Una reforma de la Constitución que ponga a las comunidades autónomas en el centro de la vida política e institucional española, que acote las competencias del Estado a las expresamente reflejadas en la Constitución y deje el resto en manos de los Gobiernos autonómicos. La Fundación Fide - el think tank de referencia del pensamiento jurídico español- ha decidido arrancar por un asunto tan actual como el modelo territorial su reflexión sobre las líneas que deberían guiar una futura reforma constitucional y las conclusiones alcanzadas por el grupo de trabajo constituido al efecto amenazan con agitar un debate ya muy animado por el singular contexto de los últimos meses.
Los expertos de FIDE (juristas, magistrados, abogados de grandes despachos, etc...) tienen muy claro que toda la reforma territorial pendiente pasa por permitir a a las autonomías que decidan sobre su organización sin imponerles la demarcación provincial y que resuelva la abolición definitiva del Senado y su sustitución por una suerte de Consejo Territorial con capacidad para influir e incluso vetar las iniciativas estatales que les afecten.
La propuesta parte de una convicción, que "es necesario asentar la descentralización política iniciada en 1978", y de un principio, que para lograrlo hay que "acotar las competencias del Estado a las enumeradas en la Constitución, dejando las restantes en manos de las comunidades autónomas". Un esquema en el que, por ejemplo, no serían necesarios estatutos de autonomía para definir el perímetro competencial de cada comunidad autónoma, ya que éstas tendrían asignadas todas aquellas atribuciones que la Constitución no reservara de forma expresa al Estado.
En otras palabras, en lo referente al modelo territorial la reforma constitucional debería conseguir desplazar al Estado del centro de la vida política e institucional española para situar en ese lugar de privilegio a las comunidades autónomas, en opinión del Grupo Fide. ¿Un modelo federal? "No es una propuesta confederal, ni siquiera hemos utilizado ese término, y tampoco supone una redistribución de poderes entre el Estado y las comunidades autónomas, simplemente se trata de simplificar el modelo ya creado por la Constitución de 1978", aclara Mariano Bacigalupo, profesor titular del Departamento de Derecho Administrativo de la UNED y uno de los ponentes del trabajo.
El cambio de paradigma tendría consecuencias, lógicamente. La primera de ellas sería la institucionalización de la participación de las comunidades autónomas en la alta política, más allá de su participación en conferencias sectoriales y órganos consultivos. El Grupo Fide plantea abolir el Senado y sustituirlo por un Consejo Territorial, cuyos miembros serían designados en exclusiva por los gobiernos autonómicos, respetando la representación política de sus Parlamentos. Éste, además, tendría más competencias y un papel central en las iniciativas políticas del Gobierno o del Congreso que afectaran de manera directa a las comunidades autónomas, como las medidas laborales, sanitarias, educativas...o los Presupuestos Generales del Estado, sobre el que tendrían capacidad de veto. "Lo que no puede ser es que las comunidades autónomas gestionen más de la mitad del gasto presupuestario y los Presupuestos del Estado se puedan aprobar sin que tengan participación alguna", argumenta Ignacio Borrajo, catedrático de Derecho de la Universidad de Navarra y coordinador de los trabajos del Grupo Fide.
Presencia en Europa y libertad para organizar sus territorios
El Grupo Fide también entiende que deberían reforzarse, en este nuevo esquema, los instrumentos de cooperación y colaboración entre el Estado Central y las comunidades autónomas, así como también la cooperación entre éstas, dejando bien sentado a nivel constitucional el principio de unidad de mercado para evitar distorsiones sobre la actividad económica. En este esquema, las autonomías tendrían acceso directo a las relaciones con Bruselas en los asuntos de su competencia.
Pero la gran revolución, al menos a nivel constitucional, sería la supresión de la provincia como circunscripción electoral necesaria (algo que se recoge en el artículo 68.2 de la Constitución), lo que no sólo se traduciría en una necesaria reforma de la Ley Electoral sino también en otras cuestiones igual de relevantes como el reconocimiento de la libertad de cada comunidad autónoma para dotarse de la estructura territorial y administrativa interna que considere más adecuada.
Respecto a otro asunto de rabiosa actualidad, como es la financiación autonómica, el think tank de los juristas aboga por que la Constitución garantice la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, lo que entre otras cosas implicaría que el sistema de financiación no fuera tan radicalmente progresivo como para permitir que las autonomías que más aportan terminaran con menor capacidad financiera que aquellas que son receptoras de recursos y también que el Cupo Vasco y el Concierto de Navarra se calcularan mediante un método transparente.
Un ensayo de 'consenso constitucional'
"Nos hemos reunido un grupo de personas que pensamos de forma muy diferente y hemos alumbrado un documento que, entendemos, se aproxima a lo que podría llegar a ser un consenso social sobre la reforma del modelo territorial de España. Creo que ése es el principal valor de esta aportación". Juan Martínez Calvo, socio de Deloitte y ponente del Grupo de Trabajo creado por la Fundación Fide, resume así el espíritu que ha guiado a la veintena de juristas, economistas, empresarios y académicos, entre los que se encuentran perfiles tan diferentes como el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente; el abogado de Sacyr, Juan Luis Aragonés; el ex ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo; o el ex director de la Agencia Tributaria y actual socio director de Equipo Económico, Salvador Ruiz-Gallud, con el que se ha intentado replicar el rasgo de diversidad que deberá alumbrar en el ámbito parlamentario la reforma de la Constitución.
El ejercicio ha resultado de lo más realista. Los miembros del Grupo Fide no han sido capaces de ponerse de acuerdo respecto al mejor encaje constitucional de Cataluña, escindidos entre los que opinan que la autonomía de Cataluña puede reforzarse y ampliarse sin necesidad de tocar en modo alguno el actual texto constitucional y los que abogan por reconocer su singularidad otorgándole un tratamiento constitucional específico.
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