El pulso público que mantienen con luz y taquígrafos el área socialista del Gobierno y el área de Unidas Podemos respecto a asuntos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la regulación del precio de los alquileres, el modo de abordar la presunta competencia fiscal desleal de la Comunidad de Madrid en los impuestos sobre la riqueza o los eventuales vetos a los desahucios no es inocuo para la economía. El último informe de coyuntura publicado este jueves por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) - el laboratorio de ideas dependiente de la CEOE - subraya la necesidad de mejorar la seguridad jurídica de los agentes económicos y la certidumbre sobre las medidas de política económica para facilitar la salida de la crisis, y advierte de que el mero anuncio de llevar a cabo determinadas reformas "tiene efectos en el corto plazo, influyendo en la confianza y en la toma de decisiones de consumo e inversión de los agentes nacionales e internacionales".
"La credibilidad de un país puede verse afectada en una u otra dirección, dependiendo de las medidas de política económica que se pretendan realizar", advierte el informe. Y el clima de confianza de las empresas, esencial para estimular la inversión y la creación de empleo, también. El presidente del IEE y vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha señalado este jueves que anuncios como los de determinadas subidas fiscales o el de la reversión de la reforma laboral de 2012 tienen efectos negativos sobre los agentes económicos, "con independencia de que luego lleguen o no a concretarse". El asunto pone en el foco el riesgo implícito en los pulsos mediáticos librados casi desde el inicio del Gobierno de coalición en aspectos tan críticos como el alcance de la reversión de la reforma laboral del Gobierno del PP - una línea roja no sólo para los empresarios sino también para Bruselas y, en cierta medida, para la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño-, la política fiscal del Gobierno o la regulación de los precios de los alquileres, con incidencia muy relevante tanto sobre el mercado inmobiliario como sobre el sector financiero, como también se encarga de poner de manifiesto el informe del 'think tank' de CEOE.
Hay que recordar que durante todos estos meses, desde los ministerios ocupados por representantes de Unidas Podemos -en algunos casos hasta con apoyo de representantes socialistas- se han realizado anuncios sobre la inminente reversión íntegra de la reforma laboral del Partido Popular, la prohibición de realizar desahucios durante toda la crisis o la aprobación de una norma para regular el precio de los alquileres que luego no se han concretado o que han sido matizados de manera relevante desde el área socialista del Gobierno.
El informe del IEE sostiene que anuncios como la prohibición de los desahucios o el control de los precios del alquiler "interfieren negativamente sobre el sector financiero, al introducir incertidumbre y trabas adicionales, que repercuten tanto en la estabilidad del propio sector como en la capadidad de recuperación y en la competitividad tejido productivo. Es fundamental que las normas se orienten a incentivar el cumplimiento de las obligaciones, en lugar de lo contrario".
El informe del IEE advierte de que de cara al proceso de reformas estructurales que presumiblemente se abrirá en los próximos meses será necesario "tener una visión estratégica de la economía" y recabar un elevado grado de "consenso político y teniendo en cuenta la opinión de los agentes sociales". Respecto al tema que está ahora más en el foco de la actualidad, la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional, que también ha desencadenado un pulso público entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, partidaria de una subida; y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que se ha inclinado a favor de posponerla hasta superar la crisis económica generada por la pandemia, Fernández de Mesa ha abogado por poner el énfasis en la creación de empleo: "Para beneficiarse de la subida del Salario Mínimo, primero hay que tener un salario, y en estos momentos hay que recordar que hay un 25% de población que está inactiva. Creemos que habría que poner el énfasis en la creación de empleo".
Ajuste fiscal... pero por el lado del gasto
El Instituto de Estudios Económicos considera que la economía española experimentará un brusco frenazo en la parte final del año que provocará que incluso el último trimestre puede marcar un crecimiento negativo en relación al tercer trimestre, si bien mantiene su previsión de una caída de la economía del 11,3% del PIB en 2020, en línea con lo previsto por el Gobierno. La expectativa se aleja de la previsión oficial para 2021, en la que el Gobierno ha pintado una subida del PIB del 9,8% mientras que el IEE no cree que la economía vaya a crecer más de un 6%. Según sus proyecciones, la economía española no alcanzará el nivel de producto anterior a la crisis hasta los primeros compases del año 2023.
Más pesimista se muestra con la evolución del déficit público. En primer lugar, el IEE entiende que este año el déficit cerrará en un 13% y que en los próximos años no remitirá más que levemente llegándose a 2022 con un déficit público del 8%. Con estas cifras, el instituto de análisis cree, como también lo han manifestado el Banco de España o la Airef, que el Gobierno debería plantear más pronto que tarde un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo y que éste debería apoyarse en mejorar la eficiencia del gasto, no en un incremento de los ingresos vía subidas fiscales.
"La decisión de hacerlo de un modo u otro tendrá efectos a medio y largo plazo", advierte el director general del IEE, Gregorio Izquierdo. "Subir los impuestos afectaría al crecimiento potencial de la economía y dificultaría la recuperación tanto de la economía como del empleo, en tanto que reducir el gasto público contribuiría a mejorar las expectativas de crecimiento". El informe del instituto recuerda que el patrón de la Comisión Europea es de un ajuste estructural del gasto de 0,5 - 0,7 puntos anuales, es decir, de entre 6.000 y 8.000 millones de euros.
"En aras de evitar un deterioro de la competitividad se ha de desechar la vía de incrementos de impuestos", sostiene el informe. "Un aumento de la presión fiscal provoca efectos como la deslocalización de inversiones, la fuga de contribuyentes y sitúa en desventaja competitiva a nuestros residentes".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios