El Partido Popular ya estudia cómo torpedear la estrategia puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez que pasa por aprobar en los últimos Consejos de Ministros de su mandato una batería de medidas sectoriales que ya están siendo aprovechadas por los socialistas de cara a la campaña electoral del próximo 28 de abril. Génova ha tenido que improvisar la reacción ante la inesperada decisión del presidente (en el equipo de Pablo Casado no se esperaban un adelanto de los comicios) y ahora busca evitar que el sanchismo pueda utilizar cada reunión de los viernes en Moncloa para poder alcanzar potenciales caladeros de votantes con el paquete de reales decretos que ya están en marcha.
"Vamos a impedir que Sánchez haga campaña electoral desde Moncloa", explican de forma gráfica fuentes de la cúpula del PP. ¿Cómo? Génova está estudiando con lupa las reformas que ya han empezado a recibir luz verde en el Consejo de Ministros y que el Gobierno quiere seguir aprobando, incluso cuando se disuelvan las cámaras. Esos reales decretos leyes deberán ser convalidados en el plazo de treinta días en un Congreso sin plenos, de forma que sería la Diputación Permanente quien deberá ratificarlos (los socialistas ya han reconocido que solo aprobarán los que puedan convalidar). En ese órgano de gobierno temporal de la Cámara Baja el PSOE solo podría sumar la mayoría con el apoyo de las fuerzas que auparon a Sánchez al poder en la moción de censura. Los populares, por tanto, asumen que no tienen la fuerza parlamentaria (aunque sea en funciones) necesaria para tumbar esos reales decretos y echarán mano de otra vía.
La solución que han ideado el PP de Casado pasa por acudir al Tribunal Constitucional para acabar con estos reales decretos del sanchismo. En Génova consideran que el Gobierno está realizando un uso abusivo de este mecanismo contemplado únicamente para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", según se puede leer en el artículo 86 de la Constitución. "Son disposiciones legislativas provisionales y no se pueden utilizar para hacer campaña electoral", se quejan las fuentes populares consultadas por La Información.
Batería de decretos a las puertas del 28-A
Varios ministerios están ultimando en estos días la redacción de los textos legales que llevarán a Consejo de Ministros. Sin embargo, justificar como una necesidad urgente y extraordinaria la puesta en marcha de tantas medidas deja poco espacio a la barra libre, sobre todo en ámbitos como el laboral. Precisamente, el departamento de Trabajo es el que tiene la agenda legislativa más ajetreada en los últimos coletazos de la legislatura. Frustrada su aspiración de derogar la reforma laboral del PP, Magdalena Valerio tiene listo un paquete de medidas al que no piensa renunciar.
La ministra todavía no ha decidido si seccionar su plan en varios decretos leyes o incluir toda su agenda en un solo decreto ómnibus que aglutine todas las novedades. Hay de todo: desde la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años y de las cotizaciones de los cuidadores no profesionales de personas con dependencia, hasta la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, pasando por la revalorización de las pensiones con el IPC en 2020, la obligación de realizar auditorías salariales para detectar (y multar) las brechas de género y de llevar un registro de la jornada de los trabajadores.
Pero, sin duda, el pack más polémico se basa en tres medidas con las que el Gobierno quiere dejar el buen sabor de boca de haber cumplido con su promesa de revertir la legislación actual. Restablecer la ultraactividad de los convenios y la prevalencia del sectorial sobre el de empresa, y limitar los abusos en materia de subcontratas.
Los problemas constitucionales del decreto-ley
"Son reformas muy significativas para el mercado laboral", advierte el socio del departamento Laboral de Deloitte Legal, Fernando Bazán, quien considera "poco responsable" y hasta "grave" que el Gobierno vaya a ejecutar estos cambios por decreto. A juicio de este laboralista, "no es el mecanismo idóneo". En su opinión, se trata de un vehículo legislativo de "dudosa convalidación" en una Diputación Permanente donde están representados los Grupos Parlamentarios en proporción a su importancia numérica en la legislatura que decae, lo que obligará al Ejecutivo a buscar apoyos en el bloque de la moción de censura que en su día respaldó a Sánchez y que se fracturó en los Presupuestos. Ya ha empezado la campaña electoral, pero ahora no se juega en equipo.
Pero, además, Bazán pone en entredicho la viabilidad legal de este eventual decreto ley. Considera que "no se dan las condiciones ni existe nada que justifique en estos momentos la extrema y urgente necesidad de llevar a cabo estos cambios", por lo que el Gobierno se la juega con este movimiento y se arriesga a que los grupos de la oposición recurran ante el Tribunal Constitucional. "Quieren modificar la orientación filosófica del mundo del trabajo", avisa este experto, que insiste en la necesidad de incluir a todos los agentes implicados en las conversaciones en torno a la reforma laboral, porque "nos jugamos mucho".
Los precedentes que dan alas al PP
En la cúpula popular tienen motivos para el optimismo y creen posible desmontar la campaña electoral del Gobierno. Y es que el TC ya ha tumbado algún decreto-ley al reconocer el "juicio puramente político" del Ejecutivo al emplear este mecanismo. El alto tribunal entiende que las normas con fuerza de ley que salgan del Consejo de Ministros para ser convalidadas en el Congreso han de ser entendidas "como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes" (STC 6/1983).
Entiende el Constitucional que el Gobierno solo podría echar mano del decreto ley cuando hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta. No se podría, por tanto, hacer uso de este mecanismo por la debilidad parlamentaria del partido que soporta al Gobierno.
Al menos en dos ocasiones ha declarado el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de un decreto-ley (el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad y Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes), por falta del presupuesto habilitante, al entender que no concurría una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Son las sentencias STC 68/2007 y 137/2011.
Fuentes de Génova incluso van más allá y avisan que Casado podría echar atrás todas estas medidas aprobadas 'in extremis' por el Gobierno de Sánchez en su primer Consejo de Ministros, siempre y cuando consiga llegar a La Moncloa. "Iremos viendo", concluyen.
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