Las elecciones y el oxígeno de la macro frenan la urgencia de las reformas clave

"Las grandes reformas estructurales las hicimos cuando nos encontramos con una prima de riesgo en niveles que nos iban a intervenir y cambiamos la Constitución en una semana". La reflexión la hace a este diario Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), al hilo de las medidas que a su juicio tendría que adoptar nuestro país para atajar un déficit que según sus cálculos no bajará este año del 4,9%, una deuda en niveles históricamente altos (por encima de 1,5 billones de euros, el equivalente al 116% del PIB en noviembre) o una tasa de paro que dobla la medida entre nuestros vecinos europeos. 

En el contexto actual los datos macroeconómicos son relativamente buenos dada la situación de incertidumbre y el frenazo de la actividad en todo el mundo; apenas existe conflictividad laboral -a diferencia de lo que sucede en la vecina Francia-; la recaudación tributaria registra cifras récord y España tiene por delante un rally electoral los próximos meses, con las municipales y autonómicas de mayo y las generales de finales de año. Ante una coyuntura así, en la que el país asume además la presidencia de turno de la UE el próximo semestre, no existe ningún incentivo para que el Gobierno apruebe las reformas estructurales necesarias. 

Desde su punto de vista, ninguna de los paquetes que están ahora mismo sobre la mesa incluye cambios de suficiente calado para acabar con los problemas crónicos que vienen golpeando a la economía nacional desde hace décadas. Medidas como una reforma en profundidad de las pensiones que vaya más allá de los "paños calientes" a la hora de afrontar la sostenibilidad del sistema. Cambios que pasarían, también, por una reforma de la financiación autonómica que dotase de más transparencia al modelo actual.

Apuesta, igualmente, por una reforma de las Administraciones Públicas que redujese el número de ayuntamientos, que instase a otros a mancomunarse para prestar determinados servicios o que rebajase el número de concejales y cargos públicos; así como por un cambio profundo de la Ley de Universidades que, entre otras cosas, permitiera modificar su gobernanza. Según el presidente de los economistas, otro de los focos de actuación debería estar en el ámbito inmobiliario: dotando al país de un parque de vivienda pública en alquiler suficientemente ambicioso como para responder a la demanda de aquí a los próximos veinte o treinta años.

El tsunami económico que muchos preveían no se ha producido

El propio presidente del CGE reclamaba al Ejecutivo medidas "audaces" durante la presentación el lunes de su 'Observatorio Financiero' en el que prevén que la economía española crezca este año al 1,5%. Esta previsión, que mejora en medio punto su anterior cálculo, es algo más pesimista que la del Gobierno (2,1%), pero se sitúa por encima de las del Banco de España (1,3%) o la Comisión Europea (1%). El "tsunami" económico que muchos servicios de estudios y economistas pronosticaban no se ha producido y los datos apuntan a una desaceleración, pero no a un desplome o a la recesión técnica entre finales del pasado ejercicio y principios de este.

El mercado laboral ha aguantado, no solo en España sino en toda Europa, con la creación de cerca de 500.000 empleos en el último año, si bien el avance se ha empezado a resentir en el último mes. La tasa de inflación general (5,7%) ha sido en diciembre y por segundo mes consecutivo la más baja de la Eurozona, recuerda Pich, y la situación del sistema financiero (con la tasa de morosidad en mínimos desde 2008) poco tiene que ver con la de la pasada crisis financiera. Ni que decir tiene la de los hogares y las empresas en lo que a su nivel de endeudamiento se refiere. "No hay incentivos para hacer reformas que son dolorosas", insiste el presidente de los economistas.

Valentí Pich reconoce que también ha habido medidas acertadas desde el punto de vista económico, si bien teme que no hayan sido suficientemente ambiciosas. En adelante, los esfuerzos deberían centrarse en atajar el problema del endeudamiento público. Sobre todo cuando el Banco Central Europeo va a pasar de comprador neto de deuda soberana a vendedor neto de los bonos que acumula en su balance a partir del próximo mes del año. Si España no hace los deberes puede encontrarse con un alza de la prima de riesgo, de sus costes de financiación, en un momento en que los inversores van a mirar con lupa la situación de la economía.