El frenazo que la economía española registró en la segunda mitad de 2022 se cebó con el empleo privado, un indicador clave para testar las expectativas que los empresarios tienen sobre el comportamiento de la actividad a corto y medio plazo. Según las dos últimas ediciones de la Encuesta de Población Activa, este perdió un total de 76.500 ocupados de julio a diciembre, sobre todo por el 'pinchazo' del tramo final del ejercicio cuando, según el INE, los empresarios habían visto deteriorarse sus niveles de confianza en relación al verano. El PIB nacional venía de crecer apenas un 0,1% entre julio y septiembre pese al tirón del turismo, que por entonces estaba más cerca de recuperar niveles precovid.
Fueron meses en los que empezó a temerse que España entrase en una leve recesión técnica que, al menos de momento, los organismos internacionales o el Banco de España habrían descartado. Meses de incertidumbre, con la inflación en máximos (tocó techo en julio en el 10,8%) que contribuyeron a agudizar el malestar de los empresarios en relación a algunas decisiones con las que el Gobierno ha buscado repartir los costes de la crisis inflacionaria, como los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas o el impuesto solidario a las grandes fortunas.
La instantánea con la que el mercado de trabajo encara el nuevo ejercicio está marcada por una caída de la ocupación en 81.900 personas en el último trimestre y por un incremento del desempleo en 43.800 hasta superar de nuevo la barrera de los 3 millones de parados al cierre del ejercicio. El empleo ha aguantado casi de forma estoica a los últimos coletazos de la pandemia, el aumento de los costes de producción por el encarecimiento de la energía, las materias primas y el transporte; la falta de visibilidad a futuro, unos costes de financiación mayores con la subida de tipos más acelerada desde la creación del euro (250 puntos básicos en medio año) y los primeros signos de debilitamiento del consumo de los hogares.
Ministros de Podemos y empresarios... cara a cara
En pleno año electoral, los enfrentamientos más evidentes entre el bloque 'morado' del Gobierno de coalición y los empresarios, cuando la situación del empleo se ha debilitado tanto en los últimos meses, no hacen sino añadir más leña al fuego. Las acusaciones de la Ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, a las grandes distribuidoras como Mercadona o Carrefour de "llenarse los bolsillos" con los precios de los alimentos (coincidiendo con la bajada del IVA a estos productos aprobada por el Ejecutivo) han sido el último ejemplo, pero no el único.
El pacto con EH Bildu para el control de los despidos colectivos por parte de la Inspección de Trabajo o la subida del Salario Mínimo Interprofesional por la que apuesta la vicepresidenta Yolanda Díaz, más próxima a la tesis de los sindicatos, también han caldeado el ambiente con la patronal. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, salía al paso de ambas polémicas esta misma semana, al incidir en que hay que "bajar el tono en general" de las declaraciones y al hacer hincapié, además, en que los incrementos del SMI deben ser compatibles con la creación de empleo.
Sin embargo, el deterioro de las relaciones es ya un hecho. Antes siquiera de estos dos episodios la CEOE llegó incluso a plantarse y descartó sentarse de nuevo a la mesa negociadora para seguir abordando reformas clave como la segunda parte de la de las pensiones, que en principio está previsto aprobar antes de finales de mes para que pueda entrar en vigor de forma retroactiva desde el 1 de enero (al igual que sucedería con el alza del SMI). Los empresarios parecen poco dispuestos a ofrecer más muestras de entendimiento con el Ejecutivo -al menos de cara a la galería- y prácticamente dan por rotas las conversaciones, en una postura que fuentes próximas al Gobierno temen que responda a una estrategia preconcebida.
Elecciones y los retos económicos pendientes
Enfrentamientos con los empresarios y una batería de elecciones a la vista (en mayo se celebran municipales y autonómicas y a finales de año las generales) no casan demasiado bien en un ejercicio en el que España deberá hacer frente al reto de captar inversores internacionales para poder suplir las compras de deuda soberana que hasta ahora venía llevando a cabo el BCE. Hasta ahora esto no está siendo un problema. El miércoles, el Tesoro captó 13.000 millones en un bono a 10 años con un cupón del 3,15%, el más alto desde 2014, con una demanda que llegó a superar los 86.000 millones, la segunda más elevada de la historia.
Habrá que ver qué sucede a partir de marzo, cuando el BCE pase a convertirse en vendedor neto de deuda y empiece a desprenderse del pasivo que acumula en su balance. Los bancos, con los que la tensión también ha sido evidente los últimos meses, deberán ocupar una parte importante de ese hueco que deja el emisor. Un proceso de adjudicación más ágil del grueso de los fondos Next Generation, la posible llegada al país de nuevos proyectos de grandes empresas (el pasado ejercicio cerró con un récord histórico de inversión extranjera, al haber atraído España 32.800 millones hasta noviembre) y un panorama menos negativo de lo previsto, si aflojan las tensiones de precios y la economía aguanta el tirón pese a la caída de actividad prevista para algunos de los socios de la Eurozona, pueden dar algo de oxígeno al Gobierno de cara a los próximos meses.
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