Examen económico a Podemos: renta garantizada, SMI a 1.200€ y plan verde

La repetición electoral no sentó bien en un primer momento a Unidas Podemos. Las encuestas anticipaban un gran batacazo de los de Pablo Iglesias, que llegaron a las negociaciones muy desgastados por su caída en las generales de abril y por la debacle de las municipales y autonómicas de mayo. Con el paso de las semanas, la coalición ha mejorado sus previsiones para el 10-N, insistiendo en su estrategia de instar a Pedro Sánchez de que acuerde un gobierno de coalición junto a ellos. Una de sus armas es las coincidencias que mantienen en fiscalidad verde o la mejora del estado del bienestar. Pero también les aleja la visión distinta sobre qué hacer con las pensiones o la reforma laboral de 2012.

La Información ha pedido a Unidas Podemos y a las otras cinco fuerzas con más posibilidades de sacar un mejor resultado que respondan a una serie de cuestiones en materia económica. Por el partido de Iglesias ha respondido a este cuestionario Nacho Álvarez, responsable de economía de la formación morada y profesor de estructura económica. 

- Los datos apuntan a que estamos ante un enfriamiento de la economía. ¿Qué tres medidas impulsarían para contenerlo?

- Como primera medida pondremos en marcha nuestro plan Horizonte Verde con el objetivo lograr impulsar la Transición Ecológica, reducir un 90% las emisiones de CO2 antes de 2040 y crear empleos de calidad y alto valor añadido.

Para ello hemos diseñado un plan que supondrá un estímulo de la inversión público-privada anual equivalente al 2,5% del PIB. Crearemos más de medio millón de empleos de calidad y alto valor añadido en sectores como las energías renovables, la eficiencia energética y la economía circular durante los 20 años del plan. Rehabilitaremos al menos 500.000 viviendas al año para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz. Lograremos que el 100% del consumo de energía primaria sea satisfecho con fuentes renovables en 2040 y el 50% dentro de una década. El 100% de los coches en circulación serán eléctricos en 2040, el 50% de los coches en circulación serán eléctricos en 2030. Reduciremos las emisiones del 50% en 2030 y del 90% en 2040 respecto a las emisiones de 1990.

Además, se conseguirían otros efectos positivos sobre el crecimiento económico sostenido y la creación de empleo de calidad, como son:

Reducir la dependencia energética atendiendo a las debilidades actualmente existentes, así como las necesidades de adaptación al cambio tecnológico en el largo plazo. Siendo esta la mejor vía para mejorar la competitividad y la inserción exterior de la economía española.

Mejorar la calidad de vida de la población reduciendo la contaminación y garantizando el acceso al consumo energético mínimo por hogar para proteger a los más vulnerables.

Reducir las disparidades territoriales para favorecer la convergencia regional y garantizar unas prestaciones equivalentes en todos los territorios.

Democratizar el sistema de producción y distribución de energía eléctrica, al reducir la influencia de los oligopolios energéticos y empoderando al ciudadano.

En segundo lugar, crearemos un sistema de renta garantizada y restauraremos el sistema anterior de prestaciones por desempleo. Creemos que la respuesta a la posible desaceleración debe consistir en más derechos y protección y no una vuelta a la austeridad. Por ello garantizaremos los ingresos suficientes para que nadie se quede atrás. Garantizaremos por ley que nadie se quede sin ingresos suficientes, con independencia de su suerte con el empleo o de su pensión. Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros. Esta renta garantizada se actualizará periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas y calculamos que el impacto sea que por cada euro garantizado el PIB se incrementará en 1,25%.

También crearemos un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial, tecnológico y socioeconómico del país basado en los principios desarrollo sostenible con equidad social y regional mediante la financiación de proyectos de inversión. Nos basaremos en el modelo del Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW) alemán. Su utilidad será modernizar la estructura productiva, fomentar la innovación industrial y la transición digital de forma que tengan un impacto favorable sobre el empleo.

Las líneas estratégicas de inversión del BITTE serán:

Selección de inversiones estratégicas que modernicen la estructura productiva, la innovación industrial y la transición digital y tengan un impacto favorable sobre el empleo.

Reducción de la dependencia energética y tecnológica atendiendo a las debilidades actualmente existentes y a las necesidades de adaptación al cambio tecnológico en el largo plazo.

Aumento del tamaño de las empresas, financiando fusiones de PYMES para aumentar la competitividad y facilitar el aprovechamiento de las economías de escala.

Mejora de las infraestructuras sociales para reducir las disparidades territoriales, favorecer la convergencia regional y garantizar unas prestaciones equivalentes en todos los territorios.

Participación en los programas de inversión pública a nivel europeo e internacional, sustituyendo al ICO en el Banco Europeo de Inversiones, y gestionando los principales fondos de inversión del Estado que surjan de la fusión de los ya existentes y de la dotación de nuevos recursos.

- ¿Cuáles son las medidas que propone para que el sistema de pensiones sea sostenible?

