'Santa Ayuso', el apelativo popularizado en determinados ámbitos del sector hostelero madrileño para ensalzar la política de 'puertas abiertas' mantenida contra viento y marea por la presidenta de la Comunidad de Madrid incluso en los momentos más duros de la segunda y la tercera ola del virus, mientras en el resto de comunidades autónomas se optaba por obligar a cerrar a bares y restaurantes, aún no ha destinado un solo euro del presupuesto regional en ayudas directas a las empresas bien para apuntalar su solvencia o bien para compensarlas por la caída de ingresos derivada de las restricciones a su actividad implantadas en primera instancia por el Gobierno Central y en un último término por el Gobierno regional en el marco del estado de alarma.
De hecho, la única iniciativa de esta naturaleza se planteó desde el área de Gobierno de Ciudadanos, en concreto desde la ya extinta Consejería de Economía de Manuel Giménez, que desde principios de año venía publicitando un plan de rescate dotado con 1.000 millones de euros, de los cuales 400 millones irían destinados a paliar la situación de las familias más vulnerables y los 600 millones de euros restantes a respaldar la actividad de pymes y autónomos, con 235 millones de euros para ayudas directas no reembolsables a los sectores más afectados por la crisis: comercio, industria, restauración, hostelería y turismo.
El plan, muy esperado por los empresarios madrileños, 'hibernaba' a la espera de su encaje en el proyecto de Presupuestos de 2021 cuando sobrevino el terremoto político, que en cosa de unas horas acabó con Ciudadanos fuera del Gobierno y con una convocatoria electoral para el próximo 4 de mayo. Aún con el estupor estampado en sus rostros por lo que acababa de suceder, un puñado de empresarios madrileños de los sectores del comercio, el turismo y la hostelería - los más zarandeados por la crisis - trasladaron apenas unas horas después de la convocatoria electoral un mensaje al entorno más cercano a la presidente Ayuso, instándola a evitar que el plan de ayudas directas a las empresas caiga en el olvido y pidiéndole que el Ejecutivo explore los resquicios legales disponibles para, si fuera posible, conseguir su aprobación antes de las elecciones autonómicas.
Los empresarios madrileños no esconden su temor a que la convocatoria electoral desemboque en una paralización administrativa que se prolongue hasta el verano en el peor momento posible, con miles de negocios en la cuerda floja y necesitados de un apoyo público para poder seguir adelante. No son pocos los empresarios que recuerdan, en este sentido, que esas ayudas directas no son ningún regalo sino la necesaria compensación por los daños y perjuicios que se les ha causado por las restricciones a la actividad impuestas por las autoridades. Algunas empresas, de hecho, han decidido no esperar más a las compensaciones públicas y han iniciado los trámites para reclamar en los tribunales la responsabilidad patrimonial de la Administración por esos daños y perjuicios.
A Madrid sí llegarán la parte de los 5.000 millones de euros en ayudas directas aprobadas por el Gobierno Central y que distribuirá la Comunidad de Madrid. Al menos así lo ha garantizado el Ejecutivo regional. Pero los empresarios madrileños consideran que este cañón de ayudas públicas debe ser complementado con una actuación desde el Gobierno regional.
El Gobierno regional no descarta ayudas directas a corto plazo
Sobre el papel el principal problema con el que se podría encontrar el Gobierno madrileño a la hora de habilitar un plan de ayudas directas sería legal. La normativa restringe el margen de maniobra del poder ejecutivo una vez que se han convocado elecciones a la gestión de los asuntos ordinarios de la operativa gubernamental y eso se ha interpretado normalmente como la imposibilidad de aprobar nuevas iniciativas legales. El principio no obstante es laxo, como se demostró durante la época de los famosos 'viernes sociales' en los que el primer gobierno de Pedro Sánchez aprobó diversas iniciativas por decreto ya con las elecciones generales en el horizonte.
El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, llamado a asumir también la cartera de Economía durante los dos próximos meses, abrió el pasado viernes la puerta a la posibilidad de cumplir los anhelos de los empresarios madrileños. "Estamos preparados para poner en marcha ayudas propias de la Comunidad de Madrid y el hecho de que haya convocadas elecciones en absoluto impide que se vaya a seguir avanzando, y que esas ayudas lleguen adónde tienen que llegar", subrayó en una declaración institucional, sin aclarar eso sí a que ayudas directas se refería.
Lo que parece claro es que ese plan de ayudas directas, de aprobarse, no se parecerá en nada al planteado en su momento desde el área de Gobierno de Ciudadanos. Fuentes del Ejecutivo madrileño aseguran que Ayuso no se siente ni concernida ni condicionada por los proyectos que se pudieran manejar en una u otra consejería y que no hubieran sido aprobados en Consejo de Gobierno, y que lo que se haga se activará bien porque ya hubiera sido aprobado con anterioridad o porque sea iniciativa del Gobierno actual.
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