El Senado aprueba y devuelve al Congreso la ley de autoridad fiscal

Madrid, 6 nov.- El Senado ha aprobado hoy el proyecto de ley orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tras tumbar los siete vetos planteados, y con la incorporación de varias enmiendas del PP que harán precisa su ratificación en el Congreso.

Entre las modificaciones introducidas a su paso por la Cámara Alta destacan la que amplía de tres a seis años no renovables el mandato de su presidente y la que permitirá a las comunidades autónomas afectadas conocer los informes que les afecten antes de emitirse.

Además se aclara que el cese del presidente se podrá producir por petición propia, por estar incurso en alguna causa de incompatibilidad, por incapacidad sobrevenida, condena por delito doloso o incumplimiento grave de sus obligaciones.

Para el portavoz del PSOE en el debate, Joan Lerma, la ampliación del mandato del presidente de tres a seis años se debe a que "por fin" el Gobierno ha seguido las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea al respecto.

Sin embargo, ha lamentado que se haya ignorado la recomendación de que el futuro organismo -requerido por Bruselas con el objetivo de seguir la política fiscal para garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria- no dependa del Ministerio de Hacienda.

Como ha recordado, el propio Consejo de Estado aseguró que se podrían haber atribuido las funciones de este organismo al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social (CES) o a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, que además, a su juicio, habrían actuado con mayor independencia.

También el portavoz de CiU, Ferrán Bel, ha criticado la dependencia del organismo de cada Gobierno de turno, ya que entre otras cosas su presidente será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del titular de Hacienda.

Para la senadora del PNV Rut Martínez Muñoz, en el texto "prevalecen los principios de estabilidad presupuestaria al margen del sistema competencial vigente", mientras que según Ester Capella (ERC) supone "la defunción" de la autonomía de las comunidades, así como la "coartada" para la privatización de los servicios sociales.

El senador del PP Juan Antonio de las Heras ha defendido sin embargo que esta ley, lejos de ser "la palanca de la destrucción del estado social", como se le ha acusado, es uno de los mecanismos de la ley de Estabilidad Presupuestaria que servirá para "hacer creíbles las cuentas publicas españolas y de paso garantizar que continúe el estado del bienestar".