Las Sociedades de Integración Ferroviaria (SIF) nacieron entre 2002 y 2010 con el objetivo de transformar radicalmente las ciudades con la llegada del AVE, un ambicioso objetivo que se frustró con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y con el endurecimiento de las condiciones de financiación de las bancos a causa de la crisis. Las SIF apenas contaban con un capital de 600.000 euros, una cantidad claramente insuficiente para abordar actuaciones millonarias y espectaculares desarrollos, y se entregaron a la entidades financieras, que en un principio prestaron su dinero confiadas en las expectativas inmobiliarias y las plusvalías que generaría la transformación urbanística, pero con la recesión dejaron de hacerlo.
Estas empresas mercantiles públicas, participadas mayoritariamente por Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y al 25% por comunidades y ayuntamientos, recurrieron al soterramiento para hacer llegar el ferrocarril a los centros urbanos. Era el camino más caro, pero también el que permitía liberalizar más suelo, facilitar más desarrollos urbanísticos y brindar mayores beneficios a los constructores privados, pero el intento de exprimir al máximo la gallina de los huevos de oro del AVE se frustró cuando las entidades bancarias decidieron cerrar el grifo.
El Tribunal de Cuentas, en un reciente informe de fiscalización de la actividad de estas sociedades, deja patente el fracaso de este modelo, que además ha generado un exceso de costes espectacular con respecto a los estudios iniciales -más de 7.600 millones de euros-, y que a finales de 2016 había generado unas deudas bancarias de 1.126,6 millones, de los que 448.600 millones -casi el 40%- correspondía a intereses y gastos asociados a la concesión de los créditos.
El informe destaca la nula concreción con la que se estimaron las actuaciones ferroviarias y urbanísticas y que en muchos de los casos se valoraron con posterioridad, lo qué provocó un incremento de costes superior al 186%, pasando de 4.100 millones a más de 11.738 millones, pese a que el grado de ejecución apenas llegaba al 30%. La excepción fue Zaragoza, con una ejecución del 86%, pero hubo localidades como Almería, Cartagena, Murcia o Vitoria donde apenas llegó al 2%. Los mayores sobrecostes se produjeron en Barcelona -547%-, Alicante -396%- y Cartagena -282%-y los menores en Palencia, Almería y Vitoria, precisamente las capitales donde se dio menor grado de ejecución
El fiasco de las SIF, que hizo que Adif paralizase la integración del AVE en las ciudades, llevó a estas sociedades a una situación financiera límite. El Tribunal de Cuentas no vacila en recomendar a las administraciones que participan en estas empresas que analicen su actual estado con el fin de consensuar la posibilidad de su disolución o la modificación de los convenios para ajustar al máximo los costes.
También hace hincapié en la necesidad de estudiar en profundidad el efecto en los costes de los soterramientos, el instrumento que podía generar numerosos beneficios gracias a los desarrollos inmobiliarios pero que finalmente fue el factor determinante de los sobrecostes, que no pudieron afrontarse. El tribunal fiscalizador asegura que el soterramiento de las vías no es imprescindible para garantizar un buen servicio, ni la funcionalidad de la red ferroviaria.
Así, aconseja para cumplir con el adecuado cumplimiento del principio de economía que el Ministerio de Fomento tenga en cuenta en la planificación de estos proyectos soluciones alternativas, siempre teniendo en cuenta factores como la sostenibilidad ambiental o su repercusión social. Por último, tras las nefasta experiencia de las SIF, reclama al Ministerio de Fomento que elabore planes de financiación de actuaciones de integración del ferrocarril atendiendo a criterios realistas y contemplando una financiación "no solo vinculada a la generación de plusvalías urbanísticas de realización incierta".
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