Jueves, 20.06.2019 - 11:35 h
Créditos a la Seguridad Social

El Tribunal de Cuentas cuestiona los préstamos para pagar las pensiones

Apuesta por efectuar transferencias hasta alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo para sanear las cuentas del sistema.

Fachada del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas cuestiona los préstamos para pagar las pensiones / Archivo

El Tribunal de Cuentas ha criticado los préstamos realizados hasta ahora por la Administración General del Estado (AGE) a la Seguridad Social desde 2017 para cubrir su déficit y abonar las pagas extraordinarias de las pensiones y ha apostado por efectuar transferencias hasta alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo para sanear las cuentas del sistema.

Según señala el órgano fiscalizador en su 'Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017', recogida por Europa Press, los préstamos "no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo".

"Más bien al contrario, dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia", añade el Tribunal, que señala que a 31 de diciembre de 2017 el balance de la Tesorería General de la Seguridad Social recoge una deuda a favor de la AGE de 27.360,7 millones de euros.

Para hacer frente al déficit en el sistema y recuperar su tesorería, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió otorgar préstamos a la Seguridad Social de 10.192 millones de euros en 2017 y 13.830 millones de euros en 2018.

Pide reformas

En este apartado de su declaración, el organismo presidido por María José de la Fuente reclama así "promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable" los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social y también su deuda contraída con el Estado, una labor que, apunta "podría abordarse en el marco del denominado Pacto de Toledo".

Hasta entonces, pide que estos déficits financieros y presupuestarios se cubran con financiación estatal, pero con transferencias y no préstamos. "Teniendo en cuenta que el problema deriva de sus operaciones de gestión ordinaria, la vía de financiación estatal debería tener esta misma naturaleza económica y presupuestaria, esto es, proceder de transferencias corrientes de la AGE, no de la concesión de nuevos préstamos", justifica.

En este sentido, alude que los sucesivos déficits acumulados en el sistema entre 2010 y 2017, con un total acumulado de 99.503,2 millones de euros, "derivan de las operaciones de la gestión ordinaria" del sistema, al ser los recursos (principalmente cotizaciones sociales) "insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen", en este caso prestaciones contributivas y no contributivas.

Deuda histórica

Sin embargo, señala que la deuda total de la Seguridad Social con el Estado -17.168,7 millones- tiene su origen en préstamos concedidos entre 1992 y 1999 para superar una primera crisis "provocada, en gran medida, porque la Seguridad Social hubo de financiar con cargo a sus recursos una parte de los gastos de la asistencia sanitaria, de los servicios sociales y de las prestaciones familiares".

Todo ello, relata, hasta que el Pacto de Toledo recomendó financiar estas prestaciones por el Estado, vía que se reguló a través de la Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social de 1997.

Asimismo, recuerda que una situación similar se produjo con los complementos a mínimos de pensiones, cuyo desfase en su financiación fueron soportados por los recursos contributivos del sistema desde 1997 hasta 2013, cuando el Estado asumió su coste total, con un desfase en este período de 59.661,35 millones de euros.

Por otro lado, remarca que la deuda contraída no ha sido devuelta "porque la Seguridad Social carece, por sí misma, de la capacidad financiera para ello", y alude a cómo se han prorrogado plazos para devolver deuda a medida que se aproximaba su vencimiento o la ausencia de un plazo de cancelación en otros préstamos.

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