El Supremo respalda la mayor reforma de salud en EE.UU. desde 1965

  • El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró hoy constitucional la reforma sanitaria promulgada en 2010 por el presidente Barack Obama.

Washington, 28 jun.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró hoy constitucional la reforma sanitaria promulgada en 2010 por el presidente Barack Obama.

Se trata del mayor cambio en el sistema de salud en Estados Unidos desde 1965, cuando se creó el Seguro Social y los programas públicos Medicaid, para personas sin recursos, y Medicare, para la tercera edad y jóvenes minusválidos.

La reforma, conocida como "Ley de Cuidado Médico Asequible", requiere una inversión de 940.000 millones de dólares y tras dos años de aplicación ya ha permitido que 30 millones de personas accedan a un seguro médico, de las cuales 9 millones son hispanos y 3 millones son jóvenes.

Se espera que para el año 2014 alcance los 50 millones de asegurados.

La ley, la más controvertida del mandato de Obama, tiene como principales puntos los siguientes:

- Exige que para 2014 la mayoría de los estadounidenses compre un seguro de salud o pague una multa anual que va de 95 a 695 dólares para un individuo, y hasta 2.085 dólares para familias. El Supremo avaló esta obligación (mandato individual), aunque precisó que deberá basarse en la ley fiscal y no en la ley de comercio, en contra de lo que argumentaba el Gobierno.

- Establece "intercambios de seguro de salud", a través de los cuales los desempleados y familias pobres podrán contratar seguros con subsidios federales, y otros "intercambios" para las pequeñas empresas, a partir de 2014.

- Prohíbe que las aseguradoras nieguen cobertura médica a niños con condiciones médicas preexistentes, y prohíbe que nieguen esa cobertura a personas que enfermen o padezcan condiciones médicas preexistentes, a partir de 2014.

- Los padres de familia podrán incluir a sus hijos en un plan médico familiar hasta que cumplan 26 años, a menos que éstos reciban cobertura a través de sus empleadores.

- Amplía el programa federal de ayuda médica Medicaid para incluir a más gente pobre (16 millones de personas adicionales), aunque deja en pie la espera de cinco años a los inmigrantes legales para entrar en ese programa. También excluye a los indocumentados de los "intercambios de salud", aunque paguen de su propio bolsillo.

El tribunal confirmó la capacidad del gobierno federal para ampliar esta cobertura, pero dijo que el gobierno no podrá retener la totalidad de los fondos federales de Medicaid a aquellos estados que no lleven a cabo la expansión.

- Alrededor de cuatro millones de ancianos y jubilados recibieron en el primer año de implementación 250 dólares para cubrir las recetas médicas, cuando se les agotaron los beneficios en el programa Medicare.

- Las empresas con menos de 50 trabajadores no afrontarán multas si no ofrecen seguro médico, pero las que tengan más de 50 empleados y no lo ofrezcan deberán pagar una multa anual de 2.000 dólares por cada empleado, si éste solicita subsidios federales para comprar un seguro.

- Ofrece desgravaciones de hasta el 35 por ciento en sus costos de salud a empresas que ofrezcan seguro y tengan menos de 25 empleados y salarios promedio de menos de 50.000 dólares.

- Prohíbe que las aseguradoras cancelen un seguro médico de forma retroactiva, excepto en casos de fraude por parte del asegurado.

- Exige que las aseguradoras presenten informes sobre cuánto invierten en cuidado médico y cuánto en gastos administrativos, como parte de una mayor vigilancia del Gobierno en torno al encarecimiento de las primas.

- Para financiar la reforma, en 2013, se aumentarán los impuestos de Medicare para los más ricos y se incrementarán en un 3,8 por ciento los gravámenes sobre las ganancias por inversiones y plusvalías, intereses y dividendos de individuos con ingresos de 200.000 dólares y de familias con ingresos superiores a los 250.000 dólares.

- Incluye medidas para combatir el fraude y el derroche de fondos públicos en los programas de Medicare y Medicaid.

- Prohíbe el uso de fondos públicos para la práctica de abortos, salvo en casos de violación, incesto o cuando peligre la salud de la mujer. Ningún seguro médico tendría obligación de cubrir gastos de aborto.

- Se calcula que generará una reducción neta en el déficit federal de al menos 143.000 millones de dólares en los primeros diez años de vigencia.

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