Empresarios venezolanos rechazan y denunciarán nueva ley socialista precios

Caracas, 21 nov.- La patronal venezolana Fedecámaras reiteró hoy su rechazo a la llamada Ley de Costos y Precios Justos que empezará a aplicarse mañana, martes, e indicó que presentará una denuncia ante los tribunales en demanda de su nulidad en fecha aún no fijada.

"Nunca se había planteado un esquema generalizado de control (estatal) de precios con sus márgenes de ganancias, un control completamente masivo para todos los actores económicos, formales o informales, grandes o pequeños", declaró a los periodistas el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti.

La ley de Precios, que fue sancionada a mediados de julio pero entrará en vigor de forma efectiva a partir de mañana, contempla un sistema de administración de precios de venta al público y márgenes de ganancia, así como una superintendencia que perseguirá y sancionará a los "especuladores".

El pasado 27 de octubre el presidente Hugo Chávez tildó esta ley de "vital" para el socialismo, al señalar que había que "terminar de quebrar todas esas redes que todavía tiene la burguesía" y que son "vicios del capitalismo".

Botti indicó que el directorio del gremio patronal ya autorizó a "ejercer acciones legales" para intentar anular la norma "por inconstitucional".

Pero más importante que ello, dijo, es que la población sepa del peligro de un desabastecimiento de productos de consumo masivo.

"Es fundamental", además, prosiguió, "que la sociedad entienda que lejos de favorecer la posibilidad de que el consumidor recupere su poder en la relación económica, lo que va a hacer (esta ley) es alejarlo" de tal privilegio.

Botti alertó del impacto en la generación de "empleos, en poder mantener empresas estables" y en la imposibilidad de generar "un mayor abastecimiento" de productos desde que a inicios de año se anunció que la ley estaba siendo redactada.

Por su parte, Karlin Granadillo, titular de la llamada Superintendencia de Costos y Precios, dijo hoy a la emisora Unión Radio que su despacho garantiza a los empresarios "que cubrirán sus costos y que el margen de ganancias (será suficiente) para sostener sus empresas".

"En una primera etapa" la ley se aplicará, añadió, a "alimentos regulados, artículos de higiene y de la construcción, repuestos para vehículos, medicamentos y servicio de salud", y desde 2012 a los productos de otras áreas.

Con ese fin, explicó, se abrirá un registro electrónico con el objetivo de que los empresarios informen de "la estructura de costos y de los precios que cubran esos costos", para que la Superintendencia determine los precios máximos de venta al público de los productos.

"Por ahora" agregó Granadillo, las denuncias sobre la violación a la ley serán canalizadas por la oficina estatal de defensa del consumidor, hasta que la Superintendencia opere a plenitud.

En su exposición de motivos la ley subraya: "Los abusos flagrantes del poder monopólico (...) han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia, que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo".