Lunes, 22.04.2019 - 02:26 h
A la espera de la nueva regulación

El empeño de Robles por fiscalizar la venta de armamento paraliza la industria

La norma que quiere garantizar que el material militar será usado para el fin con el que se vendió sigue en espera seis meses después de anunciarse.

Foto de Margarita Robles, materia de Defensa / EFE
La ministra de Defensa, Margarita Robles, comprobando un chaleco militar. / EFE

"El Gobierno sabe lo que está vendiendo, son (bombas) láser de alta precisión y, por lo tanto, si son de alta precisión no se van a equivocar matando yemeníes". La singular explicación de la ministra portavoz, Isabel Celaá, a la decisión del Gobierno de enmendar la plana a su ministra de Defensa, Margarita Robles, y ejecutar finalmente el contrato de venta del mencionado material militar al Régimen de Arabia Saudí para evitarse un problema mayor con la eventual cancelación del millonario contrato del país con Navantia para la construcción de cinco corbetas, se ha convertido en uno de los momentos más memorables de la 'minilegisltura' de nueve meses del Gobierno Sánchez.

La realidad es que el Ejecutivo sí sabía lo que estaba vendiendo (400 bombas de altas precisión), pero no terminaba de tener claro el uso que se les iba a dar y por eso Defensa deslizó la posibilidad de cancelar ese contrato -firmado durante el mandato de Pedro Morenés en 2015- ante el riesgo de que se utilizaran para bombardear población civil. Al final pesó más en el ánimo del Gobierno la dimensión económica de las relaciones comerciales con el régimen en el ámbito militar (932 millones en exportaciones entre 2015 y 2017), pero la titular de Defensa no renunció a un replanteamiento general de las ventas de armas, efectos militares y material de doble uso al extranjero: advirtió de que se analizarían los contratos uno a uno y anunció que se aprobaría por primera en España vez una nueva reglamentación para garantizar que el material militar vendido se utilizara única y exclusivamente para los fines fijados en el contrato.

Seis meses después de la crisis la industria militar española continúa esperando ese nuevo protocolo y, según fuentes del sector, ya ha empezado a pagar la factura de ese análisis exhaustivo por parte de las autoridades de los contratos de venta de material militar al exterior en forma de retrasos y, en algunos casos, hasta pérdida de contratos. "Desde la crisis de septiembre las autorizaciones se están retrasando más de lo normal y eso ha generado preocupación en el sector", explica una fuente de una organización empresarial vinculada a la industria militar. "En este mercado, si cierras un compromiso con un comprador y tardas más de la cuenta en atenderlo, te quedas sin contrato", ratifica.

El control de las ventas de material militar y productos y tecnologías de doble uso al extranjero depende de la Secretaría de Estado de Comercio (ahora dependiente del Ministerio de Industria) y de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), precisamente el organismo encargado de otorgar las licencias para la exportación de este tipo de material y al que el Ministerio de Defensa elevó el famoso contrato de las bombas de alta precisión con Arabia Saudí. 

La intención del Gobierno era proporcionar a la JIMDDU y a la industria unas pautas claras a la hora de vender material militar al exterior y de autorizar esas ventas en línea con la hoja de ruta que el PSOE defendía en un programa: cumplir con la normativa internacional de comercio de armas, incrementar la transparencia y el control parlamentario sobre este tipo de contratos y denegar la autorización exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria a la dignidad inherente al ser humano. Es decir, el argumento que utilizó Margarita Robles para bloquear el contrato de venta de bombas a Arabia y que Moncloa revocó.

Un borrador y poco más

De momento no hay visos de que ese protocolo se active a corto plazo. Lo poco se sabe en el sector -ni desde la Secretaría de Estado de Comercio ni desde el Ministerio de Defensa se ha respondido a la demanda de La Información para conocer el estado de tramitación de esta nueva regulación- es que Defensa ha hecho circular un primer borrador con unas líneas muy generales y que parece poco probable que éste pueda tener algún recorrido antes de las elecciones generales del 28 de abril.

La industria no oculta su preocupación por el asunto en un contexto, además, menos favorable que otros años. Según los últimos datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Comercio sobre exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, correspondientes al primer semestre de 2018, el valor de estas exportaciones ascendió en la primera mitad del año a 1.705,2 millones de euros, un 16,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Dos de cada tres euros ingresados por esas exportaciones procedieron de países de la UE, el 76,9% fue a países de la OTAN. De los 388 millones de euros ingresados por ventas de material militar a países no OTAN y no UE, las ventas a Arabia Saudí supusieron alrededor de la mitad de la factura: 183,4 millones de euros.

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