El rescate a la banca tras el estallido de la burbuja cuesta más de 64.000 millones

El rescate al sector bancario español tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2009 ha costado, hasta el momento, más de 64.000 millones de euros, de acuerdo con los datos que maneja el Banco de España y que ha hecho públicos este viernes.

Desde 2009, las ayudas en forma de apoyo de capital al sector bancario han ascendido a 54.353 millones de euros en fondos públicos aportados por el FROB y 9.745 procedentes del FGDEC. Una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, venta o resolución de entidades, hasta un total de 5.150 millones de euros —de los cuales, el FROB ha recuperado 4.477 millones y el FGDEC 673 millones—.

Así lo ha dado a conocer el supervisor bancario, que publica periódicamente desde 2013 notas informativas sobre las ayudas financieras aportadas en el proceso de reestructuración del sistema bancario español. La de hoy actualiza la información teniendo en cuenta los datos públicos disponibles a 31 de diciembre de 2017, proporcionados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC).

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Además de las aportaciones de capital, se estiman los fondos provisionados para hacer frente a los costes que puedan derivarse de garantías concedidas en los procesos de integración y venta, cuyos importes actualizados se cifran en 11.590 millones de euros en el caso de los EPA y 2.026 millones para otras garantías (algunas de ellas ya ejecutadas).

En sentido contrario, sería necesario deducir el valor de los activos propiedad del FROB y cuya venta o resolución podrán generar ingresos en un futuro, cuyo valor estimado a finales de 2017 era de 9.857 millones.

El ajuste por estos conceptos llevaría a una estimación de los recursos netos destinados al apoyo del sistema financiero que se sitúa en 42.621 millones aportados por el FROB y 22.332 millones por el propio sector a través del FGDEC.

Lógicamente, este concepto de coste no incorpora las pérdidas que han soportado los antiguos accionistas, ni las de los tenedores de preferentes y deuda subordinada, como resultado de los ejercicios de gestión de híbridos realizados como parte del acuerdo de asistencia financiera firmado con el MEDE. Tampoco incorpora los intereses obtenidos, ni los gastos incurridos, según explica el Banco de España en una nota.