El objetivo era presentar las principales conclusiones del último informe de la OCDE sobre los efectos del envejecimiento de la población, pero el acto acabo convirtiéndose en una refriega entre los técnicos del Ministerio de Empleo y los de la OCDE a cuenta del mayor o menor rigor metodológico del estudio y del mayor o menor acierto de sus conclusiones. El anfitrión era Fedea, el think tank de referencia de los organismos internacionales para todo lo referente a envejecimiento y sistema de pensiones, y los actores Monika Queisser, jefa de la División de Políticas Sociales de la OCDE y Manuel Flores, economista de esa misma división, y un grupo de técnicos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En el Ministerio sentó bastante mal encontrarse la semana pasada - cuando se publicó el informe- con una riada de titulares según los cuales la OCDE no solo cuestionaba la capacidad de España para garantizar una pensión digna en el futuro a buena parte de sus ciudadanos sino que también resaltaba la incapacidad del sistema de pensiones para reducir las desigualdades entre los ciudadanos.
"No tenemos claro en qué información estadística se basa el estudio porque lo hemos replicado según las bases estadísticas oficiales y los resultados son muy distintos, y tampoco podemos estar de acuerdo con muchas de sus conclusiones", espetó el director general de Estadísticas y Análisis Laboral del Ministerio, Juan Luis Gimelo Chocarro. El director general de Ordenación Económica de la Seguridad Social, Miguel Ángel García, también intervino para rechazar las dudas que subyacen en el informe sobre la capacidad de las pensiones para reducir la desigualdad. "Tal vez esa conclusión sea aplicable a otros países, pero sin duda no a España".
El asunto no se quedó ahí. Los técnicos del Ministerio cuestionaron la metodología del informe, cuestionaron que la OCDE asegure que la merma de ingresos laborales se traduce de forma directa en una merca de ingresos por pensiones cuando existe todo un sistema de pensiones mínimas que protege a los salarios bajos y una pensión máxima que topa la percepción que pueden recibir las rentas altas, afeó a la OCDE que no tuviera en cuenta en su estudio el efecto del completo sistema de prestaciones asistenciales, servicios sanitarios y asistencia social española, que protege a los mayores españoles; y que negara los avances de España en la reducción de la brecha de género, tanto en el mercado laboral como en las pensiones.
"Los desequilibrios están ahí"
El Ministerio acusó a la OCDE, al cabo, de orientar su foco hacia un asunto, la desigualdad entre los pensionistas, que "siendo mejorable es, probablemente, el menor de nuestros problemas", y de pervertir el papel de moderador del debate que debe tener el organismo. "No podemos olvidar que los que mejor han salido de la crisis han sido los pensionistas. Es una realidad", aseguraron los técnicos del Ministerio.
La OCDE aceptó parte de las críticas, pero rehusó las referidas a la metodología. Queisser y Flores argumentaron que toda la información que figura en el estudio se basa en datos reales de fuentes oficiales, que, eso sí, han sido armonizadas "en la medida de lo posible" con las del resto de países de la OCDE.
"Somos muy conscientes de que el sistema de pensiones no puede resolver todos los problemas que se generan en el mercado de trabajo", concedió Mónica Queisser, "pero son desequilibrios que están ahí y únicamente los ponemos de manifiesto".
El informe de la OCDE concluye, entre otras cosas, que los jubilados del futuro tendrán pensiones más desiguales que los del presente, que los jóvenes y las mujeres llegarán a la condición de pensionista con dificultades serias para tener una pensión digna y que España, al contrario que otros países desarrollados, no dispone de una red de mecanismos redistributivos que reduzcan esta desigualdad.
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