Los '110 compromisos con la España que quieres', el programa electoral con el que el PSOE de Pedro Sánchez se presenta a las elecciones generales del 28 de abril, flaquean por una batería de puntos débiles. Son, al menos, siete 'brindis al sol' en materia económica que dejan en tierra de nadie durante otros cuatro años algunas reformas tan necesarias como la del sistema de las pensiones o la de la financiación autonómica. Tampoco tienen el camino despejado medidas como las subidas de impuestos a las grandes empresas y los cambios normativos en el mercado laboral, dados los desencuentros que ya se han producido con la patronal y los sindicatos en estos meses de Gobierno.
El partido que ocupa La Moncloa en estos momentos se compromete a acabar con el déficit de la Seguridad Social en cinco años, mientras sube las pensiones anualmente con el IPC. Toda una proeza si se atiende a las advertencias de organismos como el FMI o la AIReF, que han avisado insistentemente de que actualizar las prestaciones con la inflación pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema si no se toman medidas adicionales. Los socialistas proponen elevar la aportación de las cotizaciones y también las del Estado, pero la realidad es que la reforma debe nacer del Pacto de Toledo, roto tras el estallido de la legislatura y pendiente ahora del resultado electoral, los posibles pactos entre partidos y la formación de Gobierno, con la demora que todo ello conlleva... Una reforma integral, en definitiva, se hará de rogar.
Otra de las propuesta más destacadas del documento pasa por un Pacto de Estado para reformar la financiación autonómica, caducada desde 2014. Pero esta aspiración también se antoja complicada. Los trabajos están absolutamente paralizados desde hace meses y los avances han sido prácticamente nulos desde que se conformó el grupo de trabajo el pasado septiembre. Las regiones barren para casa y el conflicto abierto con la Generalitat de Cataluña amenaza con frustrar cualquier acuerdo. De hecho, tras ganar la moción de censura, el sanchismo se planteó abordar esta reforma, pero enseguida asumieron que iba a ser imposible poner de acuerdo a las autonomías y la dejaron para la próxima legislatura.
Los socialistas también insisten en subir los impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas. Anuncios como el aumento del Impuesto de Sociedades o las tasas sobre determinados servicios digitales o las transacciones financieras han provocado el rechazo frontal de la patronal y los empresarios de los sectores afectados. De momento, los socialistas han tenido que eliminar de su programa el 'impuestazo' a la banca, tras las presiones de grandes entidades del país como Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell. Compañías como Amazon, Google y Facebook también se han posicionado en contra del impuesto 'tech'.
Otra de las propuestas más polémicas es la implantación del denominado "ingreso mínimo vital", una suerte de renta básica que se concreta inicialmente en la mejora de la prestación por hijo a cargo. La medida, no exenta de debate, genera un gran rechazo entre algunos economistas que cuestionan su coste, su financiación y su puesta en marcha por parte de las comunidades autónomas. Unidas Podemos, además, prepara una renta garantizada aún más ambiciosa que hará complicado poner de acuerdo a las fuerzas de izquierdas.
Entre el centenar de compromisos de Sánchez también aparece el que llevó por bandera a su llegada a La Moncloa pero que, poco después, vio frustrado por la falta de acuerdo en el diálogo social. Se trata de la reversión de los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral de Mariano Rajoy. La ultraactividad de los convenios, la prevalencia del sectorial, las subcontratas y otros controvertidos apartados de la norma han enfrentado a patronal y sindicatos y han acabado por echar por tierra cualquier intento de derogar la reforma de 2012. Vendrán retoques, pero serán mínimos, previo acuerdo entre los interlocutores sociales, eso sí.
Tampoco se ha librado de las críticas la subida del Salario Mínimo Interprofesional del 22%, la mayor de la democracia. Desmesurada, a ojos de algunos expertos, que han alertado de que tal incremento de los costes laborales terminará por destruir empleo. El Banco de España ha cifrado en hasta 125.000 los puestos de trabajo que desaparecerán. Pero aún así, el PSOE lleva en su programa subir todavía más el SMI "para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 4 de la Carta Social Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa". La negativa de los empresarios no tardará en llegar en forma de presión de 'lobby' por parte de la CEOE, que ya se ha puesto en guardia.
Todo ello, en base al compromiso de aprobar "inmediatamente unos Presupuestos Generales del Estado con dos grandes prioridades: cohesión social (gasto en educación, políticas de empleo, sanidad, dependencia, infancia y viviendas en alquiler para jóvenes) y fomento de la inversión productiva (I+D+i, transición ecológica e infraestructuras)". Pretenden lograr el visto bueno a unos PGE que ya tumbaron los independentistas, provocando el rechazo del Congreso y, al final, el adelanto electoral.
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