El superávit de la Seguridad Social cae el 41% en 2009, hasta 8.502 millones

  • Madrid.- Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 8.501,83 millones de euros en 2009, cifra que representa el 0,81% del PIB, pero como consecuencia de la crisis, este superávit se redujo el 41,07% respecto al año anterior (5.926,4 millones menos que en 2008).

El superávit de la Seguridad Social cae el 41% en 2009, hasta 8.502 millones
El superávit de la Seguridad Social cae el 41% en 2009, hasta 8.502 millones

Madrid.- Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 8.501,83 millones de euros en 2009, cifra que representa el 0,81% del PIB, pero como consecuencia de la crisis, este superávit se redujo el 41,07% respecto al año anterior (5.926,4 millones menos que en 2008).

No obstante, en las próximas semanas, y con cargo al presupuesto de 2008, el Gobierno dotará con 2.000 millones de euros el Fondo de Reserva, la denominada "hucha de las pensiones", con lo que éste alcanzará 62.000 millones de euros, anunció hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

El superávit de 2009 fue resultado de unos ingresos de 123.464,28 millones de euros, el 0,63% menos que un año antes y unos gastos de 114.962,45 millones de euros, el 4,80% más.

Estos datos, aunque son provisionales, suelen coincidir en un 95% con la liquidación definitiva que se conocerá en marzo, según Granado.

Para el secretario de Estado, las cifras son "una buena noticia" en comparación con los países de la Unión Europea o de la OCDE, que cerrarán los ejercicios con déficit o con un superávit muy inferior al presupuestado en la mayor parte de los casos, indicó.

Matizó que "para ser el año más crítico" de los últimos decenios de la economía española, la Seguridad Social "ha aguantado bien la situación y ha acabado con un superávit razonable".

Granado recordó que la Seguridad Social tiene una deuda aplazada de unos 8.000 millones de euros, resultado de una "acumulación histórica de diferentes ejercicios" y que la tasa de morosidad en 2009 fue del 1,99 por ciento, inferior en varios puntos a la de las entidades financieras.

Durante su intervención, también confirmó que la Seguridad Social mantendrá los aplazamientos de las cotizaciones a las empresas que atraviesen especiales dificultades, aunque no se mostró partidario de hacer rebajas indiscriminadas para todas.

En 2009, la mayor partida de ingresos correspondió a las cotizaciones sociales, que ascendieron a 106.440,55 millones de euros (1,54 por ciento menos que en 2008) y las transferencias, que sumaron 13.084,13 millones (un aumento del 7,76%) debido al crecimiento de las recibidas del Estado para la financiación de nivel no contributivo, con un incremento del 26,47%.

Del capítulo de gastos no financieros, destaca la partida de 89.991,34 millones de euros para pensiones contributivas, con un aumento interanual del 6,21%.

Además, el gasto en incapacidad temporal alcanzó 7.226,74 millones de euros (4,08% menos) como consecuencia principalmente de la intensificación de las medidas de control del Gobierno.

Granado dijo que la media española en procesos de baja de cinco días o más fue del 2,1% en 2009, mientras que en Europa fue del 2,2%, lo que "por primera vez nos sitúa por debajo de la media europea" en procesos de incapacidad temporal por enfermedad común y profesional.

Las transferencias a comunidades autónomas, tanto corrientes como de capital, correspondientes, sobre todo, a la Ley de Dependencia, alcanzaron un importe de 2.124,58 millones, el 116,41% más.

Está previsto que el Consejo de Ministros estudie mañana la propuesta del Ministerio de Trabajo para reformar el sistema público de pensiones a fin de garantizar su futuro.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dejó sin desvelar desde Barcelona cuántos años se retrasará la edad de jubilación, aunque descartó que fuera a los 70.

Según el ministro, una vez que el documento reciba el visto bueno del Consejo, será enviado a patronal y sindicatos, con quienes el Ejecutivo tiene abierta una mesa de diálogo social tripartita para reformar el mercado laboral y el de las pensiones y, además, se remitirá a la Comisión no permanente del pacto de Toledo del Congreso de los Diputados.

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