracaso. Ni los grupos parlamentarios que controlen esa mesa - PP y Ciudadanos- están dispuestos a aceptar ese escenario, ni Podemos la apoyaría ni la presidenta de la Comisión, Celia Villalobos, está dispuesta a plantear una votación sobre un texto no consensuado.
Así las cosas todo apunta a que los dos años y medio de trabajo de la Comisión desembocarán en la nada, sus trabajos en un cajón y el futuro de las pensiones en manos de lo que determine el Gobierno de turno sin guía alguna sobre aquello en lo que todos los grupos del arco parlamentario están de acuerdo.
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