Un informe elaborado en 2017 por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) concluyó que el 97% de la financiación ajena que obtenían las empresas españolas procedía de créditos concedidos por la banca. Esta dependencia de la financiación bancaria es un problema para el tejido productivo y así lo considera también el Gobierno que en su informe 'España 2050' ha señalado "el insuficiente desarrollo de fuentes de financiación alternativas a la bancaria" como una de las deficiencias a corregir para mejorar la calidad del sistema productivo doméstico. El problema está diagnosticado desde hace tiempo y desde el mundo de la empresa se considera que se debe resolver lo antes posible y que la solución está en manos del Gobierno.
Las principales organizaciones representativas del mundo de la empresa han aprovechado el proceso de consulta pública de la Ley de Impulso de Creación de Empresas y Crecimiento Empresarial abierto por el Ministerio de Asuntos Económicos para instar al departamento que dirige Nadia Calviño a actuar sobre el problema, habilitando un marco fiscal y regulatorio que propicie la inversión directa de particulares y fondos privados en las empresas y también regulando un papel más activo del sector público en el apoyo financiero a los proyectos empresariales en crecimiento.
Tanto CEOE como la Cámara de España y el Consejo General de Economistas entienden que uno de los caminos más rectos para romper esa dependencia de la financiación bancaria es el fortalecimiento del mercado de capitales para pymes, el BME Growth - antiguo MAB -, así como hacer lo propio con el MARF, el mercado alternativo de emisiones de renta fija. ¿Cómo? Según el escrito de aportaciones de la Cámara de España, al que ha tenido acceso La Información, la estrategia debe pasar por "movilizar la financiación pública como coinversora para aumentar la confianza del resto de inversores"; y también por "incentivar fiscalmente a los inversores en dichos mercados".
Esos incentivos, según se ha planteado al Ministerio desde la CEOE, deberían alcanzar a los inversores en estos mercados, para incentivar la captación de capital privado hacia un mercado todavía no demasiado conocido y que despierta cierta desconfianza, pero también a las empresas que se deciden a dar el salto al parqué por esta vía. La organización que preside Antonio Garamendi señala que también ayudaría flexibilizar los requisitos de acceso al BME Growth y mejorar la información que se proporciona a los inversores para transmitir más confianza a los mismos.
El objetivo compartido de las medidas planteadas desde el ámbito empresarial es contribuir a romper el miedo que los inversores particulares puedan tener a invertir en pequeños proyectos empresariales. En ese reto, la Cámara de España cree que el sector público puede tener un papel mucho más activo mejorando la gestión de los fondos públicos procedentes de Europa para la financiación de las pymes, que en España se aprovechan mucho menos que en otros países; orientando instrumentos públicos como la Compañía Española de Reafianzamiento o los fondos ICO hacia las empresas de menor tamaño; y lanzando instrumentos que permitan a inversores y entidades financieras compartir sus riesgos con el sector público a la hora de financiar a pequeños proyectos empresariales.
El problema del tamaño
La escasez de canales de financiación más allá del tradicional crédito bancario no es el único problema que tienen las empresas para crecer. El diagnóstico del mundo empresarial apunta también a una montaña de obstáculos regulatorios de naturaleza fiscal, laboral, administrativa y contable que dificultan el crecimiento de las empresas...cuando no lo inhiben directamente por los costes económicos o de gestión que les supone perder su condición de microempresa o pyme.
El mundo empresarial incluso ha bautizado el fenómeno como el 'síndrome del empleado 50' por las consecuencias de todo tipo que tiene alcanzar ese volumen de plantilla, que implica la transición desde la consideración de pequeña a la de mediana empresa. El empleado 50 abre la posibilidad de constituir un Comité de Empresa y expulsa a la empresa que lo contrata de una serie de líneas de financiación en condiciones especialmente ventajosas reservadas en exclusiva para las pequeñas empresas, entre otras cosas. La mecánica incluso se ha trasladado a los ERTE de la crisis, que garantizan un porcentaje mayor de exoneración a la hora de pagar las cotizaciones sociales de los trabajadores a las empresas con menos de 50 empleados que a las que superan esa frontera.
Algo similar ocurre cuando una empresa supera los seis millones de euros de facturación, umbral en el que se pierde la condición fiscal de pyme y por tanto las declaraciones ya hay que hacerlas mensualmente y no trimestralmente y los pagos fraccionados se calculan sobre la base imponible y no sobre la cuota del año anterior, por citar dos ejemplos.
La operativa de esos umbrales genera distorsiones. La Cámara de España ha detectado, por ejemplo, que el número de empresas de nueve trabajadores - límite máximo para ser considerada una 'microempresa', es un 10% superior a la normal, mientras que hay un 16% menos de empresas con 10 trabajadores de las que sería lógico. El escalón es también muy apreciable en el umbral de los 50 trabajadores, donde hay un 13,5% menos de empresas de lo normal. Según la propuesta elevada por la Cámara de España al Ministerio de Asuntos Económicos, la solución pasa por revisar la normativa para derogar los umbrales fiscales, administrativos, contables, mercantiles y laborales vigentes "que actúan como freno potencial para el incremento de la facturación o el aumento de las plantillas".
El Consejo General de Economistas aboga directamente por adaptar los umbrales que la Comisión Europea definición en su Recomendación de 6 de mayo de 2003, que agrupa las categorías de microempresa, pequeña y mediana empresa (PYME) dentro de las que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios