A río revuelto, ganancia de pescadores. Este refrán hace justicia a la situación que se está viviendo en el mercado de consumidores eléctricos. Las comercializadoras han lanzado campañas masivas para atraer nuevos clientes al mercado libre y esto se debe a una simple razón: es más barato. Profundizando en el asunto, una simple visita al comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) arroja un panorama que justificaría económicamente la decisión de cambio. Para una potencia instalada de 3.3 kW y un consumo anual estimado de 3.000 kWh al año, el escenario dibujado por el regulador muestra que, de todas las tarifas disponibles en el mercado, una de las menos competitivas, a día de hoy, sería precisamente la disponible para los consumidores con derecho a tarifa regulada (PVPC), con 809,33 euros al año.
Sobre el tapete, el consumidor eléctrico puede elegir entre casi una cincuentena de otras ofertas que son notablemente más económicas que continuar en un mercado en el que la subida del término de energía se sufre con mucha mayor virulencia que en las acogidas al mercado libre. Paradójicamente, la liberalización aporta una estabilidad que el regulador no tiene. Puede parecer una contradicción en términos, pero, por desgracia, tiene una explicación muy sencilla. La gran mayoría de promociones con las que cuentan las comercializadoras eléctricas se basan en periodos más largos que el día a día, hora a hora, al que están sujetos los clientes acogidos al mercado regulado. Así, la media de contratación en estos paquetes va desde el año de duración a los 24 meses, periodo tras el cual hay que renegociar las tarifas aplicables por las empresas. Esto permite disponer de precios más baratos que los regulados (siempre a día de hoy) y lo que quizá es más importante para un consumidor sometido a la volatilidad del precio de la energía: estabilidad en el pago.
Además, las tarifas del mercado libre cuentan con un regalo oculto que las hace más atractivas. Al igual que sus homólogas del mercado regulado se benefician, al menos por el momento, de la reducción fiscal, tanto del IVA como del Impuesto a la Electricidad. De esta manera, al tener una cantidad fija sobre la que no se aplica apenas ningún recargo impositivo son estables, ya que se pactan con antelación a los vaivenes del mercado energético, y más baratas, puesto que no asumen las continuas e históricas alzas en el precio del gas que, a su vez, determina el coste final de la factura eléctrica. Si se le une el incentivo fiscal aplicado por el gobierno, la diferencia es muy apreciable.
Gracias a esta realidad, el precio medio de la factura eléctrica para consumidores domésticos, que incluye a los acogidos tanto al mercado libre como al regulado, no registra movimientos significativos con respecto a 2018. Ahora bien, también es cierto que los segundos están pagando por un mismo servicio más que los primeros. Una sin razón en un mercado que en su momento fue diseñado, precisamente, para proteger a los consumidores más vulnerables para no dejarles “desamparados” en manos de las eléctricas.
Guerra comercial
Otro rasgo diferenciador entre el mercado PVPC y el libre es el carácter despiadado que se libra en el campo comercial. Mientras que el regulado es un remanso de paz en el que ocurre algo parecido como con las lentejas a la hora de comer, en el segundo se está librando una auténtica batalla comercial entre empresas. Las mejores posicionadas pueden lanzar productos combinados que incluyen, además del precio de la electricidad, otros servicios como seguros, reparaciones, mantenimientos o sustanciales descuentos en otros productos energéticos como el gas o el combustible para transporte. Esto encarece la propuesta final, pero proporciona un valor añadido que sería más caro si acudimos a su contratación particular.
Dentro de las compañías que mayor tajada están sacando del mercado regulado y del libre destacan Repsol, Fenie y Holaluz. Las tres han encontrado un auténtico caladero en los clientes que desean abandonar el PVPC y que, además, desean cambiar de compañía tradicional de prestación de este servicio. Endesa surge como la principal perjudicada, al igual que Iberdrola, si bien recuperan parte del capital perdido en sus respectivas comercializadoras de libre creación. Ambas han perdido su condición de “diez millonarias” palabras con las que se conocía a aquellas compañías que contaban con más de diez millones de clientes. Evidentemente la espoleta de este cambio estructural en la configuración del mercado la encontramos en los continuos vaivenes en los precios de la electricidad que, semana tras semana, superan récords históricos por encima de los 300 euros y unas perspectivas para 2022 que también acaban de ofrecer seguridad y estabilidad de precios para el consumidor.
¿Y qué puede hacer un usuario con contrato regulado que recibe una propuesta para pasarse al libre? Pues, además de poner buena cara para atender la decena de llamadas de empresas compeliéndole a abrazar la estabilidad de un precio fijo a dos años en el que lo único que hay que hacer es pagar y consumir la electricidad pactada, debe plantearse cual será el precio de la electricidad durante los próximos dos años y, sobre todo, pensar si las exenciones fiscales que concede el gobierno seguirán amparando al mercado libre.
En el primero de los casos, las tendencias económicas y los principales analistas pronostican un 2022 en el que el precio de la energía tenderá a estabilizarse, pero lo harán casi en la cima de la curva de precios, por lo que casi con toda probabilidad mantenerse en el mercado regulado durante el próximo año será peor opción. Sin embargo, es muy difícil asegurar que unos precios tan elevados se podrían mantener a 24 meses. Contratar durante este lapso de tiempo podría provocar el efecto inverso y que la tarifa regulada fuera más barata a finales del próximo curso y principios del que viene, que la ofrecida en el medio plazo, algo que condenaría al consumidor a pagar una energía más cara que la ofrecida en el PVPC. La segunda variable, la exención fiscal, es la más compleja. En algún momento el Estado tendrá que recuperar los ingresos perdidos vía impuestos y que ascienden aproximadamente a 1.000 millones de euros al año. Si el gobierno deseara recuperar estas pérdidas, lo más probable es que reconduzca la situación al nivel impositivo pasado, es decir, situar de nuevo el IVA al 21% y el impuesto sobre la electricidad al su nivel anterior.
Las “vacaciones fiscales” amparan al mercado regulado y al libre, pero, sobre la mesa, el ejecutivo podría devolver al segundo a la situación inicial y continuar protegiendo al consumidor acogido al PVPC que, a fin de cuentas, suele ser un público más vulnerable y que ha asumido un coste mucho mayor que el cliente libre durante el periodo de crisis en los precios de la energía. Sólo así, permanecer en el mercado regulado tendría una justificación económica que, no hay que olvidar, era la razón que hasta ahora siempre se había dado para permanecer en un “redil” en el que los precios suministrados estaban controlados por el Estado y en el que cambiarse de compañía apenas tenía sentido. Los tiempos han cambiado y la energía, quizá, también.
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