La ampliación del plazo para no tener la obligación legal de declararse en concurso de acreedores hasta final de año amplía más allá de este mes de julio el plazo para la adaptación de la Ley Concursal española a la directiva europea que regula ese tipo de procesos y deja ‘ocultas’ cerca de 50.000 empresas prácticamente insolventes por el parón económico de la pandemia, que prefieren aguantar con posibles ayudas antes que afrontar un proceso de reestructuración por la vía judicial que salve la parte del negocio que sea posible. La reforma legal pendiente abriría las opciones de llegar a acuerdos de reestructuración previos al proceso judicial del concurso que pueden aliviar mucho la situación y reducir la avalancha latente de quiebras que se avecina.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró al aprobar las nuevas ayudas de 11.000 millones que ha lanzado el Gobierno que esa normativa estaría adaptada este año, pero fuentes cercanas a ese proceso aseguran que, con la moratoria ampliada y el largo proceso de adaptación técnica y aprobación parlamentaria que se necesita, es imposible llegar a la fecha marcada para ello desde Bruselas, el próximo mes de julio, con lo que desde el sector jurídico y el ámbito de la asesoría en este tipo de procesos se descarta que la norma entre en vigor antes de 2022. La reforma legal pendiente también está en el tejado del Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo, que no se ha pronunciado aún al respecto.
El Banco de España y organismos como la CNMC han advertido en varias ocasiones del riesgo que existe de malgastar dinero público en empresas cuyo grado de insolvencia y deudas acumuladas es insalvable desde hace tiempo. El año pasado se declararon en concurso de acreedores unas 4.000 sociedades, si bien las estimaciones de organismos como el Registro de Economistas Forenses aseguran que puede haber una bolsa oculta de empresas, que deberían declararse en concurso por tener más deudas que activo, que puede multiplicar por más de diez esa cifra. Si todo sigue parado este año, desde el ámbito de los administradores concursales se prevé un incremento del 16% para este año, muy por debajo de la situación real que se advierte desde el sector.
Sin quitas de créditos públicos
Desde el punto de vista técnico, los profesionales alertan además de que el proceso de quitas en los créditos públicos, que se ha abierto ahora en el nuevo paquete de ayudas a los negocios afectados por la crisis de la Covid, puede tener problemas legales con el Texto Refundido de la Ley Concursal que está en vigor desde septiembre pasado, a la espera de la adaptación de la directiva. El artículo 491 del Texto (regulación de la llamada “segunda oportunidad” para las empresas) no contempla la exoneración o renegociación de los créditos de derecho público en los acuerdos extrajudiciales para refinanciar y salvar empresas en concurso (las quitas pactadas en los créditos avalados por el ICO, por ejemplo), de forma que se genera una irregularidad legal que queda al amparo de lo que interpreten los jueces.
Se trata de una limitación que no estaba en las anteriores normas, de forma que existen sentencias del Tribunal Supremo que han llegado a permitir esa exoneración o recorte de créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales para reflotar empresas en virtud de normativas anteriores. Eso permite, pese a la limitación legal, que se pueda aplicar bajo cierto amparo legal, dado que la nueva ‘legislación delegada’ o refundida no estaría por encima de lo establecido como jurisprudencia con anterioridad (principio ‘ultra vires’). ,
Si se prorroga la reforma de la normativa hasta final de año, esta irregularidad legal seguirá estando latente hasta que entre en vigor, probablemente en 2022. La nueva directiva europea sí prevé la quita en los créditos públicos para subsanar empresas, de la misma manera que establece normas nuevas para adelantar los acuerdos de acreedores previos al concurso judicial, con la supervisión de un administrador concursal que garantice la transparencia y la legalidad del sistema, de forma que cuando se llegue al juez, se puedan acortar los plazos de decisión y sacar adelante las partes que sean rentables de las sociedades en crisis. Los procesos que ahora tardan entre seis meses y dos años, pueden quedarse en apenas semanas y aliviar la acumulación de casos que se pueda producir.
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