El supremo obliga a readmitir al juez de marbella sobornado por roca

El Tribunal Supremo ha ordenado que se readmita en la carrera judicial al antiguo titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga) Francisco Javier de Urquía, quien fue condenado a dos años de cárcel por un delito de cohecho por pedir y aceptar la compra de su vivienda -valorada en 73.800 euros- por parte del ex asesor de urbanismo de la localidad, Juan Antonio Roca, a cambio de favorecerle judicialmente.
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado José Manuel Sieira, ha estimado el recurso interpuesto por De Urquía contra la decisión del CGPJ de rechazar su ingreso en el servicio activo tras el cumplimiento de la condena.
La sentencia hecha pública hoy afirma que es legalmente posible “que un miembro de la carrera judicial se encuentre en servicio activo pese a contar con antecedentes penales no cancelados”. La Comisión Permanente del CGPJ rechazó en junio de 2009 el reingreso de De Urquía en el servicio activo, una decisión ratificada por el pleno del Consejo en febrero de 2010.
CRÍTICAS AL CGPJ
El Supremo censura ahora al CGPJ por haber vinculado en el caso de De Urquía “la existencia de antecedentes penales con la causa de incapacidad“, algo que a su entender “no tiene sentido”. También critica al Consejo por “construir una solución jurídica que supondría de facto una segunda suspensión en la carrera judicial” para el antiguo magistrado de Marbella.
En base a estos argumento, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declara el derecho de De Urquía “a reingresar al servicio activo con los efectos económicos y administrativos correspondientes”.
De Urquía fue suspendido y perdió su destino en abril de 2009 tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel por un delito de cohecho. El Alto Tribunal condenó en la misma sentencia a Juan Antonio Roca a un año de prisión por un delito de cohecho por sobornar al juez para obtener un trato de favor.
Antes de ser suspendido, el juez De Urquía llevaba ocho en la carrera judicial y casi cuatro al frente del Juzgado de Instrucción número de 2 de Marbella, en el que había instruido las diligencias de la conocida como "Operación Hidalgo", que, junto a la "Operación Malaya", investigó los casos de corrupción urbanística cometidos en la ciudad de la Costa del Sol.