Los peores augurios sobre las catastróficas consecuencias que podría tener la subida del salario mínimo interprofesional en términos de destrucción de empleo se han incumplido. El mercado laboral va como un tiro y ese es el principal argumento que va a utilizar Yolanda Díaz para presionar a Nadia Calviño por una nueva subida de esta referencia salarial desde enero de 2022. El ala socialista de la coalición es partidaria de retrasar la decisión al próximo año, pero en Unidas Podemos quieren avanzar en la senda de crecimiento pactada de manera inmediata. El 'timing' dependerá de cómo evolucione la negociación de la reforma laboral, según avanzan fuentes gubernamentales, lo que aboca a una recta final del año de alta tensión.
El Gobierno acaba de publicar las estadísticas de paro y afiliación a la Seguridad Social de noviembre y los datos hablan por sí solos: se pulverizan todos los récords y el mercado laboral retoma el tono previo a la pandemia. El desempleo cierra su ciclo más prolongado de caídas consecutivas desde que hay registros y la afiliación alcanza el nivel más alto de la serie histórica. Bajo el argumento de que las recientes subidas del SMI no solo no han provocado destrucción de empleo sino que han convivido con una positiva dinámica en el mercado laboral (descontado el shock de la pandemia) desde el Ministerio de Trabajo defienden que no son necesarios buenos datos de empleo para justificar otro incremento del salario mínimo, pero sin duda este colchón empodera a Díaz para presionar en esa dirección.
"Desde que hemos subido el salario mínimo no hay ningún dato que advere que destruye empleo, como muchas voces han intentado hacer ver en España", aseguraba recientemente la ministra de Trabajo, que pedía trabajar "con rigor y no con ideología" sobre esta herramienta clave para "combatir la pobreza laboral y la brecha de género". Díaz considera que los datos más recientes del mercado laboral avalan su teoría y la defiende a capa y espada a pesar de que organismos como el Banco de España han advertido en no pocas ocasiones sobre los efectos adversos que las subidas del SMI, sobre todo cuando son intensas, pueden provocar en el mercado laboral, especialmente entre colectivos de baja productividad, jóvenes o mayores de 45 años.
Para dar empaque al objetivo gubernamental de situar el SMI en el 60% del salario medio al final de la legislatura -y sobre todo para armarse de argumentos en el debate interno en el seno del Gobierno, tras el choque frontal entre Trabajo y Economía que impidió poner en marcha una subida del SMI desde el 1 de enero de 2021- Díaz designó una comisión de expertos que determinaron que el salario mínimo tendría que subir entre 12 y 19 euros ya este año para alcanzar entre 1.011 y 1.049 euros en 2023. Finalmente, fruto del acuerdo con los sindicatos -la patronal no se sumó al pacto- el Ejecutivo aprobó un aumento de 15 euros, hasta los 965 euros mensuales, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. Después de nueve meses de rechazo de Calviño a esta medida, Díaz logró ponerla en marcha y se comprometió a abordar otra subida de cara al 1 de enero de 2022.
Cuando quedan apenas cuatro semanas para que acabe el año, el Gobierno todavía no ha convocado a los agentes sociales para abordar en la mesa de negociación la eventual subida del SMI para 2022. Hay que recordar que, aunque la decisión es potestad exclusiva del Ejecutivo, éste tiene que consultar con la patronal y los sindicatos. El problema es que el diálogo social está inmerso en la intensísima negociación de la reforma laboral y todo apunta a que no se resolverá hasta el último minuto. Toda vez que la negociación paralela de ambos asuntos está descartada, según informan fuentes gubernamentales, solo quedaría la opción de que el acuerdo en materia laboral se cerrase con margen suficiente para abrir una negociación exprés del SMI que permitiera aprobar un real decreto antes de fin de año.
Ante lo ajustado del calendario, el Gobierno ha decidido multiplicar tanto las reuniones del diálogo social (se ha pasado de una a tres semanales) como las del Consejo de Ministros (ahora se celebran dos cada semana, los martes y los viernes). Con este movimiento, el Ejecutivo pretende intensificar la actividad gubernamental para "consolidar la recuperación económica", según defiende Moncloa. Sin embargo, en la agenda de la coalición no hay una fecha marcada para el SMI. Desde Unidas Podemos defienden que la subida se apruebe cuanto antes y entre en vigor desde el 1 de enero, pero el área socialista abre la puerta a que el incremento pueda ponerse en marcha entrado el año, como sucedió en 2020, cuando se aprobó en febrero.
En estos momentos no se descarta ningún escenario. Pero la incógnita no solo está en el cuándo sino también en el cuánto. En teoría, según los cálculos del comité de expertos, si el SMI ha subido en 15 euros en 2021 debería incrementarse en 31 euros en 2022. Así se cumpliría la senda fijada en esa horquilla intermedia que marca otros 31 euros en 2023 para alcanzar los 1.027 euros al final de la legislatura. Los sindicatos, en principio, trabajan con el escenario de que el Gobierno abrirá la negociación del SMI en lo que queda de año, aunque sea in extremis, mientras la patronal no quiere ni oír hablar de incrementos de los costes laborales, especialmente tras haber rechazado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de las pensiones, que implica un incremento de las cotizaciones sociales. El salario mínimo, en cualquier caso, no necesita el aval de los empresarios.
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