El tribunal de cuentas fiscalizará los ejercicios de 2010 y 2011 en rtve

La Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó hoy encargar a esta institución un informe de fiscalización de la gestión económica y financiera de RTVE durante los ejercicios 2010 y 2011.
El acuerdo partió de una solicitud del Partido Popular, que encontró el respaldo del resto de grupos. El diputado del PP Ramón Moreno aseguró que el Tribunal de Cuentas debe auditar el binomio 2010-2011, coincidente con la presidencia de Alberto Oliart hasta su dimisión el verano pasado, porque la Intervención General del Estado (IGE) ha destapado en sus auditorías de esos años “numerosas irregularidades” de este periodo, por las que los responsables de la corporación no han dado debidas explicaciones ni han asumido responsabilidade alguna.
"Se han limitado a decir que no había tachas importantes a la gestión. Sólo hubiera faltado que se hubieran cometido delitos", señaló el parlamentario popular. “Pero La IGE ha dicho que se han tramitado expedientes con numerosos defectos, se han empleado criterios de adjudicación subjetivos, programas de producción propia los han realizado íntegramente por terceros... Son ejemplos de hechos que han creado una alarma social y que hay que disipar”.
El PP advierte de que quiere “una foto nítida” sobre la situación de RTVE, “y no arrojar ninguna sombra de sospecha sobre los números” de la corporación.
Por el PSOE, Juan Luis Gordo manifestó que su grupo apoya la petición de fiscalización del PP “por su compromiso con la mayor transparencia en las empresas públicas”, pero no porque crea en las buenas intenciones de los populares.
“La IGE ya audita cada año la actividad de RTVE y, además, la corporación está sometida anualmente a una auditoria externa. Pero al PP no le importan los resultados del informe del Tribunal de Cuentas, porque lo que quiere es instrumentalizar políticamente este órgano, en su estrategia de los últimos meses de justificar un cambio de modelo en RTVE que lleva a una televisión de partido", señala.
Desde Entesa Catalana de Progres, Rafael Bruguera consideró procedente la auditoría del máximo órgano fiscalizador del Estado, “porque un servicio público tiene que estar regido por los principios de pluralidad, veracidad y transparencia”.