Emili Mas se ve obligado dejar el cargo en INCASOL tras ser imputado por Garzón

  • Barcelona.- El gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), Emili Mas Margarit, es uno de los once nuevos imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el caso Pretoria de corrupción urbanística, lo que le ha llevado hoy mismo a dejar el cargo, decisión aceptada por la Generalitat.

La Oficina Antifraude se encarga de la administración de Gramepark a petición de Garzón
La Oficina Antifraude se encarga de la administración de Gramepark a petición de Garzón

Barcelona.- El gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), Emili Mas Margarit, es uno de los once nuevos imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el caso Pretoria de corrupción urbanística, lo que le ha llevado hoy mismo a dejar el cargo, decisión aceptada por la Generalitat.

En un comunicado remitido por el Incasòl se indica que ante la citación de Mas como imputado, como recoge el auto de la Audiencia Nacional dado a conocer hoy, los consellers de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, y el de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, han aceptado la renuncia voluntaria del cargo de gerente.

En el mismo comunicado se informa de que Mas había puesto su cargo a disposición "con tal de preservar el buen nombre del Instituto y facilitar la instrucción del sumario, hasta que se aclaren las responsabilidades que puedan derivarse".

Algunas de las nuevas personas citadas son o han sido cargos públicos, como ocurre con Mas, quien el pasado mes de abril intervino supuestamente en unas conversaciones con algunas de las personas imputadas para que el Ayuntamiento de Santa Coloma emitiera facturas falsas "con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos" por valor de 1,3 millones de euros.

Tras conocer que su nombre aparecía en el auto de Garzón, el pasado 3 de noviembre, Emili Mas negó que hubiera mantenido estas conversaciones con los implicados en la trama con objeto de falsificar facturas y defendió su "honestidad y transparencia", a la vez que expresó su "máxima disponibilidad" a colaborar con la justicia.

"En ningún caso hablé de falsificación de facturas u otros documentos para presentar al Fondo de Cohesión u otros fondos europeos, ni di instrucciones al Ayuntamiento (de Santa Coloma de Gramenet) o a la empresa Gramepark", remarcó entonces el gerente del Incasol.

Según el ya ex gerente del Instituto, en aquella reuniones, registradas entre el 16 y el 20 de abril, se limitó a tratar de conseguir que la ejecución de los proyectos en Santa Coloma de la Ley de Barrios de Cataluña "no tuvieran retrasos" y que se ajustara a lo que ocurría en otros municipios con un "porcentaje de ejecución muy superior".

El propio conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, defendió inicialmente la actuación de Mas y atribuyó a "una confusión" la aparición del nombre del ahora dimitido gerente del Incasol en el primer auto de Baltasar Garzón sobre esta trama de corrupción urbanística.

En este auto, el juez de la Audiencia Nacional señalaba que Mas mantuvo conversaciones con el ex diputado del PSC Luis García, "Luigi" -considerado cabecilla de la trama-, con el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y con el dimitido concejal y presidente de la sociedad Gramepark Manuel Dobarco, todos ellos encarcelados.

Además, los grupos que apoyan al gobierno catalán se mostraron reacios unos días más tarde a que Mas compareciese en el Parlament para explicar por qué el Incasol aparecía citado en el auto judicial del caso Pretoria, tal y como reclamaban CiU y PPC.

A pesar de la petición de esta comparecencia, la federación nacionalista ha mantenido en este asunto una postura cauta a la hora de pedir cuentas al gobierno catalán mientras no hubiera datos sólidos que avalarán imputaciones firmes de nuevas personas.

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