El Tribunal Supremo ha condenado al empresario Amancio Ortega a pagar 33 millones de euros que le reclama Hacienda en materia de liquidaciones por el impago del Impuesto sobre el Patrimonio entre los años 2001 y 2003.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que a su vez avaló la resolución dictada por Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia por la cual se condenaba al fundador de Inditex al pago de 33 millones extra solicitados por Hacienda tras el impago del impuesto sobre el Patrimonio entre 2001 y 2003.
Ortega habría colocado unos 1.300 millones de euros obtenidos por la venta de un paquete de acciones de Inditex S.A. en dos sociedades Alazan y Keslar, ambas sociedades de inversión inmobiliaria de capital variable (Sicav).
Estas dos sociedades se gestionaban a través de otras sociedades familiares, Ponte Gadea y Licidia, que según la normativa sobre el impuesto de patrimonio quedan exentas de tributación al tratarse de participaciones en empresas familiares. De esta forma, Ortega consideraba que sus inversiones en Alazan y Keslar estaban exentas de tributar en concepto de patrimonio porque quienes tenían los títulos de las Simcav eran Ponte Gadea y Licidia.
El Tribunal Supremo ha avalado la sentencia del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia donde se establecía que el fundador de Inditex y sus asesores habían realizado una interpretación de la norma para aprovecharse de ella y evitar el pago del impuesto de patrimonio.
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