Los empresarios temen otra subida de las cotizaciones en plena crisis del Covid-19

"La gripe común mató a más personas en España el año pasado que el coronavirus en todo el mundo a estas alturas de su propagación". Con esta reflexión, un empresario con poder en la confederación nacional  CEOE pone en contexto los datos de la epidemia y quita hierro a la alarma social generada en el ámbito puramente sanitario. Eso sí, cuando se habla de economía el análisis cambia: "El impacto en los mercados es innegable y lo cierto es que esta crisis, que está afectando a multitud de sectores,  viene a dar la puntilla a la economía en pleno frenazo del mercado laboral". Por eso, en círculos empresariales advierten de que es "el peor momento" para incrementar la presión de la tributación a las empresas y en particular la que afecta directamente al empleo.

Puede ser la tormenta perfecta. Una economía inmersa en un paulatino proceso de desaceleración y un mercado de trabajo que ya no rinde como en los últimos años de la recuperación; los mercados en pánico por el 'Covid-19' –el Ibex 35 ha firmado su semana más negra desde los primeros compases de la crisis de la década pasada–; y un Gobierno progresista con una agenda económica, fiscal y laboral que dista mucho de los intereses empresariales: subidas de impuestos y creación de nuevas tasas como 'Google', 'Tobin' y otras 'verdes', modificaciones legislativas para dar más poder a los sindicatos en las relaciones laborales...

Y la guinda de la actualización de las bases de cotización. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, soltó la 'bomba' este jueves durante su primera comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados. Su departamento ya tiene preparado un real decreto ley en el que se modifican tanto las bases mínimas, que aunque están condicionadas a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) necesitan una norma posterior, como las máximas y las de los trabajadores autónomos. 

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Fuentes conocedoras del proceso de desarrollo de este real decreto ley revelan que el ministro ha valorado la idea de destopar las bases máximas de cotización (actualmente en 4.070,10 euros), una cuestión que no confirman ni desmienten desde su departamento pero que, de llevarse a cabo, elevaría la cuota a abonar a la Seguridad Social tanto por parte del empresario como por parte del trabajador y aumentaría sensiblemente la diferencia con la pensión máxima, topada en 2.683,34 euros mensuales.  En cualquier caso, la medida permitiría paliar el desmesurado déficit de la Seguridad Social, equivalente al 1,5% del PIB. 

Lo que sí adelantan estas fuentes es que el nuevo cuadro de cotizaciones incluirá sí o sí un incremento de la base máxima para que los trabajadores con mejores sueldos (y sus empleadores) paguen más a la Seguridad Social. La subida se produciría después de la que ya afrontaron las empresas en 2019, cuando el anterior Gobierno de Pedro Sánchez elevó las bases máximas un 7%, proporción que la CEOE cifró en un sobrecoste de 1.500 millones de euros en el apartado de personal. 

En paralelo, los empresarios tuvieron que hacer frente a un incremento de las bases mínimas del 22,3% (la misma proporción en la que subió el SMI) al que este año se suma otro 5,5%. Las organizaciones empresariales calculan que las empresas pagarán 1.000 euros más al año por trabajador con el nuevo salario mínimo de 950 euros y recuerdan que en la comparación con 2018 el incremento de costes para autónomos y empresas por cada trabajador a cargo es de casi 4.000 euros anuales, concretamente de 3.980 euros.

En la patronal española consideran que "en el actual contexto de pérdida de dinamismo de la actividad económica causan inquietud las medidas anunciadas, tendentes a incrementar la presión de la tributación empresarial y muy en particular la que afecta directamente al empleo". A los empresarios no les pasa desapercibido que el Gobierno va a tener un grave problema este año para cuadrar las cuentas, pues los analistas coinciden en que las medidas fiscales pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos se quedarán muy lejos de la recaudación esperada, más en un momento incierto en el que el impacto del coronavirus amenaza con traer una oleada de rebajas de previsiones.

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"Vuelven a cargar el incremento del gasto social a los empresarios", se quejan. Y recuerdan que los ingresos por cotizaciones sociales de  trabajadores, empresas y autónomos suponen más de un tercio de la recaudación tributaria de las Administraciones Públicas. A su juicio, es injusto que el Gobierno costee su programa electoral con más impuestos a las empresas, que son en definitiva las que crean empleo. Precisamente, en un momento en el que el mercado de trabajo se frena hasta el punto de que el propio Ejecutivo admite en su nuevo cuadro macro que este año se crearán 150.000 empleos menos que en 2019.

Los empresarios no quitan ojo de las estadísticas y miran con preocupación la evolución reciente del mercado laboral. El pasado mes de enero dejó malos datos, con un incremento en la afiliación a la Seguridad Social más débil que en otras ocasiones, al igual que la reducción en la tasa de paro, y los empleadores empiezan a advertir de que parece que esta será la tendencia en los próximos meses. Empezando por este febrero que acaba hoy. El martes día 3 de marzo el Gobierno dará a conocer los datos y el augurio no es nada optimista: se espera que suba el desempleo con el final de las rebajas y un incremento de los cotizantes más moderado que en años anteriores por estas mismas fechas.