El diálogo social ha allanado el camino al Gobierno para que pueda modificar de forma pacífica y de manera temporal la regulación de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo a fin de que las empresas puedan adaptarse a la repentina caída de la actividad derivada de la crisis del 'coronavirus' y puedan evitar, según reza el texto distribuido por los agentes sociales a los medios de comunicación, "situaciones irreversibles para las empresas y el empleo".
El acuerdo, que todo apunta a que será trasladado de forma urgente al ordenamiento legal por el Gobierno en su reunión extraordinaria de ministros de este jueves, insta al Ejecutivo a habilitar la posibilidad de que las empresas puedan acogerse al canal express de la 'causa de fuerza mayor' para realizar los ajustes temporales de plantilla que les imponga el desplome de la actividad desencadenado por la crisis del coronavirus. Esta opción libera a las empresas de seguir el garantista procedimiento legal asociado a los ERTE, que les obliga a un periodo de consultas con los sindicatos y a una negociación efectiva de sus condiciones, lo que demora hasta en un mes la adopción efectiva del ajuste de plantilla.
En la reunión interna mantenida por todas las organizaciones territoriales y sectoriales de CEOE el pasado martes por la tarde se puso de manifiesto que bajo ese esquema legal muchas empresas que ya están siendo directamente afectadas por la crisis -particularmente en el sector turístico y de transporte- no sobrevivirían a ese proceso. Los sindicatos UGT y CCOO han asumido esa situación y han respaldado la petición al Gobierno de flexibilizar la aplicación de esos ERTE para evitar que se traduzcan en masivas pérdidas de puestos de trabajo.
Hasta la fecha, tanto los mensajes emitidos desde el Ministerio de Trabajo como la propia guía de recomendaciones editada desde el departamento que dirige Yolanda Díaz habían restringido esa opción a los casos en que hubiera medidas específicas adoptadas por las autoridades sanitarias y, de hecho, Trabajo ya había bloqueado el acceso al 'canal de fuerza mayor' de algún ERTE planteado por empresas -caso Fujitsu-, alegando que no se daba la causalidad requerida.
Los mensajes centrales que acompañaron la difusión de la guía editada por Trabajo en relación a la posibilidad de parar la actividad en las empresas por la crisis del coronavirus y la vigilancia estricta que se realizaría para que no se plantearan ERTE fraudulentos aprovechando la crisis no solo escandalizaron a la parte empresarial sino que también generaron un ataque de pánico en Moncloa, que vislumbró un escenario de parón económico generalizado, que ahora se pretende esquivar con las recomendaciones en relación al teletrabajo y las facilidades para realizar ajustes de plantilla
El comunicado conjunto emitido por los agentes sociales al filo de la una de la tarde -media hora después del inicio de la reunión del Consejo de Ministros- insta al Gobierno a flexibilizar el catálogo de situaciones en que una empresa puede argumentar 'causa de fuerza mayor' para plantear una regulación temporal de empleo, de modo que la regulación contemple también a la hora de habilitar ese canal express de ajuste de plantilla no sólo las órdenes expresas de cierre formuladas por las autoridades sanitarias, sino también las estrategias preventivas que se puedan traducir en el cierre de centros de trabajo, la cancelación de actividades, las restricciones a la movilidad de personas o mercancías, los aislamientos para evitar contagios o la carencia de suministros.
Exigen un fondo estatal para sufragar la factura del coronavirus
A efectos prácticos, lo que permite el ERTE por causa de fuerza mayor es que sea la Tesorería General de Seguridad Social la que asuma las cotizaciones de los trabajadores cuya relación laboral quede suspendida de manera total o parcial como consecuencia del ajuste de plantilla en la empresa, lo que supone un ahorro importante para las empresas que pasen por esa situación. En otras palabras, la factura del ajuste la asume la Seguridad Social, en lugar de las empresas...siempre que el Gobierno lo traslade ahora al ordenamiento jurídico, claro.
Los agentes sociales dejan claro también en su comunicado que no quieren que sean las ya castigadas arcas de la Seguridad Social las que carguen con la factura de esta crisis sanitaria y, como ya adelantó La Información, plantean de forma conjunta la constitución de un Fondo de Emergencia dotado con fondos del Estado para sufragar el gasto extra que se derive de esta crisis sanitaria por ésta y por otras medidas de respaldo a las empresas y los trabajadores que se puedan aprobar.
En este sentido, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO coinciden en solicitar al Gobierno, como ya hizo también el pasado miércoles el FMI, un paquete urgente de medidas extraordinarias "para cubrir las posibles situaciones y contingencias derivadas que encuentran una respuesta insuficiente en la actual normativa laboral y de Seguridad Social".
Y ahí proponen, por ejemplo, iniciativas para proteger a los trabajadores fijos discontinuos, atender el cierre de centros escolares y centros de día o las restricciones de movilidad; y para facilitar el teletrabajo, "entendiendo con carácter excepcional la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador", lo que habilitaría a los propios trabajadores para adoptar sin riesgo la decisión de teletrabajar y también protegería a las empresas ante eventuales inspecciones por ese motivo dentro de este periodo excepcional de contención del virus.
Los agentes sociales instan también al Gobierno a negociar todas estas medidas en el ámbito del diálogo social, una solicitud que podría retrasar hasta el próximo martes algunas de las medidas de protección que ya habían perfilado estos días en aras a hacerlo con el visto bueno de empresarios y sindicatos.
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