Alrededor de 180.000 trabajadores del total de afectados por un expediente de regulación temporal de empleo en estos momentos pueden acabar en el paro sin que la empresa sufra ningún tipo de penalización por esos despidos. Esto es así porque se trata de compañías acogidas a modalidades de ERTE por las que no están disfrutando de descuentos en las cotizaciones sociales, de modo que no están sujetas a la cláusula de mantenimiento del empleo que obliga a conservar las plantillas durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad.
Así se lo trasladó el Gobierno a los agentes sociales durante la primera reunión de la comisión tripartita de seguimiento de los ERTE, que acaba de empezar a negociar una nueva prórroga del esquema de protección hasta el 30 de septiembre. Fuentes conocedoras de los temas que se abordaron en el encuentro revelan a La Información que una de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa es que unos 180.000 trabajadores se encuentran en ERTE en empresas que no están acogidas a exoneraciones de cotizaciones sociales, de modo que pueden acabar fácilmente en el desempleo porque estas compañías pueden despedirles sin pagar ningún tipo de penalización.
Hay que recordar que, con la aprobación del Real Decreto-ley 30/2020, la denominada 'cláusula de salvaguarda del empleo' sufrió una importante modificación, en el sentido de que se restringió el compromiso de mantenimiento de la plantilla a las empresas que recibieran exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social (las compañías que despiden están obligadas a devolver los importes que les fueron descontados). Y en estos momentos solo las empresas acogidas a los ERTE de determinados sectores ultraprotegidos y sus cadenas de valor, o a los de impedimento o limitación de la actividad tienen exenciones, de modo que el resto, que se mantienen en las claves anteriores, están exentas de esa obligación.
En la mesa de diálogo social se habla de ERTE de "primera generación" (los del Real Decreto-ley 8/2020) y de ERTE de "segunda generación", que son los que entraron en vigor a partir de octubre de 2020, donde se vincularon las exoneraciones a determinados CNAE -así se denomina a los códigos que delimitan las actividades económicas- especialmente afectados por la crisis económica provocada por la pandemia. Pues bien, son esos ERTE de primera generación, que se mantuvieron vigentes en base al modelo anterior, los que acogen a trabajadores que no están blindados ante el despido, porque las empresas están abonando a la Seguridad Social el 100% de las cotizaciones y, por tanto, no están sujetas a la cláusula de salvaguarda.
Hay que aclarar, en cualquier caso, que la mayoría de los trabajadores que están afectados por expedientes de regulación temporal de empleo se encuentran bajo el paraguas de los ERTE de nueva generación. Aquí se concentran todavía unos 400.000 empleos suspendidos en actividades esencialmente relacionadas con el turismo, como son la hostelería, el comercio, el ocio, los transportes, los alojamientos... y estos están blindados ante el despido por la cláusula de salvaguarda. Mientras, los otros 180.000 se distribuyen sectorialmente de manera mucho más diversificada, en talleres y fábricas de vehículos, en la industria textil, en la manufacturera...
También resulta necesario matizar que ambos colectivos, los afectados por los ERTE 'viejos' y los de los 'nuevos', se han ido reduciendo en paralelo, prácticamente al mismo ritmo, desde que se produjo la división entre los distintos modelos de expedientes a finales de septiembre de 2020. De modo que no se puede afirmar que los afectados por ERTE de primera generación se hayan estancado en un limbo laboral más peligroso que el que pudiera afectar a los trabajadores que se encuentran protegidos por los ERTE de segunda generación; si bien es cierto que, a la hora de despedir, para una empresa es más viable deshacerse de los primeros, por los que no tendría que pagar una penalización, que de los segundos, ya que en ese caso tendría que devolver todas las exoneraciones de cotizaciones sociales disfrutadas.
De modo que el riesgo de despido no afecta a todo el colectivo por igual, por el impacto que tiene en los costes para las empresas en cada caso, pero sí el peligro de caer en un limbo laboral. En su Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal constata, en base a un análisis de los microdatos sobre flujos de la Encuesta de Población Activa, que la probabilidad de mantenerse en un ERTE durante dos trimestres consecutivos resulta cada vez mayor. En concreto, ha pasado de un 20% en 2020 a un 60% a principios de 2021. Y en paralelo, la probabilidad de que los afectados por ERTE se reincorporen a su trabajo se ha desplomado desde el 70% hasta el 30% con el paso de las semanas.
Para evitar que los trabajadores en ERTE se cronifiquen en esa situación, el Gobierno va a desplegar un importante paquete de medidas en el marco del Plan de Recuperación. Para empezar, dispondrá de 120 millones de euros para invertir en la formación de estos activos y que puedan recolocarse en el mercado laboral. Y además, desplegará un nuevo mecanismo de flexibilidad interna para las empresas que incorporará, por un lado, una modalidad de estabilización ante caídas transitorias de la actividad, con el foco en la formación de los trabajadores, y por otro, otra herramienta de apoyo a la recualificación de empleados en sectores y empresas en transición, para hacer frente a ajustes permanentes de plantillas.
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