- Sin duda, el peso de las pensiones sobre el PIB está aumentando en los últimos años y la previsión es que aumente hasta en 3 puntos porcentuales del PIB en 2050 (según la AIReF), pero esto no puede enfocarse únicamente como un problema de "sostenibilidad", sino como el problema social de redistribuir los recursos para asegurar en todo momento que los distintos grupos de la comunidad tienen niveles de vida suficientes.

Por un lado, la sostenibilidad de las pensiones se plantea siempre mirando exclusivamente lo que sucede por el lado de los gastos (como veíamos antes con el aumento de su peso sobre el PIB); pero es necesario prestarle atención a la evolución de los ingresos de la Seguridad Social. En este sentido, un factor fundamental para la sostenibilidad de las pensiones es la evolución del mercado de trabajo y la mejora en la calidad de las condiciones laborales.

Dicho de otra manera, para garantizar la sostenibilidad (tanto en sentido financiero como social) del sistema de pensiones es necesario que se mantenga su carácter público.

Yendo a lo concreto, lo que se requieren son medidas para asegurar una correcta financiación del sistema. Estas medidas incluyen políticas que permitan aumentar los ingresos por cotizaciones y, en todo caso, asegurar la financiación a través del sistema fiscal de cualquier “déficit” que pueda producirse; en ningún caso recortar las pensiones para ajustarlas a los ingresos por cotizaciones.

Para que el sistema de pensiones sea sostenible financieramente, proponemos:

1. Una ofensiva contra la precariedad, que introduzca un único contrato indefinido con derechos, la lucha contra las jornadas parciales involuntarias y los bajos salarios.

2. Destopar la Base de Cotización Máxima. Además de mejorar la progresividad del sistema (los hogares más pobres aportan más del doble que su renta disponible a las cotizaciones sociales que los hogares ricos, un 14,2% frente a un 6,5%), esta medida implicaría un incremento de la recaudación equivalente al 0,6% del PIB.

3. Supresión de las reducciones de las Cotizaciones Sociales. Estas medidas no han tenido impacto en la cantidad de empleo que se crea, ni en su calidad, pero suponen una pérdida de ingresos para la Seguridad Social de 2.000 millones de euros (0,2% del PIB).

4. Por último, el compromiso con la suficiencia de las pensiones debe ser prioritario. En consecuencia, en el marco de esta necesaria recuperación de los ingresos por cotizaciones sociales y siempre y cuando éstos no sean suficientes se complementarán con cargo a los presupuestos del Estado.

Para que el sistema de pensiones sea sostenible socialmente, proponemos:

1. Garantizar por ley la actualización de las pensiones con el IPC. Aunque gracias al acuerdo con Unidos Podemos las pensiones crecerán este año al menos lo mismo que el IPC, esto debe asegurarse por ley, derogando definitivamente el “índice de revalorización” introducido por el PP en 2013.

2. Derogar el factor de sostenibilidad, que tiene como objetivo disminuir las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida. Fue introducido en la reforma de 2011 (PSOE) y desarrollado en la de 2013 (PP).

3. Calendario para la mejora de las pensiones mínimas y no contributivas. Establecer un calendario para que todas las pensiones alcancen por lo menos el mismo valor que la Prestación de Suficiencia de Ingresos, que se fijará inicialmente en 600€ al mes.

4. Posibilidad de elección de los años de cómputo para el cálculo de la pensión. Quienes alcancen la edad de jubilación podrán elegir para el cálculo de la base reguladora de su pensión aquellos meses de su vida laboral que más le favorezcan, sin que necesariamente deban ser consecutivos.

- ¿Qué propuesta tiene para el mercado de trabajo y atajar la precariedad en el empleo?

- Nuestra estrategia para la lucha contra la precariedad laboral se basa en revertir las reformas laborales del Partido Popular y el PSOE, pero esto por sí solo no es suficiente. Por lo que también proponemos los siguientes puntos:

1. Temporalidad

En este sentido proponemos la eliminación de la mayoría de causas de la contratación temporal de forma que haya una única figura de contratación de este tipo. Solo podrá celebrarse un contrato de trabajo de duración determinada por razones de carácter productivo y organizativo, quedando prohibido la concatenación de contratos temporales, con una duración mínima de 1 mes y máximo de 6. Además:

- Aumentaremos la indemnización por despido de los y las temporales a 33 días por año.

- Endurecimiento de las sanciones en caso de fraude en la contratación por parte de la empresa. A estos efectos la infracción será por cada uno de los trabajadores afectados.

- Se recupera la figura de la nulidad del despido. De tal forma que el despido del trabajador o la trabajadora contratado/a incumpliendo el artículo 15 será declarado nulo y el trabajador o la trabajadora adquirirán la condición de trabajadores fijos.

- Penalizaremos a las empresas que hagan un uso excesivo de la contratación temporal con una cuota empresarial a la Seguridad Social más alta e implementaremos programas específicos de inspección en sectores que se encuentren en una especial situación de precariedad, como ocurre con muchos de los empleos feminizados.

