Lunes, 27.05.2019 - 05:57 h
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Hacienda no perdona y alcanza su récord con hasta 589.000 embargos de nóminas

La Agencia Tributaria ejecuta más de 7,4 millones de diligencias y dicta 4,9 millones de intervenciones sobre cuentas bancarias, el doble que en 2008.

Si de algo es consciente el contribuyente español es de que Hacienda siempre se cobra sus deudas. A la hora de confiscar, la Administración empieza por donde más duele al bolsillo: la cuenta bancaria y la nómina. Solo en sueldos y pensiones la Agencia Tributaria ordenó la cifra récord de 589.000 embargos en 2017, de acuerdo con los últimos datos actualizados del Fisco a los que ha tenido acceso La Información.

Nunca antes se habían dictado tantas diligencias sobre nóminas como en el ejercicio 2017, el último capitaneado al completo por el exministro Cristóbal Montoro al frente de Hacienda. En aquel año se lanzaron casi 600.000 embargos sobre salarios y pensiones, una cifra que duplica de largo las operaciones ejecutadas antes de la crisis (282.000 en 2008) y que no ha dejado de crecer desde entonces, hasta alcanzar su máximo histórico.

De acuerdo con las estadísticas no públicas de la Agencia Tributaria a las que ha podido acceder este diario, en 2017 se ordenaron en total más de 7,4 millones de embargos, entre cuentas bancarias, nóminas, dinero en efectivo, valores y créditos, bienes muebles e inmuebles, intereses, rentas y otros. Si bien la cifra global se ha reducido desde que superó el umbral de los 8 millones por primera vez en 2015, todavía supone mucho más del doble de los 3,2 millones de diligencias registradas en 2008.

Son, en gran medida, los efectos de la crisis que todavía arrastra la economía española. A pesar de la recuperación a nivel macro, los problemas de impagos siguen afectando a particulares y empresas tanto como en los peores años de la recesión, cuando Hacienda disparó los embargos hasta los 7,2 millones (año 2012) y 7,6 millones (2013), cifras próximas a esos 7,4 millones de diligencias efectuados en 2017.

Paradójicamente, parte de la explicación sobre esta evolución se basa en el mejor desempeño económico. "La evolución de la economía, de la renta y los distintos activos en posesión de los deudores explican la evolución del número de diligencias emitidas contra esos bienes", explica el portavoz de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Manuel García. En este sentido, los embargos sobre sueldos, salarios y pensiones se elevan en la medida que lo hace el empleo. "Al aumentar el número de deudores que salen del desempleo, la Administración incrementa su capacidad de embargo. A su vez, quien trabaja puede abrir más cuentas en el banco y/o aumentar el saldo disponible susceptible de embargo. Y es que a más negocios con establecimiento abierto, mayor será la posibilidad de realizar un embargo en efectivo o de caja", detalla García.

Los datos recabados por La Información reflejan perfectamente la estrategia de Hacienda que, en base a la Ley General Tributaria, se rige por un orden prioritario de embargo en función de la liquidez inmediata que generan los bienes. Antes incluso de las nóminas, el fisco se dirige a las cuentas bancarias, el objeto estrella de los embargos. En 2017 se tramitaron un total de 4,9 millones de diligencias sobre cuentas en entidades financieras, una cantidad que, al contrario que en el caso de los sueldos y pensiones, sí se ha visto reducida en los últimos años, aunque todavía multiplica por más de dos los 2,4 millones de 2008.

Después de la cuenta del banco y antes que el sueldo, la mayoría de intervenciones de la Agencia Tributaria afectan a valores y créditos de los contribuyentes. Aquí las órdenes de embargo se han disparado hasta superar las 1.200.000, cuando en el año 2008 apenas suponían algo más de 280.000. También se observa un fuerte incremento en las diligencias sobre el efectivo, que pasan de 171.000 a más de medio millón, y sobre bienes inmuebles, que se duplican al elevarse hasta 33.700 en 2017, desde las 15.300 de nueve años antes. Por contra, caen las órdenes de embargo de bienes muebles (coches, joyas, aparatos electrónicos...) de 124.000 a unas 80.000, y suben otras menos representativas, como las dirigidas a intereses, rentas y otros (de 1.000 a 4.600 diligencias).

Fuentes de la Agencia Tributaria rehúsan analizar de manera pormenorizada la evolución de los embargos, más allá del impacto de la crisis en el endeudamiento de los contribuyentes y las cifras de impagos. Eso sí, aclaran que los datos se ven engordados porque "una misma deuda puede generar varias diligencias". Por ejemplo, en casos en los que la misma cuenta bancaria resulta embargada varias veces a lo largo del año. Asimismo, explican que, en muchos casos, se ejecutan medidas cautelares, como en los embargos de inmuebles que no terminan en subasta pública y permiten la previsión de disponer, pero no de vender. 

Falta de transparencia y vacío estadístico

La falta de transparencia y el vacío estadístico emborronan la actuación de la Administración en lo que se refiere a los embargos. Las diligencias que dirige la Agencia Tributaria a ciudadanos particulares, empresas y autónomos que no hacen frente a sus obligaciones de pago son muy diversas, y van desde las referidas a deudas con la propia Hacienda hasta las relacionadas con impagos a la Seguridad Social, pero también incluyen las generadas por multas o resoluciones judiciales. 

Y es que la colaboración de la administración tributaria con otras administraciones y organismos estatales y autonómicos es muy común para efectuar el cobro de deudas, tal y como explican desde la Agencia Tributaria fuentes que ponen como ejemplo los embargos que efectúa Hacienda sobre cuentas bancarias por multas de tráfico impagadas.

Es importante recordar que la misma Ley General Tributaria establece el respeto al "principio de proporcionalidad" en la ejecución de embargos. Según aclaran las fuentes de Hacienda consultadas, este principio implica que los bienes confiscados deben fijarse de manera proporcional al volumen de la deuda. En el caso de las nóminas, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 607, establece que no se pueden embargar los salarios, pensiones o retribuciones que no superen la cuantía señalada para el Salario Mínimo Interprofesional (900 euros en 2019), y que cuando estos ingresos excedan esas cantidades se embargarán conforme a una escala que oscila entre varios umbrales, como se explica en este artículo donde se detalla cómo actuar ante un embargo de Hacienda.

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