La compañía presidida por Florentino Pérez ha cumplido su amenaza y acaba de presentar en los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao la imputación de los acuerdos de la Junta de Iberdrola por los que se vetó la entrada de un representante de ACS.
La constructora también ha tomado acciones legales contra la decisión de reducir a 14 el número de miembros de la compañía eléctrica y ha presentados seis informes periciales con los cuales el grupo de infraestructuras asegura probar que no existe ningún conflicto que justifique el veto a su consejero.
En concreto, estos informes sostienen que ACS no puede ser considerado un competidor de Iberdrola. Por tanto, ACS considera que debe reconocerse su posición de primer accionista y dársele un hueco en el consejo de administración de Iberdrola.
Con este paso, la guerra que mantienen desde hace años estas dos compañías ha llegado definitivamente a los tribunales. Un campo de batalla que ya estrenó la eléctrica dirigida por Ignacio Sánchez Galán hace dos semanas, cuando presentó una denuncia contra ACS, acusándole de falsear sus cuentas por no reconocer la pérdida de valor de sus participaciones, en concreto, del 12% que tiene la constructora en Iberdrola.
La eléctrica no ha tardado en reaccionar y ha enviado una nota de prensa refrendándose en su postura. En concreto, la compañía "reitera que existe un conflicto de competencia con ACS evidente, nítido y reconocido con la constructora".
Iberdrola asegura que "está acreditado por diversos informes económicos y dictámenes jurídicos elaborados por PricewaterhouseCoopers, Nera, Uría y Menéndez, Ramón y Cajal y Cortés Abogados, que fueron puestos a disposición de los accionistas en la Junta General".
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