"La propuesta de subir a 900 euros el Salario Mínimo tendrá efectos negativos sobre la negociación colectiva, además de cuestionar el marco de negociación del diálogo social entre empresarios y sindicatos". El lacónico comunicado difundido por CEOE tras la que fue la última Junta Directiva de Juan Rosell como presidente de la patronal no refleja el voltaje de la indignación de buena parte de las organizaciones de la patronal con el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos para elevar en un 22% (de 735,9 euros al mes a 900) el sueldo mínimo que deberán pagar las empresas a sus trabajadores en 2019.
Las organizaciones empresariales más afectadas por el acuerdo bipartito -que aún deberá superar la negociación del Gobierno con los nacionalistas y la eventual tramitación parlamentaria del proyecto presupuestario para hacerse efectivo- aprovecharon el cónclave empresarial de este miércoles para dejar patente su indignación con una medida cuyos efectos reales, advirtieron en la Junta, van mucho más allá de lo que puede parecer.
Su argumento es que el alcance de la subida del Salario Mínimo dista mucho de limitarse a los actuales perceptores (alrededor de medio millón de personas) o a los que declaran un salario inferior a los 900 euros que constituirán a partir del año que viene -si prosperan los Presupuestos- el suelo salarial en España (que según las proyecciones académicas realizadas sobre el particular podrían sumar en torno a millón y medio de trabajadores).
"Hay sectores enteros en los que los sueldos están vinculados al Salario Mínimo y también se utiliza como referencia en muchos convenios para fijar diferentes complementos salariales. En conjunto la medida puede obligar a actualizar los salarios de unos tres millones de trabajadores", advierte un miembro de la Junta Directiva de CEOE consultado por La Información.
Según fuentes presentes en la reunión de la Junta Directiva de CEOE, representantes de organizaciones empresariales del ámbito de la agricultura pusieron de manifiesto el tremendo perjuicio que una subida tan repentina del Salario Mínimo puede tener sobre el sector, al forzarles por ley a asumir unos rangos salariales que tal vez no sean compatibles con la situación real del sector.
No es la primera vez que el Salario Mínimo 'protagoniza' una Ejecutiva de CEOE. Allá por el mes de marzo, con el Gobierno azuzando a empresarios y sindicatos para alcanzar un acuerdo marco para la negociación colectivo del siguiente trienio, varias organizaciones de la patronal advirtieron a Juan Rosell de los riesgos de rubricar una subida del salario mínimo en convenio hasta los 1.000 euros dentro del AINC e incluso el principal aspirante a suceder a Rosell al frente de CEOE, Antonio Garamendi, se manifestó explícitamente en contra de adoptar esta medida.
De poco sirvió, escasas semanas después Juan Rosell y Antonio Garamendi firmaron con todo el boato en el CES, y presentaron posteriormente en el Palacio de la Moncloa, el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectivo para el periodo 2018-2020, que confirmaba el compromiso empresarial con establecer un salario mínimo en los convenios colectivos de 1.000 euros de cara a 2020.
Un impacto difícil de estimar
El 'think tank' de CEOE también advirtió, en un tono más firme, de las potenciales consecuencias negativas de una eventual subida del Salario Mínimo cuando el debate giraba en torno a un alza de un nivel sensiblemente inferior al pactado ahora por Sánchez e Iglesias. "La política puede establecer, por ley, un Salario Mínimo, pero son las empresas las que determinan el número de personas que tendrán empleo a ese nivel salarial, así como la duración de la jornada o la modalidad de contratación temporal o indefinida de dicho empleo", dejó escrito entonces el presidente del IEE, José Luis Feito.
Su informe advertía de que una subida importante del SMI impactaría sobre las posibilidades de obtener un empleo e incluso de conservarlo del segmento más expuesto del mercado laboral, aquellos trabajadores con un nivel de formación más bajo, y ralentizaría la creación de empleo a tiempo completo, fomentaría la contratación temporal y la economía sumergida y elevaría el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados.
Desde el Gobierno y sus socios de Podemos se hace más hincapié en la parte positiva, la mejora salarial que supondrá para cientos de miles de personas, su presunta contribución a la disminución de la desigualdad salarial en España y la generación de nuevos recursos para el sistema de Seguridad Social que proporcionará, en torno a 1.500 millones de euros, según el plan presupuestario enviado a Bruselas.
Fuera de los análisis de parte, la academia no termina de ponerse de acuerdo sobre los efectos de las subidas del Salario Mínimo e incluso hay trabajos como los publicados estos últimos días en el blog 'Nada es Gratis' donde se cuestiona incluso la relevancia de sus efectos, tanto de los supuestamente positivos como de los presuntamente negativos.
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