El vertido y la incineración de residuos se penalizará con impuestos en toda España

  • Gobierno y CCAA acuerdan la unificación al alza de los impuestos existentes. Seis autonomías que no lo aplicaban se comprometen a ponerlo en marcha
El SEPRONA inicia el control de vertidos ilegales de residuos en el municipio
El SEPRONA inicia el control de vertidos ilegales de residuos en el municipio

La singular situación política que vive España ha dejado el acuerdo sin fecha clara de aplicación. Pero el compromiso es firme. Gobierno Central y comunidades autónomas han acordado en el seno de la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos la implantación en toda España de un Impuesto sobre el Vertido e Incineración de Residuos homogéneo, que gravará situaciones similares y tendrá tipos impositivos parecidos, según han confirmado a lainformacion.com fuentes gubernamentales.

El acuerdo permitirá superar la confusa situación actual en la que los nueve impuestos de esta naturaleza que existen presentan características diferentes, gravan situaciones muy distintas y lo hacen con tipos impositivos que no tienen nada que ver de un lugar a otro. Y en la que seis comunidades autónomas ni siquiera lo aplican, es decir, ni siquiera imponen un castigo fiscal por el vertido de residuos o su incineración.

Esta situación ha sido puesta de manifiesto y abiertamente criticada por la Comisión Europea en más de una ocasión, hasta el punto de exigir la implantación de un impuesto estatal para hacer valer el principio de "quien contamina, paga", aceptado como tal en la práctica totalidad de los 28 a estas alturas. 

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades autónomas pasa por no seguir la recomendación europea de un impuesto estatal y respetar el actual perímetro competencial que otorga a las comunidades autónomas las atribuciones para regular la denominada fiscalidad verde, pero a cambio les 'impone' la obligación de unificar tanto las realidades gravadas como los tipos impositivos del impuesto. Y hacerlo al alza, es decir, que se traducirá en un mayor coste para los agentes contaminantes, según confirman fuentes de la Comisión.                            

Un laberinto de nueve impuestos diferentes

El Laboratorio de Ideas sobre Residuos daba cuenta del panorama fiscal actual de la fiscalidad de los vertidos en un reciente post. Respecto a las realidad gravadas, los nuevos impuestos existentes (Madrid, Andalucía, Murcia, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Cataluña) penalizaban de alguna forma el vertido de residuos industriales (los resultantes de los procesos de fabricación de productos), en cuatro se preveía también un gravamen sobre los residuos resultantes de la construcción o demolición y en solo tres de ellos se contemplaban los residuos municipales, los que recogen a través de contenedores y cubos los servicios de limpieza por entendernos.

La diversidad en los tipos impositivos también es importante. El vertido de residuos municipales se penaliza con entre 12 y 30 euros por tonelada según la comunidad autónoma, entre dos y 35 euros el vertido de una tonelada de residuos industriales, y entre 0,5 y cuatro euros por tonelada los residuos de construcción y demolición.

La unificación de ese abanico de tipologías, que no solo alcanza al impuesto sobre el vertido e incineración de residuos sino a la mayoría de impuestos autonómicos, fue una de las recomendaciones del grupo de expertos de financiación autonómica, que aboga en su informe de recomendaciones por una ley marco estatal.

Según las fuentes consultadas, la decisión es armonizar esos tipos impositivos al alza, es decir, equiparándolos a la comunidad autónoma con los impuestos más altos, lo que se traducirá en una subida general de impuestos por este concepto y también en una mayor recaudación. El modelo es el impuesto catalán, que, además, pasa por ser el único que grava la incineración de residuos.

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