Aportaciones al Tesoro

De Telefónica a Pfizer: más de 60 firmas deben 150 millones de 'prejubilaciones'

Bankia, Indra, Orange o Astrazeneca aparecen en un listado adicional de otras 22 empresas que están en proceso de reclamación por despidos colectivos que incluyeron a trabajadores mayores de 50 años.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo
De Telefónica a Pfizer: más de 60 firmas deben 150 millones por 'prejubilaciones'
EFE

Las empresas con beneficios y plantillas superiores a los 100 trabajadores que incluyan en sus despidos colectivos a empleados mayores de 50 años de edad tienen la obligación, desde el año 2011, de efectuar una aportación económica al Tesoro Público en compensación por el coste extra en prestaciones y subsidios por desempleo que asume el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). El procedimiento administrativo para la reclamación de los importes a las compañías comenzó en 2013 y, desde entonces, el departamento dependiente del Ministerio de Trabajo ha exigido a más de 60 empresas una factura millonaria de la que en estos momentos las compañías todavía adeudan alrededor de 150 millones de euros.

Son datos extraídos del último Informe Anual del Sepe, relativo a 2019, donde consta que hasta el año pasado se han reclamado a un total de 61 empresas las aportaciones económicas correspondientes a las prestaciones abonadas a 19.404 trabajadores, por valor de 560 millones de euros, de los cuales se han ingresado solo 410 millones. En el listado aparecen desde la compañía por la que se bautizó esta penalización a las mal llamadas 'prejubilaciones' (se le puso el nombre de 'enmienda Telefónica' porque se implantó como reacción al ERE de 6.830 trabajadores que esta empresa anunció en 2011 tras reportar importantes beneficios a los mercados) hasta firmas en boga por la crisis sanitaria como la farmacéutica Pfizer

En un momento convulso, en el que sectores como el bancario -entre fusiones y no fusiones- están poniendo en marcha una oleada de expedientes de regulación de empleo, y cuando el Gobierno apuesta decididamente por penalizar las jubilaciones anticipadas, llama la atención que ya el año pasado las empresas a las que el Sepe reclamaba dinero por incluir en sus despidos colectivos a mayores de 50 años experimentaron un importante repunte, al igual que los trabajadores afectados, respecto al ejercicio anterior. En concreto, el listado ha engordado desde las 47 empresas de 2018 a las 61 compañías de 2019; y los importes exigidos han pasado de 391 millones de euros correspondientes a las prestaciones abonadas a 11.377 trabajadores hasta 560 millones por 19.404 empleados.

Entre las nuevas incorporaciones, destacan Iberia, Vodafone o el holding público Tragsa y su filial Tragsatec, que tan útil ha sido al Gobierno para paliar la escasez de personal en la Administración durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, el Sepe no desglosa las cantidades reclamadas y efectivamente abonadas al Tesoro por cada compañía. De hecho, el pasado mes de abril, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pidió al departamento que dirige Yolanda Díaz que detalle cuánto ha pagado hasta ahora cada una de las grandes empresas que, desde el año 2011, han ejecutado despidos colectivos con afectación a mayores de 50 años. La Dirección General del Sepe había rechazado facilitar esta información en diciembre de 2019. Este medio ha consultado a Trabajo sobre el estado de la cuestión y no ha obtenido respuesta al respecto al cierre de esta edición.

En el nuevo listado también aparece Banco Santander, que hasta ahora no figuraba porque se encontraba en proceso de reclamación. De hecho, este fue uno de los motivos que esgrimió el Sepe para no revelar la información sobre las cantidades aportadas por la entidad que preside Ana Botín por los despidos colectivos ejecutados en los años 2013, 2016, 2017 y 2019, en los que perdieron su empleo 5.869 trabajadores, muchos de ellos mayores de 50 años. El Sepe alegó, también en el mes de diciembre de 2019, que como el procedimiento de reclamación de aportaciones todavía estaba en curso no se había elaborado la información. Pero, de nuevo, en esta segunda resolución, Transparencia instó a Trabajo a remitir la información por encontrarse ésta en posesión del organismo público. Se desconoce la respuesta del Ministerio.

En cualquier caso, el Sepe ha incluido una novedad relevante en el Informe Anual de 2019. En el documento aparece un nuevo listado en el que se recogen las empresas a las que todavía no se han pedido cantidades exactas porque se encuentran en diferentes fases del proceso de reclamación: análisis de certificación y determinación si están afectadas o no por la norma, cálculo de la aportación económica, resolución remitida en fase de alegaciones... Y aquí figuran 22 compañías por los sucesivos despidos colectivos que han ido efectuando en los últimos años, entre las que destacan Bankia, Indra, Orange, Peugeot o Seat, además del Grupo AstraZeneca, que ahora participa en la carrera por la vacuna contra la Covid-19 junto con la Universidad de Oxford.

De este modo, la factura total de los importes reclamados por el Sepe supera de largo los 560 millones de euros que alcanzaba a cierre de 2019, habida cuenta de que todavía faltan por sumar las cantidades definitivas exigidas a al menos esa veintena de empresas que se encuentran inmersas en procesos de reclamación por estar en desacuerdo con las liquidaciones presentadas por la Administración. Hay que matizar, además, que el 67% (276 millones de euros) de las cantidades ingresadas desde el inicio del procedimiento administrativo hasta el año pasado corresponden a Telefónica por el despido colectivo iniciado en 2011, y que en 2019 se reclamaron aportaciones económicas a la compañía por valor de 29 millones de euros que quedaron pendientes de ingreso a final de año, según indica el Sepe.

Además de Telefónica o Santander, en el listado de empresas a las que ya se ha reclamado el dinero correspondiente a las prestaciones abonadas a más de 19.400 trabajadores en total, aparecen otros gigantes del Ibex 35 como CaixaBank o Iberia (IAG) y un puñado de potentes compañías que operan en España como Duro Felguera o las farmacéuticas Johnson & Johnson o Pfizer, cuya vacuna con BioNTech ya ha empezado a aplicarse en Reino Unido. La penalización que impuso esta norma en 2011 ha sido cuestionada porque no ha logrado contener la expulsión de los trabajadores de mayor edad del mercado laboral. Ayer mismo la ministra Díaz manifestaba en su cuenta de Twitter que "las grandes empresas con beneficios no deben valerse de los recursos públicos del sistema de protección a las personas desempleadas para reducir plantillas" y zanjaba: "Esos ajustes no pueden realizarse con cargo al sistema y seguiremos trabajando en ese compromiso".

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