La mochila austriaca de Calviño desata la guerra de Podemos y PSOE a días del 10N

Ni la tensión acumulada desde las negociaciones frustradas para el anterior intento de investidura de Pedro Sánchez, ni el rechazo del presidente del Gobierno en funciones a contar con Pablo Iglesias en su Consejo de Ministros –porque, dijo, "no dormiría tranquilo"–, ni la sentencia del 'procés', ni las diferencias en torno al proceso de exhumación de Franco... lo que ha terminado por desatar la guerra entre Unidas Podemos y el PSOE es la 'mochila austriaca' que el Gobierno quiere implantar en España. A solo dos semanas de la repetición de las elecciones generales, la formación morada ha lanzado una ofensiva para atacar a los socialistas donde más les duele, acusándoles de querer recortar derechos a los trabajadores.

La medida de la polémica consiste en "la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un Fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación". Así se recoge en el Programa Nacional de Reformas que el Ejecutivo envió a Bruselas el pasado mes de abril, justo después de salir reforzado de las elecciones generales del 28-A.

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Es la conocida como 'mochila austriaca'. Y no gusta a Unidas Podemos, ni en el fondo ni en la forma. Primero porque consideran que este sistema atenta directamente contra los derechos de los trabajadores y supondría, en la práctica, la implantación del despido gratuito en España, y segundo porque ven "ánimo de ocultación" en el Gobierno en funciones, a quien acusan de haber planteado la medida a las autoridades europeas por la puerta de atrás, sin explicar sus intenciones a los ciudadanos.

Así lo defiende a La Información el secretario de Relación con la Sociedad Civil de Unidas Podemos, Rafael Mayoral. En tono especialmente crítico, asegura que "el Gobierno no ha explicado a la gente lo que quiere hacer con la reforma laboral". Afirma que los planes del Ejecutivo socialista pasan por ejecutar una reforma "mucho más dura y salvaje que la de el PP, recortando derechos sociales y haciendo el despido gratuito". El propio Mayoral está protagonizando una dura campaña en las redes sociales contra la 'mochila austriaca' por considerar que lo que implica es que el trabajador tendrá que pagarse el despido y verá recortada su pensión, mientras los bancos especularán con los fondos.

Llama la atención, no obstante, que los de Iglesias hayan puesto el grito en el cielo ya a finales de octubre, seis meses después de conocer este planteamiento. Es más, lo conocieron incluso antes. Y es que la medida se incluye en la denominada 'Agenda del Cambio', una suerte de hoja de ruta de reformas estructurales que empezaron a diseñar los socialistas desde que llegaron al poder tras desbancar al Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2018 e hicieron pública el pasado mes de febrero de 2019.

La cuestión fue introducida en la 'Agenda del Cambio' a petición de la ministra de Economía, Nadia Calviño, en un movimiento que provocó roces con Magdalena Valerio, la responsable del departamento de Trabajo, que se apoya en un informe de tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero para rechazarla. Hay que recordar que la propuesta no es nueva, pues surgió en 2010 y la han incluido en sus programas tanto el PP como Ciudadanos. Es más, llegó a introducirse en el acuerdo que firmaron PSOE y Cs en 2016, durante las negociaciones previas a la investidura fallida de Sánchez que provocó la repetición electoral aquel año.

Mayoral asegura que en el ámbito de las negociaciones presupuestarias con Unidas Podemos la 'mochila austriaca' "nunca jamás se ha puesto encima de la mesa, es más, era un tema tabú porque el PSOE lo pactó con Albert Rivera". Pero hay que insistir en que la medida estaba incluida en la hoja de ruta que los socialistas dieron a conocer en febrero. Mayoral defiende que aquel documento no tiene la importancia del plan reformista que se envía a Bruselas. Sin embargo, ese documento se trasladó a las autoridades europeas en abril y entonces la formación morada guardó silencio al respecto. Ahora han querido hacer de esta cuestión el ariete contra el Gobierno socialista... a días del 10-N.

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En el vídeo que ha colgado Mayoral en su Twitter defiende que de cara al 10-N "toca defenderse frente a aquellos que quieren recortar nuestros derechos". "No es ni Casado, ni Rivera, ni Sánchez, una vez más es la CEOE quien quiere dictar las políticas en este país", zanja antes de pedir el voto para su formación. En el Ejecutivo interpretan esta ofensiva como una estrategia puramente electoralista. Fuentes del Ministerio de Trabajo critican que "Podemos, como el resto está en campaña" y recuerdan que la 'mochila austriaca' ni siquiera se ha llevado al diálogo social, "que sería el primer paso de cualquier planteamiento, y no se ha dado".

En el equipo económico del PSOE dejan claro que "cualquier medida que afecte a un asunto tan relevante para los trabajadores como la regulación por despido siempre se debatirá y se consensuará con los interlocutores sociales". Además, aseguran que "el Gobierno no tiene intención de tomar ninguna medida que afecte a la protección de los trabajadores ante el despido" y que entre sus prioridades se encuentra la revisión de las causas del despido objetivo para suprimir las facilidades para despedir que introdujo el PP, tal y como se trasladó a Unidas Podemos en la 'Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista'.

Por último, fuentes socialistas matizan que el 'Programa Nacional de Reformas' remitido a Bruselas "recoge una previsión a medio plazo (el escenario macroeconómico abarca hasta 2022), que obviamente puede ser modificada". En este caso, insisten, el sistema de cuentas individuales de capitalización es una medida de "implantación progresiva que requiere un estudio previo". De hecho, el Gobierno está esperando un informe por parte de la OCDE sobre este asunto. "Mientras no se realice el estudio y no se valoren las conclusiones, y se debatan y acuerden en el marco del diálogo social no se contempla ninguna modificación", concluyen. No sin añadir que "en absoluto se puede hablar de medidas para facilitar el despido, pues el compromiso del Gobierno es reforzar los derechos de los trabajadores".