Sánchez comunica a Bruselas las mejoras a funcionarios y jubilados pese al bloqueo

Fotografía Pedro Sánchez, mítin en Leganés / EFE
Fotografía Pedro Sánchez, mítin en Leganés / EFE

Al filo del 'deadline', como viene siendo habitual, España va a enviar a la Comisión Europea su Plan Presupuestario para 2020 este martes, 15 de octubre. Según ha podido saber La Información, el borrador, que recibía las últimas pinceladas hasta ayer mismo, incluye el coste tanto de la subida de las pensiones en base a la inflación prevista como de la mejora de los sueldos de los funcionarios en cumplimiento del acuerdo retributivo pactado con los sindicatos más relevantes de Función Pública. Todo ello, en plena precampaña electoral y a menos de un mes de que tengan que repetirse las elecciones generales a causa del bloqueo político que ha impedido la formación de Gobierno en el último medio año.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que ambas subidas, la de las pensiones y la de los sueldos de los funcionarios, están contabilizadas  en el borrador. "En el Plan Presupuestario 2020 se va a incluir el acuerdo alcanzado con los funcionarios para la revalorización salarial", matizan. Hay que recordar que aquel pacto fijaba para 2020 un alza de las nóminas del 2% al que se sumaría un 0,3% de fondos adicionales, otro 0,55% en función de la evolución del déficit público y una parte dependiente del crecimiento de la economía. 

Respecto a las pensiones, las mismas fuentes confirman que en la información que se remite hoy a Bruselas también se tiene en cuenta la actualización de las prestaciones con el IPC real. Aunque tanto Hacienda como el Ministerio de Trabajo se resisten, de momento, a revelar la cifra final, el Ejecutivo en funciones trabaja en varios escenarios de mejora de las pensiones públicas para 2020. Todo para evitar la revalorización automática del 0,25% que se activará el 1 de enero si nada lo impide, dada la actual situación de déficit de la Seguridad Social.

Dos colectivos, pensionistas y funcionarios, que son claves para Pedro Sánchez en la carrera hacia el 10-N por ser un importante caladero de más de 11 millones de votos, entre 9 millones de pensionistas y 2,5 millones de empleados públicos. Sin embargo, en su estrategia electoral el presidente en funciones se ha decantado claramente por los primeros –un grupo bastante más numeroso– a quienes ha garantizado la subida de las pensiones con el IPC en diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero. En contraste, a los funcionarios les ha dicho que su mejora salarial tendrá que esperar a que el Gobierno cuente con plenas funciones, algo que podría no suceder hasta entrado 2020.

A través de una carta firmada por su jefe de Gabinete Iván Redondo, Sánchez ha comunicado al presidente del sindicato de funcionarios CSIF, Miguel Borra, que aunque el Gobierno está "firmemente comprometido con el cumplimiento de las condiciones retributivas pactadas con los sindicatos", para ello deberá contar con "funciones plenas", según consta en la misiva a la que ha tenido acceso La Información y que descarta cualquier mejora de los sueldos públicos hasta que se constituya un nuevo Ejecutivo tras la cita con las urnas del 10-N.

En la carta, el Gobierno dice compartir con los sindicatos del sector público "el diagnóstico de que una Administración fuerte, con medios suficientes y un empleo público con derechos es fundamental para asegurar la estabilidad y prosperidad de España". También dicen ser "conscientes" del "enorme esfuerzo" realizado y del "compromiso" de los empleados públicos en los años de "restricciones presupuestarias".  Sin embargo, todo esto parece no ser suficiente para buscar la fórmula legal que permita aprobar la subida salarial por decreto estando en funciones. Algo que sí han garantizado para los pensionistas. En el primer punto del avance de su programa electoral, el PSOE deja claro que en diciembre se aprobará la revalorización de las pensiones con el IPC.

Retoque al cuadro macro

El documento que se remite hoy a Bruselas también cuenta con la actualización del cuadro macroeconómico, cuyas principales cifras han cuadrado las ministras Nadia Calviño (Economía) y María Jesús Montero (Hacienda). La revisión se lleva a cabo en un momento en el que las dudas sobre la evolución de la economía española, lastrada por el peor desempeño de los países del entorno europeo, han llevado a las principales casas de análisis a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento. Así las cosas, si antes del verano el Gobierno 'tonteaba' con elevar las proyecciones, ya en otoño reina la "prudencia". 

Hasta ahora el cuadro macro auguraba un alza del PIB del 2,2% este año, del 1,9% en 2020 y del 1,8% en 2021. Y estas son las grandes cifras que se están planteando tocar a la baja. No así el déficit público, pues los ministerios del área económica han insistido en los últimos días en que el objetivo del 2% para este año permanecerá. Y lo mismo con la deuda pública, que sitúan en el entorno del 95,8% del PIB en 2019.

"Situación excepcional"

Como adelantó La Información, el proyecto que se remite para 2020 es calcado al que diseñó Sánchez para este año, que fracasó en el Congreso y acabó por tumbar la legislatura anterior. Así, incluye, además de las mencionadas mejoras a pensionistas y funcionarios, todas las subidas de impuestos a las rentas altas y a las empresas, así como la creación de nuevas figuras tributarias como el Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

Pero no solo eso. En el borrador que reciben hoy las autoridades europeas también se añade, como ha sucedido en otras ocasiones, una justificación por parte del Gobierno español ante la actual situación "excepcional" de bloqueo político que atraviesa el país. Con todo, en el Ejecutivo no creen que en Bruselas estén preocupados por la inestabilidad política en España. "Las situaciones de cierta complejidad política son habituales entre los países europeos", justifican fuentes cercanas a la ministra Calviño. "La coyuntura y la evolución de la economía española es positiva y ni el Eurogrupo ni el Ecofin han trasladado ninguna preocupación a la ministra", zanjan.

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