La Vicepresidencia tercera de Asuntos Económicos está trabajando con el Banco de España, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el sector financiero y distintas organizaciones empresariales en la ampliación del escudo de protección desplegado para mitigar los efectos de la pandemia sobre el tejido productivo. Fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño adelantan a La Información que en estos contactos se está analizando la situación en la que se encuentran las empresas y estudiando la puesta en marcha de medidas adicionales que permitan garantizar la solvencia ante el riesgo de que se produzca una avalancha de quiebras en los próximos meses.
La propia vicepresidenta admitió este viernes en una comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la actuación del Gobierno en materia de fondos europeos la necesidad de "seguir adoptando medidas en las próximas semanas para evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia para las empresas viables". En este sentido, Calviño apostó por actuar "de forma decisiva" sobre el tejido productivo, sobre todo en los sectores "más golpeados", focalizando los esfuerzos hacia esas empresas más afectadas por la crisis, y avanzó la necesidad de asegurar "mecanismos ágiles de reestructuración empresarial". Todo ello, advirtió, para evitar un "impacto estructural" de la pandemia sobre la economía española.
La responsable de Asuntos Económicos abría así la puerta a la aprobación de un nuevo paquete de ayudas en las próximas semanas. Fuentes gubernamentales confirman que esa es la intención del Ejecutivo, ante la previsión de que al menos quedan seis meses por delante de "economía pandémica" y, en términos de coyuntura empresarial, el próximo trimestre será definitivo para "evitar el golpe mortal a algunas empresas". En el Gobierno asumen que el escudo social y económico desplegado hasta ahora es insuficiente, porque medidas como las moratorias o los créditos ICO han sido eficaces a la hora de evitar la materialización de los riesgos de liquidez, pero han elevando el endeudamiento empresarial a niveles difícilmente asumibles y muchas compañías acusan ya serios problemas de solvencia.
El Banco de España, con quien se está examinando la situación, augura un repunte significativo de las quiebras una vez expire la moratoria concursal. En un reciente informe en el que hizo balance de las cicatrices que la crisis sanitaria puede dejar en el tejido productivo doméstico estima que el desplome de la rentabilidad de los negocios como consecuencia de los cierres forzados y la caída repentina de la demanda, así como el endeudamiento para hacer frente a esta situación, ha conducido al 40% de las empresas a una realidad de presión financiera elevada. El supervisor matiza que la mitad de ellas acumuló en el pasado un colchón suficiente para sortear el golpe, pero en un tejido empresarial dominado por las pymes y los autónomos, hay entre un 15% y un 20% de las empresas que están condenadas a la quiebra.
Ayudas directas
Estas son las previsiones que se han puesto sobre la mesa en la que se estudian las nuevas ayudas. En esta ocasión, con presión extra para el Gobierno, porque el supervisor viene avisando que la política económica debe virar hacia una estrategia de ayudas directas a las empresas, poniendo el énfasis en las capitalizaciones o subvenciones. En un informe reciente, el BdE analiza la posición española en el entorno europeo y concluye que mientras países como Alemania, Francia o Italia han optado por transferencias directas para apuntalar las empresas y aliviar la carga fiscal a pymes y sectores muy afectados por la crisis, España se ha quedado sola al limitar las ayudas a aplazamientos en el pago de suministros, alquileres e hipotecas, así como moratorias para impuestos y deudas tributarias.
El Gobierno ha intentado ganar tiempo con medidas como la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), del cese de actividad para los trabajadores autónomos, de la moratoria concursal o de los vencimientos de los avales públicos, pero se ha resistido a dar el paso que le vienen reclamando las principales organizaciones patronales y asociaciones de autónomos, que es la aprobación de ayudas directas para evitar una destrucción masiva de tejido productivo. Sectores como el turismo, que se hundieron el año pasado y en este ejercicio ya no dan solo por perdida la campaña de Semana Santa, sino también el verano, piden aprobar esta inyección con carácter urgente y facilitar una mayor flexibilidad para ejecutar reestructuraciones.
Pero el Gobierno, en particular el área económica, mantiene un intenso debate interno sobre la conveniencia de estas ayudas directas. Ya sucedió, cuando se aprobó el bautizado como Plan Horeca, de ayudas a la hostelería, el comercio y el turismo, que se retrasó durante semanas por el temor existente entre algunos miembros del Gobierno a otorgar subvenciones a fondo perdido a empresas inviables. Los sectores afectados criticaron la ausencia de ayudas directas y consideraron que el plan era insuficiente. Algunas voces dentro del Ejecutivo se cuestionan ahora si ese rescate se quedó corto y conviene, ante la tercera ola de contagios y la previsión de un semestre todavía complicado para la economía, dar ese paso.
De hecho, en el seno del Consejo Asesor de Asuntos Económicos, el órgano consultivo compuesto por expertos españoles de reconocido prestigio en distintas disciplinas económicas para asesorar al Gobierno en materia de política económica con el foco en la mejora de la productividad y el apoyo a la empresa, empieza a calar el planteamiento de que resulta necesario poner en marcha esas ayudas directas ante los graves problemas de insolvencia que ya se están dando en el tejido empresarial. Según ha podido saber La Información, precisamente, está previsto que este 'grupo de sabios' se reúna esta próxima semana para evaluar la situación y poner sobre la mesa sus ideas de cara al nuevo paquete de ayudas.
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