Cerca de un millón de desempleados de entre 45 y 54 años dejarán de ser objetivo prioritario de las políticas de empleo este año 2018, según la redacción definitiva del último Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) acordado entre el Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas y cuyo objetivo es determinar las líneas principales de acción a seguir durante el ejercicio por los servicios públicos de empleo.
El capítulo de 'objetivos estratégicos' del nuevo PAPE, que según la propia definición que proporciona el plan hace referencia a "aquellos que adquieren especial relevancia en un momento determinado y sobre los cuales se tiene que focalizar el esfuerzo (de las políticas de empleo) durante un tiempo", ha excluido a este segmento de edad - que se corresponde con el núcleo de la generación del 'baby-boom' (nacidos entre 1960 y 1975)- por primera vez desde que en el año 2015 se incorporara al radio de las medidas prioritarias de las políticas de empleo.
Desde ese momento, las iniciativas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores mayores de 45 años, singularmente la de aquellos que aparecían como beneficiarios de alguno de los subsidios creados para reforzar la red de seguridad destinada a desempleados (Plan Prepara, Plan de Activación para el Empleo o Programa de Acción Conjunto), se hicieron un hueco en el capítulo de objetivos estratégicos del PAPE. La relevancia del asunto no era menor. Figurar como objetivo estratégico obliga a los servicios regionales de empleo a cumplir a satisfacción con los indicadores establecidos por el plan, ya que su mayor o menor cumplimiento determina los fondos que recibirán del Estado para desarrollar sus políticas activas al año siguiente.
En el caso de las medidas orientadas al segmento de trabajadores mayores de 45 años, que ponderaba incluso por encima del de menores de 30 años a la hora del reparto de fondos, el Plan exigía a los Servicios de Empleo de las diferentes comunidades autónomas proporcionar a los desempleados en este tramo de edad al menos un servicio de atención específica orientada a su empleabilidad en el curso del año e incentivaba económicamente el nivel de inserción conseguido entre los seis y los doce meses posteriores a recibir dicha atención.
La evolución del mercado laboral, unida a las medidas de atención específica previstas, han conseguido que entre el peor momento de la crisis para el mercado de trabajo - a mediados de 2013- y el último dato disponible - del último trimestre de 2017- el número de desempleados en este segmento de edad se haya reducido en cerca de 400.000 y que la tasa de paro haya caído del 22,2% al 14,3%. Sin embargo, el número de desempleados en este tramo de edad asciende todavía a 885.500 y lo que es más grave alrededor de la mitad de ellos (408.000) llevan más de dos años sin encontrar un empleo.
Un panorama que no ha impedido que Empleo y comunidades autónomas hayan decidido elevar a 55 años el umbral del colectivo de desempleados susceptibles de permanecer en el radio de acción más intensivo de los servicios públicos de empleo.
Subsidios y poco más
Para Diana Posada, consultora de Analistas Financieros Internacionales (AFI), el cambio de prioridades en las políticas de empleo "no es una buena noticia". Argumenta que la tasa de paro en este segmento (14%) es prácticamente idéntica a la de los desempleados mayores de 55 años, con la salvedad de que el número de activos ha crecido más entre los trabajadores de mayor edad, lo que indica una mayor resistencia a la reducción del paro entre los trabajadores de 45 a 54 años. Además, el porcentaje de personas en este tramo que llevan más de dos años sin encontrar un empleo es aún superior a la de los menores de 30 años: 6,6% frente a 5,8%.
Fuera del radio de las prioridades estratégicas del Plan Anual de Políticas de Empleo y de su cuasi-obligatoriedad para los servicios regionales de empleo, a los mayores de 45 años les quedan las políticas pasivas, es decir, los subsidios previstos por el Gobierno para parados de larga duración y la política oficial de bonificaciones a la contratación, de la que también se benefician. Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, el próximo año la política de estímulos a la contratación de mayores de 45 años contará con un presupuesto de 35 millones de euros.
Eso, siempre que el Gobierno no recoja la propuesta de CEOE de eliminar el límite de edad para formalizar contratos de formación y aprendizaje, que luego parece haber matizado pidiendo que al menos se les permite formalizar esos contratos con personas mayores de 45 años con problemas de empleabilidad.
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