Cataluña ostenta desde hace décadas un récord difícil de igualar: el menor número de funcionarios por habitante de España y, posiblemente, de Europa. Su apuesta por un sistema de conciertos sector público-sector privado, gracias al cual los operadores privados prestan servicios de manera concertada y financiada por la Administración, ha permitido a la comunidad crear una estructura pública mínima.
Esta singularidad, que destaca la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana Pimec, convierte a Cataluña también en la autonomía con menos empleados públicos con respecto al número de ocupados totales y propicia un importante ahorro en nóminas, pero un desembolso millonario para suscribir conciertos y convenios con el sector privado.
Como muestra, según los datos que se desprenden del informe Sanidad privada, aportando valor, elaborado por la Fundación Idis, Cataluña destinó más de 2.800 millones de euros en 2018 a conciertos con el sector sanitario, lo que supone el 26% del gasto -inversión- en salud. El porcentaje más que duplica el que presupuesta el Ministerio de Sanidad y el que desembolsa la Comunidad de Madrid.
Un repaso detallado de la evolución del número de funcionarios en Cataluña, evidencia un ligero aumento de sus efectivos, que han pasado en la última década -julio de 2010 con respecto a julio de 2020- de 304.151 a 324.629, un 6,7% más, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Mientras, el número total de funcionarios en todas las administraciones ha disminuido en 81.738 hasta alcanzar los 2.598.481 actuales. Un descenso de apenas el 3% que está justificado en los recortes de la crisis y las limitaciones en la tasa de reposición impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Desde 2010, en Cataluña ha caído con fuerza el número de efectivos al servicio del sector público del Estado, mientras que ha subido considerablemente, casi en la misma proporción, el de los que trabajan para la Generalitat, fundamentalmente por el proceso de traspaso de competencias que se han realizado en los últimos años.
Funcionarios bajo mínimos
Cataluña tenía en julio del año pasado un total de 324.629 funcionarios, que suponen 42,4 empleados públicos por cada mil habitantes, el nivel de funcionarios más bajo de toda España. Los empleados públicos catalanes representan el 12,5% del total de trabajadores públicos del Estado.
Mientras, los funcionarios representan el 9,7% del total de ocupados en la comunidad catalana, también el peso más bajo de toda España, y que contrasta con los porcentajes de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Asturias -por encima del 15%-, y con el más del 22,5% que registra Extremadura.
En cuanto a los funcionarios sobre el total de habitantes, en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón hay cerca de 70, mientras que en Cataluña el porcentajes es del 42. En el otro extremo está Extremadura, con 81,7 trabajadores públicos por cada mil habitantes.
Pionera en teletrabajo
El pasado agosto, la Generalitat de Catalunya se convertía en la primera administración autonómica en impulsar un programa de teletrabajo generalizado para 40.000 de sus efectivos. El paso adelante de la Generalitat tenía un componente de voluntariedad, pero está condicionado a la supervisión del desempeño de los funcionarios por parte de un superior jerárquico.
Cada funcionario puede decidir si trabaja de manera remota, por un periodo máximo de un año, prorrogable, durante dos jornadas completas a la semana. El decreto, consensuado con los agentes sociales, establece la posibilidad de teletrabajar en tres supuestos: completar la jornada laboral cuando se está en un servicio fuera del despacho y el tiempo invertido para regresar "resulta ineficiente"; encargos derivados de situaciones de emergencia o episodios de alta contaminación.
El plan, que afecta a uno de cada cinco efectivos al servicio de la Administración autonómica y sus organismo, excluye a los mossos y los agentes rurales -que tienen estatutos propios-, a profesores, funcionarios que atienden al público y a bomberos.
