Sánchez renuncia otra vez a revelar quién se acogió a la amnistía fiscal de Montoro

No se conocerán los nombres de la amnistía fiscal. Al menos si gobierna el PSOE. Pedro Sánchez renuncia de nuevo en su programa electoral a publicar quiénes fueron las 30.000 personas que en 2012 se acogieron a la medida de gracia que aprobó el Gobierno del PP. Los socialistas ya dejaron fuera de su proyecto para el 28 de abril esta medida, pero sí lo hicieron en los comicios de 2016, cuando fue una de sus grandes apuestas en materia de lucha contra el fraude fiscal y la evasión. En aquellos comicios Ferraz se manifestó en términos muy duros contra los "defraudadores" que se vieron beneficiados de esta decisión que puso en marcha Cristóbal Montoro. 

"La amnistía de la vergüenza y de Mariano Rajoy", como llamó el propio Sánchez a esa decisión excepcional, ha generado un intenso debate en el PSOE. Ha vencido el ala más al centro del partido. En el equipo económico del sanchismo sigue habiendo partidarios de introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria que permitan conocer el nombre de estos beneficiarios de la amnistía fiscal. Pero también hay pesos pesados de ese gabinete económico que no están a favor de ello, empezando por la ministra de Hacienda y responsable del programa en su parte de cifras, María Jesús Montero, que nada más llegar al cargo renunció a difundir las identidades.

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Los socialistas, en definitiva, no llevan en su proyecto para los próximos cuatro años levantar el secreto fiscal para una amnistía que consiguió aflorar 225.507 bienes o derechos y que supuso una recaudación adicional para Hacienda de 1.191 millones gracias a la famosa Declaración Tributaria Especial (DTE), el modelo 750. Solo se conocen algunos beneficiados debido a filtraciones periodísticas: los Pujol, Rato, los Franco, Diego Torres, el exsocio de Urdangarín... Pero gracias a publicaciones en los medios de comunicación. El Gobierno, ni del PP ni del PSOE, ha dado pistas sobre estas identidades.

Fuentes cercanas a Hacienda indican que publicar los nombres de los 30.000 amnistiados fiscales tendría, además, un dudoso encaje constitucional. Se vulneraría el principio de seguridad jurídica, que garantiza el carácter confidencial de los datos en ella incluidos. El Gobierno asumió, por tanto, nada más llegar al poder que no puede levantar sin más el velo de la información tributaria, de ahí que hayan descartado defender esta bandera en la nueva campaña electoral.

Solo Unidas Podemos es partidario en este momento de difundir estas identidades. En su último programa electoral se podía leer esto: "Publicar, de manera inmediata, la lista de amnistiados fiscales de los Gobiernos anteriores. Asimismo, incluiremos la prohibición de decretar amnistías fiscales en la Constitución, ya que una simple previsión legal puede cambiarse con la siguiente mayoría parlamentaria". Ni rastro de la medida en el programa de Más País.

Los socialistas sí que hacen una mención en su proyecto programático a poner coto a futuras medidas de gracia: "Se prohibirán las amnistías fiscales". Nada más.

En el Partido Popular, por su parte, llevan tiempo aplaudiendo la decisión de Sánchez de rectificar esas posturas extremas que mantuvo en el pasado. Fuentes del anterior equipo de Hacienda recuerdan que "el afloramiento de los bienes fue clave para la recuperación económica". "Ese dinero se mueve y se invierte, por lo que genera riqueza", afirman desde en entorno del antiguo ministro Cristóbal Montoro y cerebro de esta medida. La amnistía, asimismo, sirvió para que la Agencia Tributaria pueda disponer de información detallada y ordenada de decenas de miles de contribuyentes que antes no tenía, según defienden.

Entre los populares recuerdan las cifras que trajo aparejadas la amnistía. Se remiten a la Estrategia de Política Fiscal. En el último informe se repasaba que el modelo 720 (Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero) consiguió aflorar un patrimonio de 140.916 millones de euros, lo que supuso un saldo vivo de 96.878 millones de euros desde 2012.

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional anuló la amnistía fiscal del PP al considerar que el Gobierno favoreció "la conducta de quienes incumplieron su deber de tributar". Esa decisión del alto tribunal, impulsada precisamente por el PSOE, provocó que el Congreso reprobara al ministro Montoro, pero los evasores respiraron tranquilos ya que en el mismo fallo se recogía que las declaraciones tributarias no podían ser revisadas a posteriori. Ese día Pedro Sánchez afirmó que el Ejecutivo popular debía "asumir responsabilidades".