La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya tiene hechas las previsiones de facturación de las eléctricas para el nuevo año. El organismo calcula que ingresarán un total de 65.043 millones de euros por su actividad de comercialización -lo que facturan a los consumidores finales-, lo que supone un incremento del 6% en comparación con el ejercicio precedente, o lo que es lo mismo, 3.883 millones más.
Así lo recoge en su informe al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con la solicitud de propuesta para la determinación de valores unitarios de la financiación del bono social 2023, consultado por La Información.
Tal y como señala el organismo, para la previsión de los ingresos de la actividad de comercialización se suma la facturación de peajes y cargos, y la derivada de las compras en mercado. La energía suministrada por comercializadores rondará los 224.100 gigavatios hora (GWh), un 2,6% inferior a la de 2022.
Hay que señalar que dicha cifra no representa el consumo total de electricidad que se prevé en España para este año, sino que la demanda será de unos 254.700 GWh, según la CNMC, un 2,12% por encima del dato registrado el curso pasado, cuando cayó incluso por niveles debajo de la pandemia como consecuencia de los altos precios.
Más de 200 euros/MWh
"La demanda prevista en punto de consumo para el año 2023 se ha repartido entre la energía suministrada por los comercializadores y la consumida por los consumidores directos en mercado", apunta la CNMC. Los consumidores directos en mercado son aquellos que compran la energía directamente en el mercado mayorista para su propio consumo.
Pese a que el consumo estimado es menor, la facturación sube por unos mayores precios de la electricidad. La CNMC ha considerado para sus cálculos los siguientes precios: 200,75 euros el megavatio hora (MWh) para el mercado diario y 206,15 euros/MWh el precio medio final.
De su lado, las empresas como Iberdrola, Endesa o Naturgy experimentarán el mayor incremento de ingresos -que no quiere decir beneficio- en la generación. La CNMC calcula en este caso 63.618 millones de euros tras sumar los ingresos por venta en mercado, la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, la retribución específica de renovables, cogeneración y residuos (Recore) y los pagos por capacidad. Supone una fuerte subida del 13,3% frente a 2022.
Por su parte, si pasamos a las actividades reguladas, el transporte y la distribución, la facturación estimada para las eléctricas alcanza los 6.800 millones de euros, un 1,8% más interanual. En total, sumando todos los segmentos de actividad, ingresarán 136.885 millones de euros, un 9,3% más.
Menor generación
La CNMC prevé que este año caiga ligeramente la generación total de electricidad en el país tras que bajen las exportaciones a Francia, que poco a poco ha ido recuperando sus centrales nucleares. Calcula una generación de 279.167 GWh, un 1% por debajo de la de 2022, cuando incluyó el incremento de producción por la puesta en marcha de la excepción ibérica y el mayor funcionamiento de las centrales de ciclo combinado.
En cuanto a la financiación del bono social, la CNMC plantea dos escenarios. Antes, indicar que en abril del año pasado, el Gobierno incluyó en el primer megadecreto para hacer frente a los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania un nuevo método de cálculo en su intento de que sean las compañías eléctricas las que lo sufraguen, pese a que el el Tribunal Supremo le ha anulado el mecanismo hasta en tres ocasiones por considerarlo "discriminatorio".
El bono social lo financiaban las comercializadoras eléctricas y el Ejecutivo quería encontrar una fórmula que se adecúe con ese principio de no discriminación que señala el alto tribunal implicando a toda la cadena de valor. "El bono social será asumido por los sujetos del sector eléctrico que participan en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, incluyendo la producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como por los consumidores directos en mercado", señalaba el texto.
Bajo este contexto, la CNMC estima un coste del bono social de 1.000 millones de euros para 1,9 millones de consumidores, a los que habría que sumar 93 millones pendientes del año pasado. El escenario dos refleja un coste de 880 millones para 1,4 millones de consumidores -incluyendo también lo adeudado de 2022-.
Una vez determinado el coste de la financiación del bono social, el organismo que preside Cani Fernández ha establecido las cuantías que corresponde financiar a cada actividad de la siguiente manera:
- Producción 46,48%
- Transporte 1,09%
- Distribución 3,94%
- Comercialización 47,52%
- Consumidores directos 0,98%
Actualmente, es la tarifa regulada (PVPC) la que permite que los consumidores vulnerables se beneficien del bono social eléctrico. Las grandes eléctricas, representadas por la patronal Aelec, defienden que se sufrague vía Presupuestos Generales del Estado (PGE).
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