2. Parcialidad

Convertir el trabajo a tiempo parcial en una opción digna. Puesto que gran parte del fraude se encuentra en la contratación a tiempo parcial, proponemos:

- Regular el contrato a tiempo parcial para evitar el descontrol del horario, abuso de horas extra trabajadas, etc. Será obligatorio definir el horario en el contrato, con una distribución regular, de manera que los trabajadores y las trabajadoras puedan organizar su vida.

- Introduciremos distintas medidas para desincentivar el uso de las horas extraordinarias, especialmente las no pagadas, mediante tipos agravados en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

- Otorgar mayor poder a la Inspección de Trabajo tanto para los contratos temporales como para el control de horarios en el tiempo parcial.

3. Prácticas externas

Pondremos orden en el sistema de prácticas externas para que sean un trampolín y no una trampa de precariedad. Para ello garantizaremos que estén incluidas en los planes de estudio y que sean formativas, y que estén tuteladas profesionalmente. Los/as jóvenes tienen derecho a recibir una formación aplicada adecuada sin realizar tareas y serán retribuidas al menos conforme al SMI según el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas.

Jornada laboral de 34 horas semanales sin reducción salarial y con carácter general para la reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados.

- Protegeremos el tiempo de desconexión del trabajo y permitiremos flexibilizar los horarios y aprovechar las posibilidades del teletrabajo; por tanto, se trata de una política integral de reordenación del tiempo de trabajo que permita conciliar la vida personal y laboral.

- Estableceremos planes de respiro familiar para personas que cuidan y se protegerá a estas personas profesionales con la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su entrada de pleno derecho en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que implicaría igualar en derechos.

Recuperar el poder de la negociación colectiva, devolviendo a los sindicatos la fuerza que les quitaron las reformas de Zapatero y Rajoy.

- Estableceremos la prevalencia de los convenios de sector, sean de ámbito provincial, autonómico o estatal, para establecer las condiciones mínimas de trabajo, de modo que se evite el empeoramiento de condiciones por medio de convenios de empresa.

- Endureceremos las condiciones de descuelgue del convenio colectivo, se revisarán las amplias posibilidades que tiene ahora la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se establecerá que el mismo grupo empresarial, con sus empresas dependientes, tiene que ser una unidad de negociación.

- Asimismo, restableceremos la llamada «ultraactividad» de los convenios, es decir, su prórroga automática cuando no haya uno nuevo que lo sustituya.

- Este fortalecimiento de la negociación colectiva tendrá un efecto de impulso, que potenciaremos, sobre la modernización y efectividad de la prevención de riesgos laborales.

- ¿Cuál es su propuesta de reforma fiscal para España?

- Nuestra reforma fiscal se basa en la idea de que es necesario acabar con los privilegios fiscales. Para financiar adecuadamente el Estado de Bienestar y los Servicios Públicos Fundamentales (SPF), y también conseguir mayor justicia fiscal en el sistema tributario estatal, es necesario conseguir que la carga tributaria no recaiga excesivamente en las rentas del trabajo y en los impuestos indirectos, como desgraciadamente sucede ahora, ya que la contribución al sector público que realizan los hogares y los trabajadores es superior a la que están realizando las rentas empresariales.

- Por un lado, proponemos reformar el Impuesto de Sociedades para que recupere su capacidad contributiva. En la actualidad las empresas tienen unos beneficios por encima de los que se generaban en la etapa de la burbuja, pero su aportación a las arcas del Estado es tributación es mucho menor. Por ello queremos eliminar los privilegios fiscales de las grandes corporaciones en el Impuesto de Sociedades y bajárselo a las pymes.

Además, estableceremos recargos específicos al sector financiero y a las empresas contaminantes; así como tributos específicos a las transacciones financieras o determinados servicios digitales. Por último, lucharemos contra el fraude fiscal mediante cambios en los procedimientos y dotando de más recursos a la AEAT (especialmente a la oficina de grandes contribuyentes).

- Por otro lado, proponemos un IRPF más justo y progresivo donde no toda la carga recaiga en quienes más trabajan. La menor tributación de las rentas del capital (base liquidable ahorro) que de las rentas del trabajo (base liquidable general), no tiene ninguna justificación económica o social. Eliminando esa dualidad será posible reducir los tipos a la mayor parte de la población. Asimismo, también aplicaremos el IVA superreducido a productos básicos como alimentos y bebidas no alcohólicas o los de higiene femenina.

- Sobre el SMI, ¿a cuánto debería ascender al final de la próxima legislatura?

- Nuestro compromiso es alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1200 euros en la próxima legislatura. Conviene recordar que, gracias a la presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900 euros mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inmediatamente a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una legislatura: que el SMI sea, al menos, el 60 % del salario medio.

Aquí se pueden consultar el resto de cuestionarios respondidos por PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Más País.