Lisboa, 26 dic.- El Tribunal de Cuentas (TC) portugués criticó, en un informe divulgado hoy, la falta de transparencia y las condiciones de la venta de inmuebles del Estado luso entre 2006 y 2011, que ascendieron a un total de 1.423 millones de euros.
La institución censura que un 90 por ciento de esas ventas fueron mediante "ajustes directos", un proceso que desvirtúa el régimen legalmente previsto "y los principios de transparencia y competencia de la contratación pública".
Además, señala la falta de estudios "fundamentados" en esas transacciones y recomienda al Ministerio de Finanzas que las decisiones sobre el patrimonio público "se fundamenten en criterios de buena gestión inmobiliaria".
El organismo revela que unos 1.381 millones de euros de los 1.423 millones en ventas del patrimonio estatal afectaron a empresas públicas.
En esas transacciones, que fueron también realizadas mediante los ajustes directos criticados por el tribunal, se incumplieron "condiciones necesarias" porque los inmuebles no estaban registrados de manera regular.
Al aplicar además promesas de compra-venta en esas transacciones, el pago integral del precio resultó en la práctica, en una financiación estatal "en condiciones especialmente onerosas", denuncia en el informe.
El tribunal, que dirige Guilherme d'Oliveira Martin, ya había formulado críticas similares en otro informe publicado en 2011.
Portugal ha acelerado en el último año la venta de activos y empresas estatales para cumplir las exigencias del rescate financiero de 78.000 millones de euros que recibió el año pasado de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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